SAN JUAN.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, declaró hoy un “período de emergencia” para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero de la Administración local, en aras de “proteger y preservar” los servicios esenciales de los habitantes de la isla.
Según
explicó el Ejecutivo en un comunicado, la alerta la declaró mediante
una orden ejecutiva, que le concedió la llamada Ley de Moratoria de
Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, que le permite
detener el pago de las obligaciones derivadas de la deuda de más de
72,000 millones de dólares que acumula esta isla.
García Padilla
indicó que el periodo de emergencia protege y preserva “los servicios
esenciales de salud, seguridad y bienestar de los residentes del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico”, estatus político como se le conoce a
este territorio caribeño.
“A esos efectos, la orden ejecutiva
establece procedimientos razonables y necesarios para preservar la
liquidez del BGF y permitirle continuar sus operaciones en beneficio de
la salud, seguridad y bienestar del pueblo”, señaló.
Enfatizó que
con la intención de “propiciar negociaciones constructivas entre el BGF
y sus acreedores” y a la luz de las conversaciones en curso, esta orden
ejecutiva “no impone una moratoria sobre el pago de principal o interés
en bonos emitidos por el BGF”.
“Estamos esperanzados que dichas
negociaciones logren acuerdos justos para beneficio del pueblo de Puerto
Rico”, dijo sobre el difícil situación financiera de la isla.
García
Padilla ha insistido que la deuda de más de 72.000 millones de dólares
no podrá pagarse como estaba acordado y por ello pidió que el territorio
pueda acogerse al Capítulo 9 de la ley de quiebras federal
estadounidense.
Fundado en 1942, el BGF se creó para guiar las
estrategias financieras de este Estado Libre Asociado y sus entidades
públicas para financiar el desarrollo de inversiones públicas a largo
plazo.
Además de servir como agente fiscalizador y asesor
financiero, el BGF se convirtió en el gran prestamista de los diferentes
estamentos de la Administración pública, aunque desde 2001 tiene
problemas de liquidez que ha ido subsanando con la emisión de nueva
deuda.
La crisis económica en Puerto Rico ha abonado a que cada
día una media de 166 personas abandona la isla, con lo que en la última
década se ha perdido un 10% de la población, que emigra a EE.UU. en
busca de mejores perspectivas.
Puerto Rico tiene una deuda pública de 72.000 millones de dólares, de los cuales 49 millones corresponden al BGF, que tiene funciones parecidas a un banco central.
La deuda de la institución financiera está garantizada por la constitución del ELA, sistema de gobierno establecido en 1952 con el fin de dar cierta autonomía a Puerto Rico, para sacarlo de la lista de países coloniales de las Naciones Unidas.
El gobernador se mostró esperanzado en que las negociaciones con los acreedores alcancen "acuerdos justos para beneficio del pueblo de Puerto Rico".
Puerto Rico navega en un mar de incertidumbre económica y fiscal que parece dirigirlo a la insolvencia total ante la pasividad mostrada por Washington, que se ha negado a lanzarle un salvavidas frente a las presiones que ejercen los acreedores, en particular los tenedores de fondos buitre.
Puerto Rico tiene una deuda pública de 72.000 millones de dólares, de los cuales 49 millones corresponden al BGF, que tiene funciones parecidas a un banco central.
La deuda de la institución financiera está garantizada por la constitución del ELA, sistema de gobierno establecido en 1952 con el fin de dar cierta autonomía a Puerto Rico, para sacarlo de la lista de países coloniales de las Naciones Unidas.
El gobernador se mostró esperanzado en que las negociaciones con los acreedores alcancen "acuerdos justos para beneficio del pueblo de Puerto Rico".
Puerto Rico navega en un mar de incertidumbre económica y fiscal que parece dirigirlo a la insolvencia total ante la pasividad mostrada por Washington, que se ha negado a lanzarle un salvavidas frente a las presiones que ejercen los acreedores, en particular los tenedores de fondos buitre.
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