SAN JUAN.- Cada familia puertorriqueña deberá 54.000
dólares por los próximos 10 años como parte de la deuda pública de
Puerto Rico, se conoció hoy, debido a una deficiencia presupuestaria de
siete mil millones de dólares anuales.
El gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares aseguró que a pesar de ese panorama, su administración, que asume el próximo 2 de enero, trabajará acorde con la junta de control fiscal impuesta por Estados Unidos mediante la legislación Promesa, para encontrar una salida.
'La visión de este gobierno ha sido tirar todo a pérdida sin que se produzca un diálogo, yo he optado por un diálogo para encontrar solución para el pueblo puertorriqueño', manifestó Rosselló Nevares en abierta crítica al gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla.
La junta federal de control fiscal envió sendas cartas a ambos políticos en la que esbozan propuestas dirigidas a sanear la economía de esta isla del Caribe, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde 1898.
De entrada, el presidente del organismo de control fiscal, José Carrión III, sugirió que el gobierno puertorriqueño deberá desprenderse de la deficitaria Autoridad de los Puertos y de la Corporación del Fondo de Seguros del Estado, que es una extraordinaria fuente de ingreso.
La venta de activos públicos tiene como objetivo, según Carrión, cerrar la brecha deficitaria del gobierno de Puerto Rico, que sobrepasará los 67.000 millones de dólares.
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