El Gobernador concentra esfuerzos en la junta fiscal para Puerto Rico

SAN JUAN.- El gobernante Alejandro García Padilla centra sus esfuerzos hoy a favor de la legislación federal que impondrá a Puerto Rico una junta de control fiscal, a la vez que la reestructuración de su deuda pública. 

El mandatario, que se halla en Washington recabando el apoyo de senadores demócratas a la criticada medida denominada Promesa, que a la vez que impone una junta de siete miembros para supervisar el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA), tiene como objetivo garantizar a Wall Street y a la fondos buitres el pago de la deuda pública de 70.000 millones de dólares.

La legislación, sancionada en día pasados por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, debe ser votada por el Senado a la brevedad posible, puesto que esta isla del Caribe, bajo la dominación de la nación norteña, incurrirá el próximo 1 de julio en un nuevo impago a los bonistas, esta vez de casi dos mil millones de dólares.

Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés) es considerada un retroceso en las relaciones con Estados Unidos, que por más de 60 años aseguró en el plano internacional que esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes había alcanzado su soberanía, ya que regulará las operaciones del gobierno boricua.

El delegado puertorriqueño electo ante el Congreso, Pedro Pierluisi, también se ha manifestado a favor de la aprobación de la medida, no así el flamante presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, candidato a la gobernación en las elecciones del 8 de noviembre próximo.

García Padilla se reunió con la influyente senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, además de Jeffrey Merkley, del estado de Oregon, y con miembros de la oficina de Joe Manchin, de West Virginia, como parte de sus esfuerzos para que se provea a Puerto Rico de herramientas para atender la crisis fiscal y el estancamiento económico de una década.

El mandatario advirtió a los funcionarios del Senado federal la urgencia de que se apruebe el proyecto Promesa, que es repudiado por un amplio sector del espectro político puertorriqueño.

García Padilla ha reconocido la necesidad garantizar los servicios esenciales de la ciudadanía por lo que no puede cumplir con el pago de notas que se avecina.

En días recientes el gobernador envió cartas a cada uno del centenar de senadores estadounidenses para solicitar su apoyo al proyecto antes de que finalice este mes, ya que Puerto Rico no cuenta con recursos para cumplir con el pago parcial de su deuda, a menos que se afecten servicios esenciales, que incluyen el pago de sus salarios a los empleados públicos, como policías, médicos, enfermeras y maestros.

Un congresista convoca a luchar contra la junta fiscal para Puerto Rico

SAN JUAN.- El congresista demócrata Luis Gutiérrez convocó hoy a los puertorriqueños luchar con tesón contra el establecimiento al gobierno de Puerto Rico de una junta de control fiscal por el Congreso de Estados Unidos. 

"Al igual que nuestra unidad expulsó a la Marina (de Guerra de Estados Unidos) de Vieques, la unidad expulsará a la junta de control fiscal", expresó al participar en la Asamblea del Pueblo, celebrada en San Juan, con el propósito de forjar un programa de lucha en contra del mecanismo de control de Washington.

El legislador demócrata por Illinois combate el proyecto Promesa con el cual los republicanos y demócratas se proponen garantizar a los bonistas de Wall Street y los fondos buitre cobrar la impagable deuda pública de Puerto Rico de 70.000 millones de dólares.

"Estamos forjando unidad entre hermanos, estamos llegando juntos como compañeros sin importar las razas y clases, trabajando juntos por un futuro mejor", dijo en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

Acusó a los republicanos de pretender que los puertorriqueños, sumidos en una profunda crisis fiscal y una economía estancada desde hace una década, queden privados de cubrir sus necesidades para cumplir con los acreedores.

"Ellos quieren que en Puerto Rico se desayune, almuerce y coma austeridad, y austeridad, y nosotros lo que vamos a dar es lucha, lucha y lucha", dijo el congresista con vehemencia.

