Decisión tardía sobre el impago en Puerto Rico para una senadora independentista

SAN JUAN.- La senadora independentista María de Lourdes Santiago consideró una acción tardía el anuncio hoy del impago parcial de la deuda de Puerto Rico comunicado por el gobernador Alejandro García Padilla.

 "La estrategia correcta en cuanto a la deuda pública es una declaración frontal de impago, como lo he propuesto desde diciembre del pasado año", dijo Santiago al repudiar el "tono lastimosamente suplicante" empleado por el mandatario en su mensaje por televisión.

García Padilla anunció que el gobierno de Puerto Rico carece de liquidez para cumplir con el pago de los 422 millones de dólares de una deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central), que venció este primero de mayo.

El BGF tiene una falta de liquidez que le impide cumplir con sus obligaciones como agente fiscal del gobierno de Puerto Rico.

"Como advertí desde entonces, es matemáticamente imposible cumplir con la deuda y con los servicios que necesita el país", insistió la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, quien aspirará a la gobernación en las elecciones de noviembre próximo.

Santiago consideró "un completo absurdo la propuesta de moratoria" hecha por el presidente del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, pues únicamente provee es un aplazamiento del pago de principal sin ningún alivio en cuanto al monto total de la deuda y los otros términos de las obligaciones.

La dirigente independentista emplazó, ante el anuncio del primer impago, a Bernier y a los demás candidatos a que enfrenten la realidad y endosen la propuesta del PIP para que se decrete formalmente un impago, se inicie una negociación ordenada de la deuda y se exija un calendario de descolonización que nos lleve a superar la inferioridad política del Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno imperante desde 1952.

Criticó al gobernador García Padilla por haber dicho que la junta federal de control fiscal haría a Puerto Rico "regresar al régimen colonial".

"Porque vivimos en el régimen colonial que el PPD defiende es que el Congreso puede imponer la junta o cualquier medida que se le antoje; porque el ELA es colonia es que los puertorriqueños se han visto obligados a servir y morir en las guerras de Estados Unidos", subrayó la senadora Santiago.

Consideró repugnante la insistencia de García Padilla en usar el sufrimiento y la muerte de los puertorriqueños en esas guerras como ficha para suplicar auxilio congresional, aceptando el perverso principio colonial del tributo de sangre: las vidas de los nuestros a cambio del dinero del norte.

El Gobernador de Puerto Rico advierte que tampoco hay dinero para la deuda garantizada

SAN JUAN.- El Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, advirtió hoy que la isla tampoco tendrá dinero para pagar los vencimientos de deuda del 1 de julio, entre los que hay unos 700 millones de dólares en obligaciones generales, cuyo pago está garantizado por la Constitución local.

"No se anticipa que tengamos el dinero", por lo que "invitamos" a los acreedores "a que negocien de buena fe", dijo García Padilla en una conferencia de prensa en referencia a los cerca de 2.000 millones de dólares en deuda que vencerá en julio.

Después de que el domingo la isla incurriera en su primer impago masivo de deuda, y si antes EE.UU. no aprueba algún mecanismo que permita a la isla reestructurar su deuda, Puerto Rico dejará sin cubrir deuda garantizada, algo sin precedentes en la historia de este territorio que seguramente acarreará "una infinidad de demandas" ante los tribunales estadounidenses.

El gobernador no se vio capaz de adelantar si quiera si se podrán pagar al menos los intereses de los títulos que vencen el 1 de julio, tal y como se ha hecho con la deuda que venció el domingo.

De los 422 millones de dólares que se tenían que pagar el domingo por el vencimiento de un préstamo contraído en 2011 por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), brazo financiero del Gobierno, únicamente se pagaron los intereses (22 millones), al tiempo que se llegó a un acuerdo para aplazar el pago de 33 millones que se debían a cooperativas financieras locales.

Así, y según detalló hoy el gobernador, el impago de este 1 de mayo ha sido de 367 millones de dólares, el más elevado con gran diferencia hasta el momento.

