SAN JUAN.- El gobernador Alejandro García Padilla, quien viajó ayer a Estados
Unidos, hoy se reunió con acreedores de Puerto Rico para plantear la
necesidad de una reestructuración de la deuda pública de 70.000 millones
de dólares.
El mandatario explicó que Puerto Rico necesita una restructuración
sostenible a largo plazo de su deuda pública que, a la vez, provea un
nivel sustentable de crecimiento económico.
"No podemos continuar con medidas de refinanciamiento como proponen algunos acreedores y políticos", dijo García Padilla, quien en la víspera recibió en San Juan al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob J. Lew, en una visita cargada de enigmas para la generalidad del país.
El mandatario subrayó que Puerto Rico no puede volver a colocarse en un futuro cercano en la actual posición en que se encuentra, al borde de la bancarrota, por lo que "los acuerdos que se alcancen tienen que ser finales, sustentables y duraderos".
García Padilla insistió en que este es el momento de actuar para frenar la debacle que amenaza a Puerto Rico, a la vez que agradeció su respaldo al arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, para que se concretara la reunión entre el gobierno y los acreedores.
"Continuar esperando podría resultar en consecuencias económicas y sociales aún peores para el país; la emigración continuaría y la recesión podría agravarse, provocando que incluso los mismos acreedores recuperen un porcentaje mucho menor al proyectado", advirtió.
El gobernante expresó que en el transcurso de las negociaciones con los acreedores se continuará priorizando la prestación de servicios esenciales a los puertorriqueños.
"Puerto Rico ha estado en la mesa de negociación ininterrumpidamente con sus acreedores y reuniones como esta demuestran la buena fe de nuestra administración en este proceso", dijo sobre el encuentro en Nueva York antes de proseguir viaje a Washington, donde proyecta sostener encuentros con congresistas federales y funcionarios de la Casa Blanca.
Anunció que continuará enfocado sus esfuerzos en la continuación de estas negociaciones de la deuda pública, que el 1 de mayo provocó un impago parcial de 422 millones de dólares.
Se anticipa que para el próximo 1 de julio el gobierno de Puerto Rico incurrirá en un nuevo default, esta vez ascendente a 1.900 millones de dólares.
"No podemos continuar con medidas de refinanciamiento como proponen algunos acreedores y políticos", dijo García Padilla, quien en la víspera recibió en San Juan al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob J. Lew, en una visita cargada de enigmas para la generalidad del país.
El mandatario subrayó que Puerto Rico no puede volver a colocarse en un futuro cercano en la actual posición en que se encuentra, al borde de la bancarrota, por lo que "los acuerdos que se alcancen tienen que ser finales, sustentables y duraderos".
García Padilla insistió en que este es el momento de actuar para frenar la debacle que amenaza a Puerto Rico, a la vez que agradeció su respaldo al arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, para que se concretara la reunión entre el gobierno y los acreedores.
"Continuar esperando podría resultar en consecuencias económicas y sociales aún peores para el país; la emigración continuaría y la recesión podría agravarse, provocando que incluso los mismos acreedores recuperen un porcentaje mucho menor al proyectado", advirtió.
El gobernante expresó que en el transcurso de las negociaciones con los acreedores se continuará priorizando la prestación de servicios esenciales a los puertorriqueños.
"Puerto Rico ha estado en la mesa de negociación ininterrumpidamente con sus acreedores y reuniones como esta demuestran la buena fe de nuestra administración en este proceso", dijo sobre el encuentro en Nueva York antes de proseguir viaje a Washington, donde proyecta sostener encuentros con congresistas federales y funcionarios de la Casa Blanca.
Anunció que continuará enfocado sus esfuerzos en la continuación de estas negociaciones de la deuda pública, que el 1 de mayo provocó un impago parcial de 422 millones de dólares.
Se anticipa que para el próximo 1 de julio el gobierno de Puerto Rico incurrirá en un nuevo default, esta vez ascendente a 1.900 millones de dólares.
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