Gutiérrez insistió en que hay que poner el bienestar de la niñez y de los ancianos, de los hombres y mujeres trabajadores, por encima de los intereses del gran capital especulador.

"Por mis venas corre la misma sangre (del patricio puertorriqueño) Ramón Emeterio Betances, (el mártir del nacionalismo) Pedro Albizu Campos y el compatriota (encarcelado hace 35 años en Estados Unidos) Oscar López Rivera", dijo para demostrar hasta dónde sería capaz de luchar por el bienestar colectivo de los boricuas.

Sobre la junta fiscal de siete miembros, estableció una analogía con el cuento de Blancanieves al sostener que son enviados por "Blancanieves del Partido Republicano".

Gutiérrez cosechó algunos abucheos cuando manifestó que "he aprendido a no esperar mucho de los congresistas del Partido Republicano; espero más de la gente de mi propio Partido, el Partido Demócrata".

Repudió que el Senado federal se proponga sancionar la legislación Promesa el próximo 4 de julio, cuando se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos.

"El 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra la libertad y la democracia, aprobarán una junta en contra del pueblo de Puerto Rico y yo estoy aquí para decir no", proclamó Gutiérrez al advertir que no se puede permitir que una junta decida el futuro de Puerto Rico.

Al abogar por la liberación de López Rivera, de 73 años de edad, que lleva 35 años encarcelado por conspiración sediciosa, el congresista Gutiérrez aseguró que la petición de indulto "está atrapada en el Departamento de Justicia", con lo que descartó que estuviese sobre el escritorio del presidente Barack Obama, como tantas veces se ha sostenido.

El Gobierno de Puerto Rico allana el camino en previsión de su próximo impago

SAN JUAN.- El Gobierno de Puerto Rico ha allanado el camino con las escasas herramientas que tiene de cara a su próximo impago de deuda, en previsión de que Washington no le permita declararse en quiebra antes del 1 de julio.

Mientras, miles de personas se concentrarán hoy en el mayor estadio de San Juan para protestar precisamente por el proyecto de ley que prepara Washington para permitir al Gobierno de la isla declararse en quiebra, a cambio de que se someta al control de una junta federal de siete miembros que tendrá más poderes que el propio Ejecutivo local.

Aunque el Gobierno boricua también se opone a la imposición de esa junta -cuyos integrantes serán elegidos por el presidente de EE.UU. sin que la Fortaleza tenga derecho a voto- la considera un mal necesario para que Washington le provea una vía legal, similar a la Ley federal de Quiebras, que le proteja de una avalancha de demandas cuando el 1 de julio incurra en su próximo impago.

En esa fecha vence deuda por cerca de 2.000 millones de dólares que el Gobierno ya ha dicho que no puede pagar y que incluyen unos 700 millones en Obligaciones Generales (conocidas en inglés como GO's).

Ese tipo de bonos está garantizado por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario, por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente el Gobierno de la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.

Aunque el gobernador Alejandro García Padilla lleva toda la semana en Washington tratando de presionar a los senadores para que aprueben el proyecto de ley bautizado con el acrónimo de "Promesa" antes del 1 de julio, hay indicios de que el texto, que ya cuenta con el aval de la Cámara federal de Representantes, podría tardar en salir adelante.

Por ello, el gobernador ha emitido una orden ejecutiva para prolongar el estado de emergencia decretado sobre la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (PRIFA en inglés o AFI en español) y decretar la suspensión de todos sus pagos de deuda, al amparo de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, aprobada por el Gobierno el pasado abril.

"Con esta medida, la Administración de García Padilla busca salvaguardar que el Estado Libre Asociado (ELA) continúe prestando servicios esenciales a todos los residentes de la isla", explicó la Fortaleza, sede del Ejecutivo, en un comunicado.

Con esta orden ejecutiva desde hoy queda suspendida toda obligación de transferir cualquier ingreso a las notas conocidas como BANS (pagarés emitidos en anticipación de bonos).

