Puerto Rico pone en marcha dispensarios de cannabis medicinal

SAN JUAN.- El gobernante puertorriqueño saliente Alejandro García Padilla vio concretada este fin de semana una medida suya de hace año y medio con la apertura de dos dispensarios privados en Puerto Rico de cannabis medicinal.

'Me siento orgulloso de decir que este novel programa, el cual conllevó mucha valentía, tras ser objeto de estigmas sociales y de oposición, brindará una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos', dijo el mandatario, que en julio de 2015 emitió un decreto para autorizar al Ministerio de Salud a reclasificar el cannabis para el uso de determinados pacientes certificados.

Con la apertura de ambos dispensarios, Puerto Rico se suma en tiempo récord a otros países de América Latina que han adoptado reformas sobre cannabis medicinal y su discriminación, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Además, se une a más de 25 estados de Estados Unidos que se han abierto de alguna manera a permitir el acceso al cannabis con fines terapéuticos.

'Hoy aseguramos un nuevo remedio medicinal para miles de pacientes en Puerto Rico, cumpliendo así con nuestro fin de aportar al desarrollo de un sistema de salud accesible para todos los puertorriqueños, más allá de la medicina tradicional', señaló García Padilla, quien entrega el cargo mañana lunes, 2 de enero.

Puerto Rico ha sido uno de los escasos lugares donde se ha logrado la dispensación en menos de un año desde la aprobación de las fuentes que autorizan el cannabis como remedio medicinal, además de tomar menos de dos años desarrollar una industria en sus diversas facetas.

Al momento, 23 compañías han obtenido sus respectivas licencias y cientos de empleos directos e indirectos han sido creados para atender esta nueva industria.

Del mismo modo, 1.953 pacientes se han registrado con el Ministerio de Salud para beneficiarse del uso legal del cannabis con el propósito de atender determinadas dolencias, que van desde el cáncer, el asma hasta la fibromialgia.

'Dejamos como legado una nueva industria en Puerto Rico, un programa establecido, apenas echando las primeras raíces y recogiendo hoy los primeros frutos', afirmó García Padilla.

El gobernante puertorriqueño aseguró que proyectos como este, que traerá beneficios a la salud del pueblo, insertará empleos, aumentará los recaudos de impuestos y reducirá las incidencias criminales, constituyen la mejor forma de echar adelante el país.

El año 2016 marcó el fin de la farsa de EE.UU. con la soberanía de Puerto Rico

SAN JUAN.- El año 2016 marcó el fin de la farsa internacional que por 64 años mantuvo Estados Unidos de que Puerto Rico había alcanzado su soberanía con el Estado Libre Asociado (ELA) y su quiebra fiscal.

Con una deuda pública que ronda los 69.000 millones de dólares, Puerto Rico está imposibilitado de asumir sus responsabilidades con los acreedores, por lo que Estados Unidos decidió, a mediados de este año que termina, imponer al gobierno del ELA una junta de control fiscal mediante la legislación Promesa, aprobada por el Congreso en coordinación con la Casa Blanca.

Casi de forma simultánea, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló que el ELA carecía de poderes soberanos para procesar judicialmente a un ciudadano previamente encausado en el tribunal federal en San Juan.

Además, Washington le negó a la administración del gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla acogerse a la ley de bancarrota, ante la imposibilidad de cumplir con los acreedores, debido a la insuficiencia fiscal y el estancamiento económico de una década.

García Padilla debió enfrentar, a la vez, la resistencia de la Asamblea Legislativa dominada por su propio Partido Popular Democrático (PPD), que desde 1952 enarboló el ELA como su carta de identidad, pese a su decadente fracaso en las últimas décadas.

La situación forzó al mandatario boricua a desistir de la posibilidad de buscar la reelección para dar paso en la boleta del PPD a su ministro de Estado David Bernier, quien no consiguió superar al candidato del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Nevares, quien asumirá la gobernación mañana lunes, 2 de enero.

Rosselló Nevares, quien está comprometido en alcanzar la integración plena de Puerto Rico a Estados Unidos, tendrá que supeditarse a determinaciones de una junta de control fiscal de siete miembros nombrados por el Congreso y la Casa Blanca, que estableció Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.

La crisis económica, las limitadas posibilidades de empleos, la imposición de gravámenes y el alto coste de vida han ocasionado que en el último lustro esta isla del Caribe, bajo el dominio de Estados Unidos desde 1898, la pérdida de sobre 300.000 habitantes.

