Reafirma agenda de equidad de género el ministro de Justicia de Puerto Rico

SAN JUAN.- El ministro puertorriqueño de Justicia, César Miranda, reafirmó la agenda de equidad de género que desarrolla el gobierno en el país con la comunidad Lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT). Las expresiones del funcionario se produjeron al confirmarse la muerte de 23 puertorriqueños en la masacre en la discoteca gay Pulse Orlando, en la ciudad estadounidense de Orlando, en Florida.

"Ante dicha pérdida, vengo obligado a reflexionar sobre las problemáticas sociales que convergen para facilitar esta matanza: la intolerancia en cuanto a preferencias de género, la discriminación contra los latinoamericanos en Estados Unidos y el amplio acceso a las armas en ese país", dijo Miranda.

En la masacre de Orlando el estadounidense Omar Seddique Mateen asesinó a medio centenar de personas y dejó otras 53 heridas al disparar a mansalva con un fusil automático, presuntamente cegado por el odio a los gays.

Opinó que "hay que reafirmar nuestro compromiso con estos tres frentes en Puerto Rico y unirnos con nuestra diáspora y al pueblo estadounidense para continuar dando pasos de avance en la dirección de la equidad".

Mencionó como pasos de avance en Puerto Rico el reconocimiento del matrimonio igualitario aprobado el verano de 2015, el currículo de equidad de género adoptado en las escuelas públicas y la inclusión de padres del mismo género en los certificados de nacimiento de niños adoptados.

"Los prejuicios no desaparecen de un día para otro, (pues) tan reciente como hace dos semanas -y por primera vez en Puerto Rico- un jurado autorizó el agravante de crimen de odio en el Tribunal de Primera Instancia en Ponce, en el caso del asesinato de un joven homosexual", consignó Miranda.

Consideró que "hay que continuar educando hasta lograr que las nuevas generaciones no sigan cargando con prejuicios contra minorías".

"Esta agenda es compartida sin duda entre todos los sectores: el Estado, el sector privado, las comunidades, los grupos religiosos y políticos", recalcó Miranda.

Desamparados los ancianos y la niñez de Puerto Rico ante la crisis económica

SAN JUAN.- Las personas de mayor edad han entrado junto a la niñez en un desamparo ante la crisis económica que experimenta Puerto Rico, aseguró la ministra del Departamento de la Familia, Idalia Colón Rondón. La funcionaria señaló que la situación de empobrecimiento de los ancianos es más dramática en el sector montañoso de esta isla del Caribe, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde 1898.

"Se pasa hambre en Puerto Rico", afirmó Colón Rondón a los periodistas al presentar el Plan de Acción Integral de Desarrollo Social, un estudio realizado por el gubernamental Consejo Especial para Atender la Desigualdad Social, que preside.

Reveló que la marginalidad afecta principalmente a ancianos y a los residentes de la montaña, mientras el 58 por ciento de la niñez vive bajo los niveles de pobreza.

Esa proporción infantil se eleva al 75 por ciento en los núcleos familiares donde hay menores de cinco años.

Colón Rondón precisó que la carencia de trabajo de los padres es un factor importante en la pobreza de sus hijos.

Igualmente el embarazo a edades muy tempranas, la adolescencia, es otro factor determinante para la miseria económica.

La ministra de la Familia reconoció que, distinto a una percepción tan generalizada como equivocada, el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) "no cubre la totalidad de las necesidades alimentarias" de sus beneficiados.

Estos descubrimientos se traducirán en un incremento de siete millones de dólares para la Administración de Familias y Niños (Adfan), organismo que atiende a la población de adultos mayores, que ha visto un alza en las solicitudes de ayuda de este sector.

"Ese es precisamente el renglón que nos ha ocasionado una insuficiencia de fondos en Adfan porque la necesidad de los adultos mayores para el servicio de amas de llaves, cuidado sustituto, cada día son más los viejos y las viejas que viven solos, en condiciones infrahumanas", subrayó.

Colón Rondón manifestó que ese es el sector de la población en mayor desventaja y en mayor crecimiento y sin muchos servicios de apoyo.

Vivienda, salud y servicios sociales constituyen las particulares necesidades de esa población.

La demografía de Puerto Rico revela una población en crecimiento de adultos de sobre 60 años de edad, lo que significa un reto social para su sobrevivencia, pues a la vez que profundiza la pobreza, los servicios de salud a esas edades son altamente costosos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, indicó a los periodistas que las organizaciones no gubernamentales que proveen ciertos servicios apremiantes deben resultar beneficiados en la distribución de 20 millones de dólares que hará el gobierno.