La Fortaleza consideró esta medida necesaria "ante la falta de acción congresional y de un acuerdo voluntario de reestructuración de la deuda con los acreedores del ELA".

"La crisis fiscal de Puerto Rico y la liquidez del Gobierno han empeorado, por lo que se ha requerido tomar medidas razonables y necesarias para garantizar la salud pública, la seguridad, la educación y el bienestar de los puertorriqueños", apuntó.

Puerto Rico está en recesión desde hace una década y el 45 % de la población vive bajo el nivel de pobreza, por lo que está registrando el mayor éxodo de su historia, protagonizado en su mayoría por jóvenes que emigran a Estados Unidos.

"El escenario económico del país empeora cada vez más, por lo que son necesarias las acciones tomadas mediante esta orden ejecutiva", resaltó García Padilla en el comunicado, en el que instó al Senado federal a que "atienda el proyecto Promesa, ya que, aunque imperfecto, ofrece una solución con la que podremos hacerle frente a la emergencia fiscal que atravesamos de cara al 1 de julio".

Sin embargo, esta iniciativa despierta una amplia oposición en Puerto Rico, donde la imposición de una junta que controle al Gobierno se considera un acto de colonialismo por parte de Estados Unidos, al tiempo que se teme que imponga duras medidas de austeridad.

Los puertorriqueños se enfrentan a subidas en la luz y el agua

SAN JUAN.- A escasos días de que termine la sesión legislativa en Puerto Rico, cada vez parece más inevitable una próxima subida de los precios del agua y la electricidad en la isla, lo que sin duda agravará la crisis que sufre la población.

Sin antes del 30 de junio los legisladores no son capaces de aprobar un proyecto de Ley que autoriza mecanismos de financiación para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de Puerto Rico, esa empresa pública subirá sus tarifas a mediados de julio.

Esta semana se aprobó el presupuesto de la AAA para el próximo año, que asciende a 1.070 millones de dólares en gastos.

Para equilibrarlo se necesitan 280 millones de ingresos adicionales que, o bien se obtienen de la emisión de más deuda, o bien de un incremento de las tarifas.

Así lo explicó el director ejecutivo de la AAA, Alberto Lázaro, en un comunicado, sin cuantificar el importe de la posible subida.

Ese incremento recaería sobre una población ya muy castigada por la recesión económica que sufre la isla desde hace una década y que paga ya tarifas elevadas de luz y agua, pese a la deficiente calidad de estos servicios.

Se calcula que en la isla se desperdicia el 60 % del agua potable, ya sea por pérdidas en el sistema de tuberías, o por hurtos y conexiones ilegales.

A ello se suma el mal estado de los embalses, que por falta de mantenimiento pierden el 25 % de su capacidad, y tan sólo el 1,4 % del agua de lluvia terminan llegando a ellos.

La compañía pública confiaba en que esta semana el Legislativo aprobara la Ley para la Revitalización de la AAA, pero un enfrentamiento entre la Cámara y el Senado impiden avanzar a tan sólo días de que acabe el periodo legislativo de este año fiscal, que se cierra el 20 de junio.

"Si sube el agua es por la incompetencia de la AAA. Yo les dije que buscaran un oficial reestructurador, que sentaran a los bonistas. Yo les dije hace un año que buscaran un plan fiscal. ¿Saben cuántos planes fiscales han traído aquí? Ninguno", dijo enfurecido el jueves el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

Esa ley autorizaba a emitir nuevos títulos de deuda por valor de hasta 750 millones de dólares y a impulsar un intercambio de deuda ya emitida, para obtener fondos que permitieran pagar a los actuales contratistas de la AAA y otros acreedores.

Lázaro apuntó esta semana que eliminando la impresión y envío de facturas en papel a los 1,2 millones de clientes que tiene la AAA, ésta podría ahorrar hasta 6 millones de dólares al año.