Esta emigración, que mezcla jóvenes y adultos mayores en procura de mejor calidad de vida, ha sido parte del círculo de la decadencia fiscal de Puerto Rico, a pesar de la imposición de mayores cargas tributarias.

El gobernador electo Rosselló Nevares se ha comprometido a trabajar en coordinación con la junta de control fiscal inmediatamente asuma la dirección del país el próximo lunes, a pesar de que rechaza la posibilidad de despedir empleados públicos, un objetivo del organismo impuesto por Washington, entre otros.

García Padilla solicitó en una carta a Rosselló Nevares que reclame al organismo federal de control fiscal que se proceda a una reestructuración de la deuda de 69.000 millones de dólares, a partir del Título III de la ley Promesa, y le recordó que Puerto Rico no está en capacidad de pagar en los próximos meses 3.500 millones de dólares por el servicio de la deuda.

Consideran contados los días de la colonia en Puerto Rico

SAN JUAN.- El presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez, afirmó hoy que los días de la colonia en esta nación caribeña ''están contados'', pese al crecimiento del anexionismo, que es inaceptable para Washington. 

'Los días de la colonia están contados y la Estadidad (anexión) no es solo perjudicial para Puerto Rico, sino inaceptable para Estados Unidos por ser contraria a sus intereses', expuso el veterano dirigente al sostener que la puerta hacia la independencia está abierta.

Berríos Martínez apuntó que las relaciones coloniales dependen de los intereses que las determinan, de la geopolítica internacional, la coyuntura histórica y la correlación o desproporción de fuerzas entre colonia y metrópoli.

'Por eso en Puerto Rico, respecto al estatus, las mayorías y minorías son cuestión de tiempos y circunstancias', remató al recordar un encuentro en 1989 en Estocolmo con el entonces presidente de la Internacional Socialista, Willy Brandt (1913-1992).

En tal ocasión, quien fuera canciller federal de Alemania Federal, le comentó que por primera vez durante una reunión el Secretario norteamericano de Estado no le cuestionó la relación de la Internacional Socialista con el PIP, ya que desde el despuntar de la guerra fría la independencia de Puerto Rico era inaceptable para Estados Unidos.

A pesar del crecimiento sustancial del movimiento anexionista y la reducción del apoyo electoral al Partido Popular Democrático (PPD), este ha mantenido buena parte de la 'masa sana' del autonomismo de la que hablaba el apóstol cubano José Martí, y que rechaza la asimilación.

'Y el independentismo se mantiene perseverante contra viento y marea como fuerza con personalidad propia, influyente y respetada', adujo el presidente del PIP en un escrito en el cual destaca una serie de importantes acontecimientos como el proceso del Congreso estadounidense de 1989-1991, cuando se evidenció que la anexión es inaceptable para Washington.

En esa ocasión, el legislativo norteamericano reconoció la independencia como alternativa viable, después se produjo la intensificación de 1999 al 2003 de la lucha por la salida de la Marina de Guerra de la isla municipio de Vieques.

Además, dijo, los Informes de Casa Blanca de 2005, 2007 y 2011 reafirmaron el carácter colonial del Estado Libre Asociado (ELA), instaurado por Washington en 1952, y en 2012 se produjo el repudio plebiscitario a la colonia.

Este año 2016, explicó Berríos Martínez, se produjo el desahucio oficial del ELA por el gobierno norteamericano y se aprobó la legislación Promesa que impone la junta de control fiscal a la administración puertorriqueña.

De forma paralela se ha ampliado el respaldo a nuestra descolonización e independencia en la Organización de las Naciones Unidas y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Terminada la Guerra Fría en 1989, la economía mundial se ha internacionalizado; el colonialismo prácticamente ha desaparecido y aquí está quebrado económica, política y socialmente, mientras el país se vacía con la emigración hacia Estados Unidos y otros lugares.

'En estos nuevos tiempos hay que lograr lo que en la posguerra no se pudo y, manteniendo nuestras particulares identidades, anclados en nuestra inquebrantable nacionalidad, construir el futuro con los que creemos en la soberanía nacional, unos a través de la independencia y otros de la libre asociación: a esa aspiración le llegó su tiempo', sostuvo en un acercamiento al ala soberanista del PPD.

Martí anticipó este momento: hay que 'buscar una forma más feliz'; el camino de la libertad ha sido largo y falta por andar, pero llegamos, llegamos', remató Berríos Martínez.