En cualquier caso, aclaró que se ha logrado un principio de acuerdo con bonistas titulares de 120 de esos 367 millones de dólares, que han dicho estar dispuestos a seguir negociando durante un mes más sin recurrir a los tribunales y a asumir una quita del 43,75 % .

Sin embargo, para que ese acuerdo llegue a buen término tienen que "entrar todos los acreedores del BGF", que en total acumula una deuda de 3.800 millones de dólares.

"Si nos ha costado tanto alcanzar este acuerdo, imagínense cómo sería negociar voluntariamente con todos y cada uno de los acreedores" de la Administración de Puerto Rico, que tiene emitida deuda por unos 72.000 millones de dólares, alertó el gobernador.

Por ello, insistió en que es necesario que Washington intervenga y antes del 1 de julio apruebe algún mecanismo que permita a la isla declararse en quiebra bajo la protección de la legislación federal -de la que fue excluida en 1984- y pueda reestructurar ordenadamente su deuda.

"Si no, tendremos que hacer frente a un sinnúmero de litigios en tribunales de la isla y de EE.UU.", alertó García Padilla, lo que dejará a la isla "a merced de jueces como el que recientemente prefirió darle 115 millones a Walmart antes que a Puerto Rico", apuntó en referencia a una demanda que la mayor cadena de comercio minorista del mundo interpuso contra el Gobierno por una fuerte subida de los impuestos que le cobraba.

Parte de los acreedores del Banco de Puerto Rico aceptarían una quita del 43,75 por ciento

SAN JUAN.- Cerca de una cuarta parte de los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico se han mostrado dispuestos a aceptar una quita del 43,75 % de lo que se les debe y a seguir negociando durante un mes más, según anunció hoy el Gobierno de la isla.

Este principio de acuerdo se alcanzó horas después de que el domingo por la tarde el gobernador, Alejandro García Padilla, anunciara que no se pagarían los 422 millones de dólares que tenían que abonar ese día a los titulares de deuda del quebrado BGF, brazo financiero del Gobierno.

Ello supone el primer impago masivo en la historia de este Estado Libre Asociado a EE.UU., que se adentra así en un terreno incierto, con los mercados internacionales totalmente cerrados para él y en el que previsiblemente deberá enfrentar multitud de demandas en los tribunales de EE.UU.

Sin embargo, mientras el gobernador hacía estas afirmaciones, el BGF seguía negociando con sus bonista, hasta que parte de ellos, titulares de 900 millones de dólares en títulos del banco, alcanzaron un acuerdo preliminar para la reestructuración de su deuda.

Según detalló el BGF en un comunicado, ese acuerdo consiste en continuar con las negociaciones durante 30 días más, sin que los acreedores recurran a los tribunales por el impago anunciado el domingo.

Los términos clave acordados contemplan una reestructuración en dos etapas de las obligaciones del BGF, en la que todos los titulares de las notas más antiguas (incluidos a los que han accedido a este acuerdo) se sumarían al primer intercambio por nuevas notas con un valor un 43,75 % inferior y el resto a uno posterior en el que la quita sería del 53 %.

Sin embargo, el propio BGF explicó al dar a conocer este acuerdo que "sin una legislación federal de reestructuración de la deuda, es muy poco probable que esta transacción alcance los niveles de participación necesarios", ya que se necesitaría la conformidad de todos los acreedores.

"En ausencia de una legislación federal, el BGF no sería capaz de completar el acuerdo en la forma propuesta, y el Estado Libre Asociado en su conjunto no sería capaz de avanzar hacia una reestructuración integral de la deuda de la isla", explicó en un comunicado.

Este principio de acuerdo "es el resultado de muchas semanas de negociaciones y discusiones", dijo la presidenta del BGF, Melba Acosta, que valoró "la buena fe y paciencia" demostrada por los acreedores.