Mientras todo hace indicar que la factura del agua aumentará en las próximas semanas, ya está también confirmado que la de la luz también se incrementará en unos meses, en este caso en 3,1 centavos de dólar por kilovatio-hora (kWh) consumido, que actualmente se cobra a cerca de 28 centavos.

Así lo aprobó esta semana la Comisión de Energía de Puerto Rico, que autorizó este "cargo de transición" de 3,1 centavos kWh que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cobrará a sus clientes cuando se lleve a cabo una emisión de bonos de titulización.

"Estamos complacidos con la orden que aprueba la nueva metodología de cálculo para los cargos de transición de la titulización (securitization)", ya que es "un paso importante paso para que la AEE pueda aplicar su plan de recuperación y transformación integral", dijo Javier Quintana, director de la empresa pública al respecto.

Los nuevos bonos se intercambiarán por otros ya existentes en manos de los acreedores de la endeudada compañía, que lleva meses negociando con ellos para tratar de reestructurar su enorme deuda.

Quintana recordó que con la nueva emisión, la AEE reducirá su deuda, obtendrá acceso a liquidez para cumplir con sus obligaciones, invertirá en la modernización de su infraestructura y mejorará el servicio al cliente.

Las tarifas eléctricas actuales de la AEE no se han revisado desde 1989, por lo que Quintana asegura que si no se implementara este mecanismo de una nueva emisión de deuda, con los ingresos derivados de la subida tarifaria como colateral, los usuarios tendrían que asumir un incremento aún mayor de los precios.

"Este mecanismo no incremente la deuda de la AEE, más bien es un medio para asegurar el pago de la actual a los acreedores, que a cambio aceptaron una reducción del 15 % en el valor nominal de su deuda y una tasa de interés más baja", explicó en un comunicado.

La subida de precios se aplicará a todos los clientes de la AEE salvo a los que viven en bloques de viviendas públicas (donde reside cerca del 3,5 % de la población de la isla) y a quienes hayan invertido en generación renovable, a los que sólo se le cobrará sobre su consumo neto.

Preparan una masiva protesta contra la junta de control federal sobre Puerto Rico

SAN JUAN.- Decenas de organizaciones se han sumado la protesta convocada para mañana en San Juan contra la imposición por parte de Washington de una junta federal de control que supervise la actividad del Gobierno de Puerto Rico, con el objetivo de ayudarlo a equilibrar sus cuentas.

La Concertación Puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal, un organismo que el Gobierno ve como un mal necesario para lograr de Washington herramientas que le permitan reestructurar la deuda. tendrá lugar el sábado en la capital puertorriqueña.

Está prevista la intervención, entre otros, del congresista puertorriqueño Luis Gutiérrez y de la presidenta del Concejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark Viverito.

"Ambos han sido consecuentes en su oposición vehemente a la imposición congresional y no dudaron en alterar sus agendas para estar presentes junto a su pueblo, tan pronto le solicitamos su participación", dijo Ana Irma Rivera Lassén, una de las portavoces de la concertación.

En rechazo a esta junta se han expresado infinidad de colectivos, entre ellos el Congreso de la Liga de Cooperativas, los colegios profesionales de trabajadores sociales, médicos y cirujanos, arquitectos y abogados, y la Asociación de Empleados públicos del Estado Libre Asociado (ELA).

En la concentración, según los organizadores, "los distintos sectores sociales podrán exponer cómo la imposición de la junta de los buitres significará un ataque frontal y un claro atropello a sus derechos y reivindicaciones".

El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) también se sumará a la concentración, por considerar "inaceptable la propuesta del Congreso de EE.UU. de imponer una junta de control fiscal compuesta por personas que no representan los intereses del pueblo puertorriqueño".

Además de animar a la participación, los convocantes instan a los puertorriqueños a que se unan a la campaña de recogida de firmas contra la aprobación del proyecto de Ley conocido como "Promesa", que pretende imponer la creación de la citada junta.