Explicó que esta es la primera guía social que tiene el gobierno puertorriqueño para asignar los recursos, lejos de hacerlo únicamente por determinada percepción de los problemas.

El Supremo de EE.UU. da un nuevo golpe contra el estatus político de Puerto Rico

SAN JUAN.- La declaración de inconstitucional por el Tribunal Supremo de EE.UU. de la ley con la que Puerto Rico pretendía facilitar la quiebra las empresas públicas de la isla fue recibida hoy en la isla como un nuevo golpe para quienes aún defienden el actual estatus político puertorriqueño.

"Esto no deja de ser un golpe para lo que establecieron EE.UU. y Puerto Rico ante la comunidad internacional en 1953", dijo hoy el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en referencia al momento en que la ONU reconoció el Gobierno de la isla y eximió a EE.UU. de rendir informes sobre el progreso de Puerto Rico hacia un gobierno autónomo.

"Quien fue allí a decir que Puerto Rico tenía pleno Gobierno propio, al nivel de un estado, fue EE.UU. Nosotros no le mentimos a la Comunidad de Naciones. Lo que está diciendo la posición actual del Gobierno de EE.UU. es que ellos se están retractando de lo que dijeron entonces", añadió el mandatario en una rueda de prensa.

García Padilla reaccionó así ante la decisión de hoy del Supremo federal de invalidar la ley que él mismo impulsó en 2014 para establecer un proceso local de bancarrota similar al que la Ley federal de Quiebras establece para el resto de los Estados de EE.UU. y de la que Puerto Rico fue excluido en 1984.

Los jueces establecieron que la gestión de las quiebras de las entidades públicas de EE.UU. recae sobre el Congreso federal y que Puerto Rico no tiene autoridad para reestructurar su deuda bajo un régimen paralelo.

Al igual que otras reputadas voces de la isla, el gobernador sostiene que Estados Unidos ha cambiado de postura sobre Puerto Rico y ha desenmascarado su aproximación colonialista hacia la isla, algo que dijo estar dispuesto a defender en el Comité de Descolonización de la ONU que se reunirá el 20 de junio.

El aspirante a sucederle en el cargo a partir de las elecciones de noviembre, David Bernier, también considera que la decisión del Supremo, contra la que ya no cabe recurso alguno, sobre la conocida como Ley de Quiebra Criolla "reafirma la necesidad de aclarar los contornos de la relación entre Puerto Rico y EE.UU.".

Conviene aclarar los términos de esa relación, dijo, "para que el presente y el futuro de nuestra economía y nuestra gobernanza no esté sujeto a ambigüedades interpretativas".

"Más allá de los debates jurídicos o ideológicos, el país necesita estabilidad y bases firmes para que podamos enfrentar unidos la crisis económica y así poder reemprender la ruta del desarrollo y la prosperidad", defendió el también presidente del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), un partido que basa su existencia en la defensa del estatus político de la isla como un Estado Libre Asociado.

Efectivamente, la decisión del Supremo supone un nuevo varapalo para quienes defienden la autonomía de Puerto Rico, ya que viene a insistir en que su soberanía reside en Washington y que la última fuente de poder sobre la isla es el Congreso estadounidense.

Este golpe llega tan sólo unos días después de que la semana pasada el Supremo emitiera otra sentencia en el mismo sentido, en este caso relativa a la soberanía jurídica de la isla, al negarle el derecho a juzgar a una persona que ya hubiera sido juzgada por la Justicia federal por los mismos delitos.

El secretario del Departamento local de Justicia, César Miranda, junto a Margarita Mercado Echegaray, procuradora general,se reconoció hoy "sorprendido" ante una decisión que, en su opinión, deja absolutamente desvalida a la isla para lidiar con la deuda que acumulan sus entidades públicas.

"Presentamos este caso ante el Tribunal Supremo de EE.UU. porque estábamos y estamos absolutamente convencidos de que es jurídicamente imposible que se dejara a Puerto Rico en una total indefensión con relación al tema de la reestructuración de su deuda", argumentó Miranda.

Según dijo en un comunicado, "no hay precedente en el sistema de justicia americano en el que se haya dejado desprovisto de un recurso de reestructuración a ningún estado de EE.UU.".

"Es inexplicable el que se acepte como correcta la exclusión en el 1984 de la protección del Código Federal de Quiebras sin que medie en el récord legislativo la más mínima expresión de por qué se hizo", afirmó.