"Aunque aún quedan muchos pasos antes de llegar a un acuerdo total que pueda consumarse, este acuerdo representa un primer paso vital para encaminar al Estado Libre Asociado (ELA) en la ruta a la recuperación económica", añadió.

La máxima responsable de la política económica de la isla aclaró que este principio de acuerdo "es sólo una pieza en un complicado proceso que requerirá que todos los acreedores del ELA participen".

De hecho, el BGF es sólo una de las decenas de entidades y corporaciones públicas emisoras de una deuda que en su conjunto ronda los 72.000 millones de dólares y cuya devolución absorbe cada año cerca del 15 % del presupuesto público.

"El tiempo que fue necesario para llegar tan solo a un acuerdo sobre los términos claves con una cuarta parte de los tenedores de bonos de un solo emisor demuestra que, en ausencia de legislación federal que le dé a Puerto Rico las herramientas que necesita, la economía de la isla seguirá estancada, y tanto los 3,5 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico como nuestros acreedores pagarán las consecuencias", advirtió.

La Casa Blanca alerta de que la situación en Puerto Rico "empeora cada día"

WASHINGTON.- La Casa Blanca alertó hoy de que la situación en Puerto Rico, que este domingo incurrió en su primer impago masivo de deuda, "empeora cada día", al reiterar la "urgencia" de que el Congreso de EE.UU. actúe al respecto.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, comentó que espera que ese impago masivo y la declaración de hoy del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, acerca de que la isla tampoco tendrá dinero para pagar los vencimientos de deuda del 1 de julio "creen un nuevo sentido de urgencia" entre los miembros del Congreso de EE.UU.

"Han pasado 194 días desde que la Administración (del presidente Barack Obama) ofreció una propuesta legislativa para hacer frente a esta situación", recordó Earnest en su rueda de prensa diaria.

Según el portavoz de Obama, "desgraciadamente" el Congreso, controlado por los republicanos, no está actuando con la rapidez necesaria para que "un rescate a Puerto Rico sea menos probable".

Este domingo, el gobernador de Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EE.UU., anunció su decisión de aplicar una moratoria unilateral en el pago de los 422 millones de dólares que debía abonar a los titulares de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Ejecutivo.

Aunque en meses pasados ya había dejado de pagar algún vencimiento puntual de deuda, el anunciado este domingo es el primer impago masivo en la historia de esta isla caribeña.

La isla lleva meses reclamando al Congreso de EE.UU. "un proceso de reestructuración que no le costará nada a los contribuyentes" y que "nos permitiría asegurar que Puerto Rico, de cara al futuro, sea viable", explicó García Padilla en un mensaje público a la ciudadanía.

Hoy el gobernador adelantó que la isla tampoco tendrá dinero para pagar los vencimientos de deuda del 1 de julio, entre los que hay unos 700 millones de dólares en obligaciones generales, cuyo pago está garantizado por Constitución local.

García Padilla ha invitado a los acreedores a negociar de "buena fe", en referencia a los cerca de 2.000 millones de dólares en deuda que vencerá en julio.

Si EE.UU. no aprueba antes algún mecanismo de reestructuración, Puerto Rico dejará sin cubrir deuda garantizada, algo sin precedentes en la historia de este territorio que seguramente acarreará "una infinidad de demandas" ante los tribunales estadounidenses.

El Tesoro de EE.UU. urge al Congreso a actuar para evitar "impagos en cascada" en Puerto Rico

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, advirtió hoy al Congreso del riesgo de "impagos en cascada" del gobierno de Puerto Rico y de que si no aprueba "la propuesta de reestructuración" de la deuda de la isla, "el rescate" federal "puede convertirse en la única salida legislativa posible".

En una carta remitida al Congreso, Lew subrayó que sin acción legislativa "el rescate federal con fondos de los contribuyentes puede convertirse en la única salida disponible".

"Sin un marco de reestructuración ordenado para encarar sus deudas, Puerto Rico enfrentará una serie de impagos en cascada", señaló en la misiva dirigida a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado.