Puerto Rico, que arrastra una deuda de más de 70.000 millones de dólares, es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

Sin embargo, Puerto Rico no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras estadounidense, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana, y la Justicia federal ha visto inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.

Enfrentadas Cámara y Senado de Puerto Rico por emisión de deuda

SAN JUAN.- Los líderes de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, y el Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, están hoy enfrentados por una medida de "revitalización" del ente estatal de acueductos para que emite una multimillonaria deuda. 

La disputa subió de tono luego que Bhatia anunciara que sólo aprobaría legislación para que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) pueda hacer una emisión de bonos por 900 millones de dólares, en lugar de los dos mil millones que impulsa la Cámara de Representantes.

En un tono que Perelló consideró "destemplado", Bhatia sostuvo desde el hemiciclo del Senado que no se someterá al "chantaje" de la corporación pública ni de los diputados.

Ambos cuerpos legislativos están dominados por el oficialista Partido Popular Democrático (PPD), que atraviesa su más profunda crisis desde hace más de 60 años debido a la decisión de Estados Unidos de afirmar que, contrario a su postura, el Estado Libre Asociado (ELA) carece de soberanía.

Bhatia emitió ataques directos contra el diputado Rafael Hernández Montañez, presidente de la Comisión de Hacienda, por haber advertido que no daría paso a ninguna medida del Senado ante la consideración de la cámara baja.

"A mí no me va a chantajear nadie; basta ya de estar cogiendo prestado como adictos, de estar metiendo al país en unas deudas terribles, basta ya de eso", manifestó el presidente del Senado en tono vehemente al pedir a sus miembros que "no dejen que los chantajeen, vamos a tener una sola voz, una sola voz fuerte que le diga al país alguien está velando por ti".

Hernández Montañez expuso que de no aprobarse la medida que daría a la AAA acceso a dos mil millones de dólares, habrá un alza en el coste por consumo de agua potable que llevará por nombre "Eduardo Bhatia".

Perelló afirmó que el espíritu que regirá en la Cámara de Representantes durante el cierre de la Sesión Ordinaria será de consenso, por lo que consideró una "reacción destempladas" las expresiones de Bhatia.

Ambos cuerpos, regidos por el Partido Popular Democrático, mantienen una batalla verbal sobre el proyecto, y son varios los legisladores de Cámara y Senado que tienen enfrentamientos públicos.

Bhatia consideró que la conducta de Hernández Montañez es "tipo guapo del barrio, que es lo que yo quiera o lo que yo no quiera; no puede ser así, tiene que buscarse un consenso, y ese consenso se logró y se aprobó la medida", dijo sobre los 900 millones de dólares.

"Aquí están los 900 millones de dólares que ustedes pidieron, esto es lo que hay, punto y se acabó", reiteró ante una alegada solicitud de la administración de la AAA de esa suma.

Perelló dijo que está obligado "como ciudadano responsable, como representante de esta Cámara, pero más aún como Presidente, a responder a lo que entiendo es una reacción destemplada, a un exabrupto del Senado de Puerto Rico y del presidente del Senado, en ataque directo a esta Cámara de Representantes, a su trabajo y a su entrega".

La situación surgida es un aparente reflejo del protagonismo que quieren mantener los presidentes de ambos cuerpos legislativos para consolidar su futuro político.

Tenedores de bonos demandan al gobierno de Puerto Rico

SAN JUAN.- Un grupo de bonistas puertorriqueños demandó hoy al Estado Libre Asociado (ELA) y a varios funcionarios, situación que llevó a la ministra de la Gobernación, Grace Santana, a sostener que "Puerto Rico no puede pagarles". 

La acción judicial se produce cuando Puerto Rico se aboca a un nuevo impago de casi dos mil millones de dólares a sus acreedores el próximo 1 de julio, a menos que el Senado de Estados Unidos apruebe la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés), sancionada ya por la Cámara de Representantes federal.