Cada familia boricua deberá 54.000 dólares por una década

SAN JUAN.- Cada familia puertorriqueña deberá 54.000 dólares por los próximos 10 años como parte de la deuda pública de Puerto Rico, se conoció hoy, debido a una deficiencia presupuestaria de siete mil millones de dólares anuales.

El gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares aseguró que a pesar de ese panorama, su administración, que asume el próximo 2 de enero, trabajará acorde con la junta de control fiscal impuesta por Estados Unidos mediante la legislación Promesa, para encontrar una salida.

'La visión de este gobierno ha sido tirar todo a pérdida sin que se produzca un diálogo, yo he optado por un diálogo para encontrar solución para el pueblo puertorriqueño', manifestó Rosselló Nevares en abierta crítica al gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla.

La junta federal de control fiscal envió sendas cartas a ambos políticos en la que esbozan propuestas dirigidas a sanear la economía de esta isla del Caribe, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde 1898.

De entrada, el presidente del organismo de control fiscal, José Carrión III, sugirió que el gobierno puertorriqueño deberá desprenderse de la deficitaria Autoridad de los Puertos y de la Corporación del Fondo de Seguros del Estado, que es una extraordinaria fuente de ingreso.

La venta de activos públicos tiene como objetivo, según Carrión, cerrar la brecha deficitaria del gobierno de Puerto Rico, que sobrepasará los 67.000 millones de dólares.

El Gobernador electo de Puerto Rico trabajará con la junta fiscal federal

SAN JUAN.- El gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares reiteró hoy su disposición a trabajar en armonía con la junta de control fiscal impuesta por Washington con el propósito de atender la crisis en Puerto Rico.

'El gobierno federal tiene una responsabilidad de actuar y nosotros tenemos la nuestra', expresó el próximo gobernante puertorriqueño, quien asume el 2 de enero de 2017.

Aclaró que la crisis fiscal que afronta esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes no se resuelve con una estrategia, sino que es necesario un componente de desarrollo económico, porque de lo contrario no se producirá ningún avance en los próximos años.

Rosselló Nevares afirmó que 80 por ciento de las propuestas en una carta que le remitió la junta federal están contenidas en el Plan para Puerto Rico, que constituye su programa de gobierno.

'La política pública con la que nos hemos comprometido con el pueblo va en la dirección de tener un manejo sano de las finanzas públicas', dijo durante su participación de un adiestramiento de sana administración de la Contraloría de Puerto Rico.

Con una deuda pública de unos 68.000 millones de dólares, Puerto Rico se encuentra al borde de la bancarrota, la que no se ha producido por los obstáculos levantados por el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca.

El gobernador Alejandro García Padilla se ha negado a responde los pedidos de la junta de control fiscal, por entender que Washington no ha hecho lo suficiente para ayudar a la isla a salir del atolladero fiscal y económico en que se hunde.

Funcionarios boricuas del gobierno saliente podrían ser encausados

SAN JUAN.- El gobernador electo de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, advirtió hoy el posible encausamiento judicial por negligencia en su desempeño de funcionarios de la administración de Alejandro García Padilla.

 
El planteamiento lo hizo el presidente del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), que asumirá las riendas del país el próximo 2 de enero, al poner en entredicho la eficacia del gobierno de García Padilla para contener la crisis fiscal y económica que golpea a Puerto Rico.

'El gobierno completo se queda sin dinero en febrero (de 2017); en las audiencias de transición trascendió que lo único que queda en caja son 147 millones de dólares, y es importante que el pueblo de Puerto Rico esté claro en cómo llegamos a esta posición', dijo Rosselló Nevares.

El político afirmó que la acción que tomó este gobierno fue sacar dinero prestado del Plan de Retiro, no pagarles a los proveedores, no pagarle al contribuyente.

'Ciertamente muchas de esas acciones levantan sospechas de negligencia crasa y se van a evaluar, (así que) todo el que haya violentado la ley y que haya afectado al pueblo que sepa que le va a caer todo el peso de la ley', subrayó el gobernador electo en rueda de prensa en la sede del PNP.

Anunció, además, que en las próximas 48 a 72 horas, la junta de control fiscal, impuesta por Washington al gobierno puertorriqueño mediante la legislación Promesa, 'bajará con unas recomendaciones que se tienen que tomar, a base de lo que han encontrado' con relación a la situación fiscal de esta isla, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde 1898.

Puerto Rico tiene una deuda pública de unos 70.000 millones de dólares, que lo ha colocado al borde del colapso ante la imposibilidad de cumplir sus obligaciones.