Además, Lew indicó que "los litigios, que ya están en marcha, solo se intensificarán" y "necesitarán de años antes de resolverse".

Este domingo, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció su decisión de aplicar una moratoria unilateral en el pago de los 422 millones de dólares que debía abonar a los titulares de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Ejecutivo.

Aunque en meses pasados ya había dejado de pagar algún vencimiento puntual de deuda, el anunciado este domingo es el primer impago masivo en la historia de esta isla caribeña.

Un día después, el gobernador puertorriqueño adelantó hoy que no habrá dinero para pagar los 2.000 millones que vencerán el 1 de julio, entre los que hay unos 700 millones de dólares en obligaciones generales, cuyo pago está garantizado por la Constitución local y que seguramente acarreará "una infinidad de demandas" ante los tribunales estadounidenses.

El "número dos" en la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, aseguró la pasada semana que espera que se consiga una propuesta legislativa para el 1 de julio.

La Administración de Puerto Rico acumula una deuda de 72.000 millones de dólares, considerada "impagable" por el gobierno local en medio de la aguda crisis económica que registra la isla caribeña, que cuenta 3,5 millones de habitantes.

Dado que Puerto Rico es formalmente un estado libre asociado a EEUU y no un estado más de la Unión, no puede acogerse a la protección del Capítulo 9 de la Ley de Bancarrota, algo que ha solicitado de manera insistente el Gobierno de García Padilla para reestructurar el pago de esta deuda y que ha sido rechazado por los republicanos que controlan ambas cámaras del Congreso.

La economía de Puerto Rico lleva nueve años seguidos de recesión, lo que ha provocado una importante migración de residentes de la isla hacia el territorio continental estadounidense.

Puerto Rico teme una "batalla campal" en los tribunales ante la inacción de EE.UU.

SAN JUAN.- El Gobierno de Puerto Rico imploró hoy a EE.UU. que le permita declararse en bancarrota antes de julio, cuando podría desatarse una "batalla campal" en los tribunales si los bonistas -a los que ofrece una quita del 53 %- no aceptan sentarse a negociar "de buena fe".

Un día después de incurrir en su primer impago masivo de deuda (al dejar de pagar 367 de los 422 millones de dólares que debía y aplazar el abono de otros 33 millones), el gobernador Alejandro García Padilla adelantó hoy que no habrá dinero para pagar los 2.000 millones que vencerán el 1 de julio.

Lo más grave es que 700 de esos millones son obligaciones generales, cuyo pago está garantizado por la Constitución local, lo que supondría el primer impago de deuda garantizada en la historia de la isla, algo que pocos jueces respaldarían.

"No se anticipa que tengamos el dinero", por lo que "invitamos" a los acreedores "a que negocien de buena fe", dijo García Padilla en una conferencia de prensa rodeado del núcleo duro de su gabinete, cada vez más aislado del resto de la clase política de la isla, donde está prevista la celebración de elecciones en noviembre.

Aunque el gobernador dijo tener esperanza en que el Congreso federal aprobará de una vez algún mecanismo que le permita declararse en quiebra bajo la ley federal y reestructurar ordenadamente la deuda, su equipo económico, encabezado por Melba Acosta, sigue sumido en intensas negociaciones voluntarias con los bonistas.

Su idea es seguir tratando de realizar los pagos menores que se vayan presentando en las próximas semanas, pero "no se descartan moratorias adicionales como la aplicada el domingo", explicó el gobernador, que llamó la atención sobre lo complicado de negociar acreedor por acreedor.

De hecho, tras meses negociando hasta el momento sólo se ha llegado a un principio de acuerdo con titulares de unos 900 millones de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que en total tienen notas emitidas por 3.800 millones.

Esos bonistas, que tenían 120 de los 422 millones que vencían el domingo y de los que sólo se pagaron los intereses (22 millones), han dicho estar dispuestos a seguir negociando durante un mes más y a asumir una quita temporal del 43,75 % .