Los demandantes consideran que la Ley de Moratoria es inconstitucional y no puede aplicarse a las Obligaciones Generales de Puerto Rico emitidas en 2014 porque cedió su soberanía judicial al estado de Nueva York.

"La ley es solo el paso más reciente y flagrante en un plan más amplio para repudiar la garantía de prioridad de pago constitucional", argumentaron en su acción judicial.

La demanda de los bonistas intenta impedir que se ponga en vigor la Ley de Moratoria aprobada en esta isla del Caribe para evitar frenar el pago de la monumental deuda pública de 70.000 millones de dólares.

"La decisión de estos fondos de cobertura de optar por litigar, en lugar de continuar negociaciones de buena fe, demuestra su continua negativa a reconocer la realidad de la crisis fiscal del Estado Libre Asociado", declaró la ministra Santana.

La funcionaria aseguró que este intento por parte de un grupo de fondos buitres de pretender interrumpir la capacidad del ELA de mantener sus operaciones y proporcionar servicios esenciales para sus 3,5 millones habitantes deja claro que el Senado de Estados Unidos debe actuar en cuanto a Promesa antes del 1 de julio.

A la vez que permitirá a la isla reestructurar su deuda, la legislación Promesa conlleva la imposición de una junta de supervisión fiscal integrada por siete personas nombradas por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos al gobierno puertorriqueño.

El Gobernador de Puerto Rico viaja a Washington para tratar el problema de la deuda

SAN JUAN.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, viajó hoy a Washington para continuar con sus esfuerzos por lograr que se aprueben herramientas que permitan hacer frente a la recesión vive la isla desde hace una década y a la falta de liquidez que le ha llevado a dejar de pagar la deuda.

"El escenario económico actual amenaza con convertirse en una crisis humanitaria a mayor escala, afectándose así los servicios esenciales que el gobierno le provee a la ciudadanía", advirtió hoy la Fortaleza (sede del Ejecutivo boricua) al anunciar el viaje del gobernador.

García Padilla tratará de urgir al Congreso a que apruebe de una vez el proyecto de Ley en el que trabaja (bautizado por el acrónimo de "Promesa"), que permitiría una reestructuración ordenada de la deuda.

Sin embargo, también plantea la imposición de una junta federal de control fiscal que tenga poderes sobre el Gobierno de Puerto Rico y que se encargará de garantizar el cumplimiento de los presupuestos, un control del gasto público y la adopción de las medidas necesarias para superar la crisis.

"Las gestiones del primer mandatario van dirigidas a impulsar una pronta acción por parte de Estados Unidos para que provea legislación necesaria para reestructurar la deuda pública de la isla, sin afectarse la autodeterminación del Gobierno de Puerto Rico".

Cuba exige en la ONU el fin del estatus colonial de Puerto Rico

NUEVA YORK.- Cuba exigió hoy en el Comité Especial de Descolonización de la ONU el respeto al derecho de Puerto Rico a la autodeterminación y la independencia, como un escenario clave para enfrentar los desafíos socioeconómicos de la isla.

Poco después de que el órgano creado en 1961 por la Asamblea General adoptara una nueva resolución sobre el caso boricua, el representante cubano en el foro Humberto Rivero advirtió que se agravan los problemas económicos y sociales de Puerto Rico, nación caribeña sometida a 118 años de dominio estadounidense.

La pobreza, el desempleo y la insolvencia del gobierno local crecen cada día, mientras una recesión paralizante del desarrollo económico y una deuda pública impagable, superior a los 70 mil millones de dólares, llevan al país a una crisis sin precedentes y a devastadoras consecuencias para la población, dijo el embajador.

Rivero criticó que en tan complejo escenario, la respuesta "del poder colonial" sea imponer una junta de supervisión fiscal, en lugar de desencadenar un proceso que permita a los boricuas ejercer la libre determinación y adoptar medidas soberanas para lidiar con los retos.