Rosselló Nevares indicó que, además, se supone que en las próximas dos semanas el Grupo de Trabajo del Congreso emita recomendaciones para Puerto Rico, 'por lo tanto, estas dos semanas estaremos pendientes para poder coger esa información y actuar'.

Reveló que inmediatamente asuma la gobernación emitirá varios decretos para delinear su política pública, además de la presentación de medidas que deben aprobarse tan pronto se instale la nueva Asamblea Legislativa, de la que el PNP tiene el dominio en ambas cámaras.

El gobernador electo anunció que se enmendará la ley de Alianzas Público Privadas, se creará un ente externo para mercadear a Puerto Rico como destino turístico, de desarrollo económico y empresarial, entre otras, como la Ley del Empleador Único, que permitirá mover a burócratas de un organismo público a otro.

Rosselló Nevares se propone, además, el traspaso de servicios públicos a organizaciones del llamado Tercer Sector, dedicadas a asistencia social.

Anticipan déficit operacional de 58.000 millones en Puerto Rico

SAN JUAN.- El gobierno puertorriqueño está abocado a un déficit operacional de 58,7 mil millones de dólares a 2026, reconoció hoy la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) de Puerto Rico.

 
La entidad proveyó datos sobre ingresos y egresos operacionales del Estado Libre Asociado (ELA) por los pasados ocho años fiscales, lo que arroja un cuadro de trastorno fiscal.

Las proyecciones fiscales preparadas por el Grupo de Trabajo en octubre pasado, parten de ciertas suposiciones, incluida la falta de acceso al mercado para la financiación de terceros y sin incluir el impacto de los cambios federal en las leyes y políticas económicas.

A esto se une la necesidad de que la junta de control fiscal, impuesta por Washington mediante la legislación Promesa, autorice a acceder al título 3 de esa ley antes de que el gobierno quede desprotegido de la moratoria disponible hasta febrero próximo.

'De esta forma, se puede completar una reestructuración que permita un nivel de deuda sostenible', afirmó el ministro de Estado, Víctor Suárez Meléndez, quien a su vez es director de la Aafaf.

Puerto Rico tiene una deuda pública que ronda los 70.000 millones de dólares, la que el gobernador Alejandro García Padilla ha advertido que es impagable a menos que se prive al pueblo puertorriqueño de servicios esenciales.

El informe Aafaf detalla los estimados de ingresos y gastos para el año fiscal 2017, la situación de casi insuficiencia de los Sistemas de Retiro y los temas relacionados con la deuda pública del gobierno central y sus corporaciones, además de la cantidad de deuda emitida, el servicio de deuda anual y los pagos que no se han realizado.

'La transparencia y acceso a la información financiera ha sido parte de la política pública de nuestra administración desde el día uno', alegó el ministro de Estado en declaraciones escritas.

Suárez Meléndez sostuvo que la crisis económica e insolvencia de Puerto Rico no es un secreto, por lo que la publicación de este informe es un ejemplo adicional sobre sus esfuerzos en hacer disponible información financiera, más que cualquier otra administración en la historia.

Destacó que las herramientas legales necesarias para una reestructuración de la deuda que le fueron otorgadas a Puerto Rico por el Congreso y el presidente de Estados Unidos, tomaron en cuenta la publicación de información detallada sobre la situación actual de esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes.

Urgió a tomar pasos afirmativos para atender la crisis fiscal utilizando los remedios que provee la legislación federal Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.

Un sindicato demanda al gobierno de Puerto Rico por desviar fondos

SAN JUAN.- El desvío por el gobierno puertorriqueño de fondos del Departamento de Vivienda de Estados Unidos destinados a incrementos salariales, es motivo hoy de una demanda judicial por la Federación Central de Trabajadores (FCT). 

 
El presidente de la FCT, Andrés Lloret Gutiérrez, reveló que concurrieron en la víspera al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico con una demanda contra la administración del gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla por incumplir con las disposiciones de uso de esa asignación económica.

La acción judicial establece que el gobernador García Padilla, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, y el director de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Gabriel López Arrieta, incumplieron con las disposiciones de uso de fondos federales contenidas en el Plan Anual de Vivienda Pública.

Este método aprobado por el estadounidense Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, siglas en inglés) determina la manera en que se usarán los recursos fiscales que otorga al gobierno puertorriqueño.

'Estaban destinados a un aumento salarial de los empleados', aseguró Lloret González, en referencia al personal de la AVP, al tiempo que anunció que refirieron una querella al inspector general de HUD para que se investiguen las actuaciones ilegales del gobierno de Puerto Rico.