La idea es que cuando ese acuerdo se cierre se pueda ofrecer a todos los demás bonistas del BGF y que todos ellos lo acepten, porque si no, no se puede aplicar.

Lo que se les ofrece es un intercambio de sus bonos por otros provisionales con un principal un 43,75 % inferior y con préstamos municipales como colateral, en lo que se logra una reestructuración del principal de toda la deuda de la isla.

Cuando llegue ese momento, si llega, el Gobierno les puede hacer entrar en la negociación general, lo que llevaría a realizar un segundo intercambio de títulos con una reducción del principal del 53 % respecto del valor a día de hoy.

Esto quiere decir que el Gobierno de la isla baraja una quita general del 53 % sobre el principal, un notable descuento que parece difícil que los bonistas admitan voluntariamente, si el proceso de negociación no está sujeto a la Ley de Quiebras de EE.UU.

"Si nos ha costado tanto alcanzar este acuerdo, imagínense cómo sería negociar voluntariamente con todos y cada uno de los acreedores" de la Administración de Puerto Rico, que acumula deudas por 72.000 millones, alertó el gobernador.

Igualmente, recordó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el monopolio público del sector eléctrico, tardó un año y medio en pactar con los titulares de sus 9.000 millones de deuda.

"O el Congreso nos da un proceso de reestructuración que funcione, y no uno plagado de defectos a propósito, o tenemos que embarcarnos en un proceso de negociaciones voluntarias que van a ser así de complicadas", advirtió.

Por ello, insistió en que es necesario que EE.UU. apruebe cuanto antes un mecanismo que permita a la isla declararse en quiebra bajo la legislación federal -de la que fue excluida en 1984- y pueda reestructurar ordenadamente su deuda.

"Si no, tendremos que hacer frente a un sinnúmero de litigios", explicó, lo que dejará a la isla "a merced de jueces como el que recientemente prefirió darle 115 millones a Walmart antes que a Puerto Rico", que es un Estado Libre Asociado de EE.UU.

"Nuestro principal enemigo ahora mismo es la politiquería en Puerto Rico y en EE.UU. El Congreso de EE.UU. no tiene menos mezquindad política que la esfera puertorriqueña", lamentó, al tiempo que pidió unidad a los puertorriqueños y rechazó entrar en el debate del estatus político de la isla.

"El país va a salir adelante, es cuestión de tiempo", dijo, tras recordar que otros países han pasado ya por esto y que los que "trabajan unidos tardan menos en salir de esta circunstancia".

Comunistas boricuas llaman a honrar fecha en su lucha contra la colonia

SAN JUAN.- El Partido Comunista de Puerto Rico (PCPR) extendió hoy un "fraternal abrazo revolucionario" a la clase trabajadora este Primero de Mayo, haciendo un llamamiento a honrar la fecha "luchando contra la colonia".

"La lucha de los mártires de Chicago continúa siendo la lucha de obreros y obreras que sufren hoy el resquebrajamiento de sus derechos y niveles de vida alcanzados con fuego y sangre" expresó la Comisión Política del PCPR con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

Destacó que la clase obrera puertorriqueña, que no es ajena a esa realidad, lucha "contra el régimen colonial en crisis".

"Es necesario dirigir nuestras fuerzas a un rechazo contundente a la imposición de una junta de control fiscal sobre los hombros del pueblo", dijo en referencia al mecanismo que impulsa el Congreso de Estados Unidos para profundizar su dominio sobre esta isla del Caribe, que invadió en 1898.

Para los comunistas puertorriqueños tal imposición representa la herramienta más adecuada del gran capital para disciplinar a la clase trabajadora "con la imposición de un salario que llene las necesidades de los magnates financieros del mercado mundial".

La imposición de la junta fiscal pretende "el desmantelamiento severo de todo lo que hemos adquirido y defendido con lucha y resistencia desde hace más de medio siglo en pos de nuestras necesidades como clase trabajadora".