De acuerdo con el diplomático, la postura norteamericana, reflejada en una decisión del Congreso, solo busca obligar a Puerto Rico a pagar la deuda a "los bonistas y fondos buitre de Wall Street".

El representante cubano reconoció que 118 años de dominio colonial no pudieron arrebatar al pueblo boricua su cultura, dignidad y sentimientos nacionalistas.

En la sesión de hoy, el Comité Especial de Descolonización aprobó una resolución, la trigésima quinta desde 1972, que ratifica el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación y la independencia, el carácter latinoamericano y caribeño de la isla y la urgencia de que Estados Unidos asuma su responsabilidad.

Rivero resaltó la iniciativa adoptada por consenso y las diversas intervenciones durante la jornada, las cuales consideró un ejemplo del apoyo a la causa del pueblo puertorriqueño.

Además de Cuba, representantes de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Siria y Venezuela manifestaron su respaldo a la independencia y la soberanía de Puerto Rico.

También el Movimiento de Países no Alineados, que agrupa a 120 de los 193 miembros de la ONU, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, bloque de 33 naciones, respaldaron la causa boricua en el foro, que escuchó a decenas de peticionarios.

Entre esos peticionarios estuvo la senadora independentista María de Lourdes Santiago, quien lanzó en el Comité una propuesta de diálogo entre Estados Unidos y los boricuas defensores de la autodeterminación.

La iniciativa fue aceptada por el órgano formado por 29 países, ante el cual también fijó postura el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla.

García Padilla solicitó la ayuda de la ONU para neutralizar el empeño de Estados Unidos en ignorar el derecho de la isla al autogobierno y en incumplir los argumentos que Washington presentó en la organización hace más de 60 años, entonces con el objetivo de remover a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos.

"Puerto Rico tiene hambre y sed de justicia, y aquí reclamo como gobernador el derecho a la autodeterminación, y la ayuda de la ONU para que se defina nuevamente que es de igualdad y respeto la relación que debe existir entre los dos pueblos", afirmó.

Acusan a empresa boricua de apropiarse de fondos públicos

SAN JUAN.- El ministro de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, anunció hoy la presentación de 48 cargos criminales contra la empresa Petro West por apropiarse de 10,8 millones de fondos públicos. 

 Los cargos también están dirigidos al presidente ejecutivo de Petro West, José González Amador, por el cobro a la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de un impuesto de 0,5 por ciento por concepto de patentes municipales en cada factura de venta de combustible durante los pasados cuatro años fiscales.

Miranda explicó que el esquema consistía en negociar una rebaja del impuesto en cuatro municipios, al punto de obtener incluso una exención total, mientras facturaba el 0,5 por ciento, a sabiendas de que no procedía dicho cobro.

"Esta sobrefacturación, a sabiendas de que en ningún municipio pagaría un impuesto de 0,5 por ciento, tuvo la intención de desfalcar al erario, acto que nos afecta a todos, pues las sumas infladas que cobró de más a la AEE impactaron negativamente el cálculo mediante la fórmula de ajuste por combustible", precisó Miranda.

Ese dinero lo pagaban los abonados de la corporación estatal de electricidad, situación que González Amador conocía, según el ministro de Justicia.

El Ministerio Público presentó cinco cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos contra González Amador y otros cinco contra la corporación Petro West, para un total de 10.

Los restantes 38 cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos corresponden a 19 contra González Amador y 19 a la empresa Petro West por apropiarse de 69.584 dólares que la AEE cobró por adelantado por concepto de impuesto especial al consumo.

El arbitrio es de ocho céntimos por galón de petróleo, que se supone que remitieran cada mes al Ministerio de Hacienda por la venta de combustible entre los años 2012 y 2013, que Petro West retuvo, al punto de disfrutar de casi 70.000 dólares durante los años subsiguientes hasta 2015, cuando inició la pesquisa.

La jueza de primara instancia Karem Álvarez Echeandía se reservó la determinación en cuanto a los 48 cargos de apropiación ilegal agravada.