Adujo que tal acto de la administración de García Padilla pone en riesgo los fondos federales que recibe la AVP.

El sindicato alegó que los funcionarios de la AVP o de cualquier otra agencia que incumplan con el plan federal se exponen a severas penalidades administrativas o criminales, y hasta a la pérdida de los fondos asignados por el gobierno de Estados Unidos.

Para el año fiscal corriente, dijo el gremialista, la AVP recibió un aumento de 8 millones 115 mil dólares en fondos federales en comparación con el año anterior, de los cuales tres millones 198 mil dólares estaban destinados a propósitos de nómina.

'Ante la crisis fiscal, la Federación Central de Trabajadores aceptó posponer el aumento acordado en convenio colectivo, pero cuando el gobierno recibió los fondos federales aprobados para subvencionarlos, lo que incluye aumentos en las asignaciones, actuó de manera arbitraria', expresó Lloret Gutiérrez.

En la demanda se plantea que tras la aprobación de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, la FCT y otros gremios hicieron concesiones al gobierno puertorriqueño para evitar que se aplicaran las rigurosas restricciones de ese estatuto, por lo que aplazaron el aumento salarial acordado para el año 2014-2015, con la condición de que se revaluaría año a año la situación fiscal de la AVP.

Cuando la AVP recibió aumentos en fondos federales que incluyeron partidas para recursos humanos, su junta de directores acordó solicitar a la OGP que aprobara el aumento acordado de 135 dólares por empleado, a ser pagado por los fondos federales, lo que fue rechazado.

En la demanda, la FCT solicitó que se declare inconstitucional el artículo 5 de la Ley de Sostenibilidad Fiscal por violar la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, dada la condición de subordinación del Estado Libre Asociado que rige desde 1952 en Puerto Rico.

El gobierno de Washington reconoció este año que en 1953 se incurrió en una falsa representación a la comunidad internacional y al pueblo puertorriqueño cuando se logró establecer en las Naciones Unidas que Puerto Rico, invadido en 1898, había alcanzado un estatuto soberano.

El Gobernador discutirá en EE.UU futuro de Puerto Rico

SAN JUAN.- El gobernador Alejandro García Padilla participará desde hoy en Estados Unidos, en un foro que discutirá el futuro económico de Puerto Rico, en medio de la crisis fiscal en que se encuentra sumido.

En el foro 'Presente y futuro de Puerto Rico: Un panorama general de las relaciones y la economía federales', el mandatario expondrá la ruta emprendida por San Juan para intentar la recuperación del país.

Además, tratará los retos que existen para esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes, con una deuda pública de más de 68.000 millones de dólares, y una economía estancada por una década.

García Padilla, quien entrega la gobernación de Puerto Rico el próximo 2 de enero al anexionista Ricardo Rosselló Nevares, del Partido Nuevo Progresista (PNP), se ha mantenido sumamente activo en los últimos meses, a pesar de que su Partido Popular Democrático (PPD) recibió una aplastante derrota en los comicios del pasado 2 de noviembre.

La crisis privará de bonificación a 100.000 trabajadores puertorriqueños

SAN JUAN.- Unos 100.000 trabajadores puertorriqueños quedarán fuera de la bonificación de navidad, instituida por ley, luego que el Ministerio del Trabajo eximiera a cientos de empresas de cumplir con la normativa por la situación económica que atraviesan. 

El subdirector de la División de Normas del Trabajo, Carlos Maldonado, confirmó que 944 compañías solicitaron se les eximiera de pagar el bono anual, de las cuales 788 fueron favorecidas en su pedido y otras 131 darán una bonificación parcial, por debajo de lo que establece la ley.

'De las 944 solicitudes de empresas solicitando la exoneración del pago de bono de navidad, 131 pagarán no más del 15 por ciento del total de sus ganancias', expresó Maldonado.

El funcionario indicó que 25 solicitudes fueron denegadas, lo que obliga al patrono a pagar la totalidad del bono.

Maldonado explicó que ante esta situación, 109 mil 221 empleados se verán privados de recibir la bonificación, establecida por ley desde 1969.

En 2015, aclaró el subdirector de la División de Normas del Trabajo, 964 empresas solicitaron se les excluyera de pagar el bono, de las cuales se autorizaron 800, otras 146 debieron hacer el pago parcial y 18 tuvieron que cumplir con lo marcado por la ley.