El PCPR advirtió que mediante ese mecanismo se "reducirán los servicios públicos de protección social, los cuales, mal o bien, son brindados al pueblo obrero", lo que afectará principalmente a la niñez y los ancianos.

"Nos impondrán una carga descomunal de impuestos a la clase trabajadora y los pequeños negocios, y con esto el lanzamiento de una ofensiva del pillaje desenfrenado de los recursos del país", subrayó la organización comunista en declaraciones entregadas a Prensa Latina en San Juan.

Apuntó que esto significa la liquidación de cualquier espacio de gobierno propio que se podría instalar entre las grietas del aparato de administración colonial.

Aclaró que los trabajadores no tenemos que sentirnos responsables por el desastre ni sentirnos obligados a pagar por los trastes rotos, pues la deuda es un problema del capitalismo y la situación colonial.

"Imponer el crédito sobre los pueblos para que consuma la producción en exceso generada que no se logra vender es un crimen sobre millones de personas y las masas trabajadoras no lo podemos legitimar; el pueblo obrero debe anular la deuda ilegal", aclaró.

Los comunistas boricuas condenaron a los colaboradores del régimen colonial en quiebra, que "ha traicionado al pueblo", aparte de que "no ha hecho otra cosa que administrar y dirigir los fondos públicos hacia las alcancías de los buitres de Wall Street y sus parásitos boricuas".

El Partido Comunista consideró que la imposición de una junta de control fiscal representa el abandono de toda pretensión democrática por el obstáculo que implica para maximizar la ganancia del capital financiero.

"El circo electoral es una mera distracción; son igualmente cómplices en esta ofensiva todos aquellos que desvíen a los obreros del único camino revolucionario que realmente solucionará la crisis social; aquellos que convencen a los obreros de soluciones que conserven la lógica de la propiedad privada capitalista", estableció.

Los comunistas boricuas llamaron "a todo el sector revolucionario y anticolonial, a desafiar y resistir activamente este intento de añadirle más cadenas a la intolerable subordinación colonial".

Puerto Rico anuncia un impago masivo de su deuda

SAN JUAN.- Después de un año de varios incumplimientos, el Gobierno de Puerto Rico confirmó este domingo que no atenderá los 422 millones de dólares que vencían y que constituyen el mayor impago del país hasta la fecha. La isla atraviesa una dura crisis desde hace más de una década y camino desde hace un año al borde de la bancarrota, con una deuda pública de 72.000 millones de dólares que es incapaz de pagar.

El gobernador, Alejandro García Padilla, anunció la medida por la tarde, en un mensaje televisado. "Al enfrentarnos con la falta de liquidez para satisfacer tanto las necesidades de nuestros acreedores como las de los servicios a nuestra gente, he tenido que elegir. Y elegí: decidí que tus necesidades básicas van por encima de todo", dijo en dirigente.

En concreto, lo que ha firmado el ejecutivo es una moratoria temporal de los títulos de deuda emitidos por una agencia pública, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), un tipo de valor que deja a sus titulares, los acreedores, pocas posibilidades de reclamar. Hasta ahora, Puerto Rico sí ha ido cumpliendo con los vencimientos más protegidos legalmente.

Padilla admitió el pasado mes de junio que el país se estaba quedando sin dinero para pagar sus deudas y comenzó un tortuoso intento de reestructuración de la deuda. El complicado estatuts jurídico de la isla (es un estado libre asociado a EEUU) le obliga a cumplir con ciertas regulaciones económicas estadounidenses, pero no le permite acogerse a un proceso de quiebra ordenada como el que en su día llevó a cabo Detroit.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa un plan de reestructuración de la deuda, que implica plazos más largos y una quita considerable, pero no ha habido acuerdo alguno. Tampoco ha encontrado alivio en Washington, donde los congresistas demócratas y republicanos no han llegado a ningún acuerdo sobre cómo pueden facilitar una salida a la isla que no pase por un rescate financiero.

