Puerto Rico padece el infortunio de ser el paraíso fiscal de EEUU

PARÍS.- Puerto Rico está asfixiado por una colosal deuda y ahora espera que lo salve el Congreso de Estados Unidos, que indirectamente contribuyó a su crisis al transformar a ese archipiélago caribeño en un paraíso fiscal.

El territorio, incorporado a Estados Unidos en 1898, se debate hoy entre una deuda de 72.000 millones de dólares y una recesión, tras haber agotado un modelo económico basado en una cascada de ventajas fiscales.

Vigente entre 1976 y 2006, esa política ofrecía a las empresas estadounidenses instaladas en Puerto Rico no pagar ni un centavo al fisco estadounidense por las ganancias obtenidas en la isla.

Gigantes de la informática como Microsoft, o del sector farmacéutico, como Pfizer o Johnson & Johnson, se lanzaron hacia allí para escapar de unos impuestos a las sociedades estadounidenses del 35%, que son los más elevados entre los países industrializados.

"Eso funcionó como una especie de burbuja que explotó cuando el mecanismo terminó en 2006", explicó Scott Greenberg, de la organización Tax Foundation.

Poco a poco, las empresas empezaron a recortar sus presupuestos y comenzó a gestarse una recesión que no ha terminado y que es la contracara del pasado dinamismo boricua que lo llevó a tener un crecimiento económico del 9,8% en 2001.

"No se creó un modelo de crecimiento viable porque las empresas estaban allí solamente por las ventajas fiscales, sino también porque las autoridades de Puerto Rico no supieron aprovechar para desarrollar su economía", añadió Greenberg.

El gobierno de Puerto Rico (Estado libre asociado a EEUU), que dispuso de 10 años para prepararse para el fin de esos mecanismos, "no tuvo ninguna política industrial ni lanzó ningún proyecto", dijo Argeo Quiñones Perez, profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico.

Ese modelo de incentivos fiscales, vigente desde mediados de siglo XX en el archipiélago, no incluía ninguna contrapartida a las empresas beneficiadas.

"Debimos haber obtenido más imponiendo exigencias en términos de generación de empleo o inversiones directas", asegura Quiñones Perez.

Otra ventaja fiscal contribuyó al desastre de Puerto Rico, que el lunes cayó en un nuevo cese de pagos y seguramente incurrirá en otro mayor en julio.

Por la ley de 1917, que otorgó a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense -aunque sin derecho a votar en las elecciones presidenciales- los tenedores de deuda de Puerto Rico están exonerados de impuestos por los intereses que cobran.

Eso provocó la masiva llegada de fondos estadounidenses de pensión que siguieron prestándole dinero a Puerto Rico aun cuando sus finanzas estaban extremadamente debilitadas.

"Si esas obligaciones no estuvieran subvencionadas por el código impositivo estadounidense, los inversores habrían parado de comprar deuda por cuanto sus preocupaciones sobre la situación presupuestaria de Puerto Rico hubieran sido mayores que las ganancias esperadas", estimó Greenberg.

Financieramente desangradas, las autoridades de la isla advirtieron recientemente que sus arcas están vacías y que no podrán honrar los créditos recibidos. Ahora esperan que el Congreso de Estados Unidos le otorgue la posibilidad legal de reestructurar su colosal deuda.

Pese a la crisis y bajada de ingresos, Puerto Rico sigue ofreciendo ventajas fiscales pero ahora busca a inversores muy ricos.

Una ley de la isla vigente desde 2012, establece que todo estadounidense que se convierta en residente fiscal de Puerto Rico no pagará impuestos a las ganancias. Además, las tasa de imposición a algunas empresas de servicios financieros fue reducida al 4%.

Al defender ese mecanismo, que atrajo a administradores de fondos de inversión como el multimillonario John Paulson, el gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla dijo que quiere "compartir la riqueza y no la pobreza".

"Esa gente trae riqueza a Puerto Rico. Eso es bueno para todos aquí", decía en 2014.

Esa estrategia basada en incentivos fiscales está agotada y priva a la isla de cruciales recursos en tiempos de crisis, sostiene Quiñones Perez.

"El costo de mantener ese modelo se ha hecho muy pero muy elevado", añadió.