"No queremos un rescate financiero. Ni nos lo han ofrecido. Lo que queremos es un proceso de reestructuración que no le costará nada a los contribuyentes de EE UU Simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis y asegurar que Puerto Rico, de cara al futuro, sea viable", dijo este domingo el gobernador.

"La mayoría de nuestros niños reciben la educación en las escuelas públicas. La mitad de nuestra población recibe su cubierta de servicios médicos del Gobierno, incluyendo las medicinas recetadas que necesitan para sobrevivir", explicó para resumir cuál es la situación actual.

Esa situación "es tan difícil", señaló, "que a duras penas podemos proveer los servicios que nuestros estudiantes de educación especial necesitan desesperadamente" o "pagar la gasolina que necesitan las patrullas de nuestros policías y los camiones de nuestros bomberos".
"Sencillamente no tenemos dinero suficiente para pagar todos esos servicios y a la vez pagarle también a nuestros acreedores", algo de lo que, según dijo, "tanto el Congreso (federal) como los acreedores son plenamente conscientes".
Sin embargo, "hasta el momento, no han tomado acción, y la crisis cada día se hace más profunda", lamentó el gobernador, quien recordó que hace ya casi un año anunció que Puerto Rico no podía pagar su deuda de más de 70.000 millones de dólares sin una reestructuración y la intervención del Congreso de Estados Unidos.
En su mensaje acusó a los "poderosos opositores del pueblo de Puerto Rico" de lanzar "una campaña brutal de discrimen racial" contra los puertorriqueños y convencer a algunos congresistas de que Puerto Rico no necesita "un proceso justo de reestructuración, sino un castigo colectivo".
"En una acción de pura codicia, algunos de los fondos buitres y sus cabilderos quieren privar a Puerto Rico" de poder declararse en quiebra bajo la protección de la legislación federal, lo que permitiría reestructurar la deuda de forma ordenada y sin tener que hacer frente a las demandas que un impago como el hoy anunciado previsiblemente se agolparán en los tribunales estadounidenses.
El gobernador también dijo estar en contra de la condición que Washington quiere imponer a cambio de esa incorporación y que consiste en someter al Gobierno local al control de una junta externa.
Para García Padilla la imposición de una junta que esté por encima del Gobierno es una falta de respeto al derecho de autogobierno de este Estado Libre Asociado y solo la aceptaría si se limitara a brindar "asistencia" para "balancear el presupuesto y mejorar la disciplina fiscal".
"Nos oponemos firmemente a una junta de control fiscal con funcionarios federales cuyas decisiones prevalezcan sobre las de tu Gobierno, decidiendo cómo se gasta tu dinero o a quién se le paga primero, o que tenga el poder de vetar, enmendar o derogar nuestras leyes a su antojo y sin ninguna responsabilidad de rendirte cuentas a ti", argumentó.
"Sería una vergüenza pública que los Estados Unidos tuvieran que admitir ante la comunidad de naciones del mundo que, mientras se va a la guerra en la defensa de la democracia en tierras extranjeras, se la deniegan a los puertorriqueños en su propio patio", advirtió.
En ese sentido, señaló que los lazos entre Puerto Rico y Estados Unidos "están basados en la ciudadanía común y en que estamos firmemente comprometidos con la justicia, la democracia y la libertad".
"Si el Congreso actúa de manera distinta, estaría restableciendo el poder colonial sobre Puerto Rico, y eso abriría una caja de pandora con consecuencias sumamente peligrosas", advirtió.
El mandatario apeló a la "sangre derramada" por los cientos de miles de puertorriqueños que han servido en las fuerzas armadas estadounidenses, incluso en unidades segregadas.
"Ahora, le toca el turno a Estados Unidos de demostrar que ese compromiso que nosotros hemos demostrado con nuestra sangre es mutuo", apuntó García Padilla, quien afirmó seguir teniendo "fe" en la ayuda de Washington y se comprometió a "seguir trabajando para negociar con nuestros acreedores".

Aunque el anuncio se hizo hoy, y se daba por descontado entre los analistas, el impago no será hasta acabar el día de mañana, laborable. El país afronta nuevos vencimientos de deuda abultados en el calendario. Solo en intereses, según datos de Bloomberg, habrá unos 1.000 millones.

Luis Gutiérrez: “Puerto Rico pide dignidad y no colonialismo”

WASHINGTON.- Puerto Rico enfrenta la crisis fiscal más grave de su historia. Setenta mil millones de dólares en número rojos crean una presión financiera tan grande que obliga a miles en la isla a emigrar a Estados Unidos.

Pese a su estatus de “Territorio Libre Asociado”, Puerto Rico no recibe, de acuerdo al congresista demócrata Luis Gutiérrez, la ayuda necesaria e igualitaria de debería.

“Puerto Rico es propiedad de Estados Unidos, pero no es parte de él bajo, la Cláusula Territorial. Por consiguiente, Estados Unidos es responsable de la isla”, dijo a la Voz de América, el congresista Luis Gutiérrez.

“La crisis se da por muchos factores. ¿Por qué bombardearon a Vieques por décadas sin pagarnos esos daños?, ¿Por qué subsidiamos a la Marina de EE.UU?” se preguntó el legislador.

Según Gutiérrez, de ascendencia puertorriqueña y representante de Illinois, buena parte de los mejores terrenos de la isla son bases navales por las que EE.UU no paga.

“Es una situación de desigualdad. Es una colonia de Estados Unidos. Es tiempo de darle a Puerto Rico la libertad de crear su nuevo futuro”, dijo.

Gutiérrez cuestionó fuertemente la decisión del presidente Barack Obama de promover inversiones en Cuba al tiempo que Puerto Rico enfrenta la peor crisis financiera de su historia.

La empresa española 'Abertis' prolonga diez años más la concesión de sus autopistas en Puerto Rico

BARCELONA.- La empresa española Abertis ha acordado con las autoridades de Transportes de Puerto Rico ampliar en diez años, hasta el 2061, el plazo de concesión de Metropistas, empresa en la que Abertis tiene una participación del 51%, junto a Goldman Sachs, que ostenta el 49%, según ha informado este jueves la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  

Metropistas opera las autopistas PR-22 y PR-5 de Puerto Rico y el año pasado aportó 107 millones de euros a los ingresos de Abertis y 69 millones de euros a su resultado bruto de explotación (Ebitda). Esta ampliación del plazo de concesión forma parte de la compensación que las autoridades de Puerto Rico han acordado con Metropistas tras modificar el contrato actual, a fin de realizar nuevas inversiones y pagos.  

En concreto, Metropistas ha pactado con Puerto Rico inversiones adicionales para la implementación y operación de nuevos pórticos de peaje, así como un pago único por adelantado a las autoridades de transportes portorriqueñas de 100 millones de dólares (unos 88,5 millones de euros). También han acordado un pago diferido de 15 millones de dólares (13,2 millones de euros) y el reparto del 30% de ciertos ingresos en los nuevos pórticos.  

A cambio de estas modificaciones en el contrato de concesión, las autoridades de Puerto Rico han ampliado el plazo de concesión una década y han aumentado la participación de los ingresos de Metropistas por la operación y mantenimiento de los peajes dinámicos en la autopista PR-22 desde el actual 50% al 75% de los ingresos totales del peaje.
El acuerdo anunciado hoy supone asegurarse unas concesiones por las que pasan cada día una media de 67.224 vehículos. Abertis está en Puerto Rico desde 2011, cuando pagó 762 millones de euros por las concesiones. La autopista PR-22, conocida como autopista José de Diego, tiene 83 kilómetros y es la más transitada del país. La PR-5, inaugurada en 2006, discurre por cuatro kilómetros del área metropolitana de San Juan. Metropistas aportó el pasado año 107 millones de euros en ingresos y 69 millones en Ebitda.