Obama se compromete a que el pueblo de Puerto Rico tenga voz en su crisis fiscal

WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Barack Obama, se comprometió hoy a que los puertorriqueños "estén bien representados" en el proceso de reestructuración de su deuda, a través la legislación que esta semana aprobó la Cámara de Representantes.

En su alocución semanal de los sábados, el mandatario reconoció que el proyecto de ley que ahora debe pasar al Senado no es "una ley perfecta", sin embargo consideró que es "la única opción disponible para salvar a Puerto Rico de una caída descontrolada".

Este jueves, la Cámara Baja aprobó el texto, cuyo acrónimo se conoce como "Promesa", y por el cual se establece un camino a la reestructuración de los más de 70.000 millones de deuda que enfrenta la isla, con la creación de una junta fiscal que supervise el proceso, lo que algunos consideran una injerencia por parte del Gobierno federal.

Ante la polémica disposición de este grupo de supervisión, que será escogido en última instancia por Obama, el mandatario insistió en que se encargará de que los puertorriqueños estén representados.

El presidente aseguró que comprende la preocupación que suscita este tipo de supervisión, pero recordó que "cualquier solución a esta crisis debe respetar los derechos democráticos del pueblo de Puerto Rico".

"Me comprometo a asegurar que los puertorriqueños estén bien representados en este proceso, de modo que podamos estar seguros de tomar las medidas que mejor le sirvan a la isla", afirmó.

"En este momento, Puerto Rico está gastando cerca de un tercio de sus ingresos de impuestos en el pago de deudas, mucho más que en ningún otro sitio en Estados Unidos. Y el 1 de julio, la isla enfrentará otros pagos de deudas que no puede pagar por un monto de 2.000 millones", añadió.

Por eso, consideró que sólo a través de esas herramientas contempladas en "Promesa" se puede encontrar "una vía fiscal sostenible encaminada al crecimiento y las oportunidades para su gente".

"Esta legislación no les costará un centavo a los contribuyentes federales. No incluye rescates financieros dirigidos a intereses especiales", subrayó el mandatario/

"Y le ofrece a Puerto Rico -agregó- la capacidad de reestructurar su deuda, proteger los servicios esenciales y proveer protecciones importantes a las pensiones públicas de las que dependen más de 300.000 personas para jubilarse con dignidad".

El secretario del Tesoro urge al Senado a aprobar el plan para la deuda de Puerto Rico

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, urgió anoche al Senado a acelerar la tramitación de la ley que permitirá a Puerto Rico reestructurar su deuda antes de que el 1 de julio tenga que liquidar más de 2.000 millones a sus acreedores.

"El tiempo es esencial. El 1 de julio, Puerto Rico se enfrenta a casi 2.000 millones en pagos con dinero que no tiene y sin esta ley, Puerto Rico se enfrenta al caos", aseguró Lew en un comunicado.

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó anoche el proyecto de ley para atajar la deuda fiscal de Puerto Rico, que establece la creación de una junta de control fiscal sobre el Gobierno de la isla para controlar la elaboración y cumplimiento de los presupuestos y facilitar la reestructuración de la deuda.

La votación del proyecto, cuyo acrónimo es "Promesa", resultó con 297 a favor y 127 en contra y tuvo lugar tras una intensa jornada en la que el presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, argumentó que el proyecto no tendrá coste alguno para los contribuyentes estadounidenses.

"Quiero felicitar a la Cámara de Representantes por haber aprobado una legislación crítica para hacer frente a la deuda de Puerto Rico. Es un compromiso bipartidista y, pese a que no es perfecto, permitirá a Puerto Rico reducir los pagos de deuda y enfocarse en construir una economía saludable", señaló Lew.

"Solo con el trabajo continuado del Congreso se puede evitar que la situación de Puerto Rico empeore. Urjo al Senado a adoptar el proyecto de ley sin el menor retraso", apuntó Lew.

La Cámara Baja de EE.UU. avanza una ley para atajar la deuda de Puerto Rico

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de EEUU aprobó anoche el proyecto de ley para atajar la deuda fiscal de Puerto Rico, que establece la creación de una junta de control fiscal sobre el Gobierno de la isla para controlar la elaboración y cumplimiento de los presupuestos y facilitar la reestructuración de la deuda.

La votación del proyecto, cuyo acrónimo es "Promesa", acabó con 297 a favor y 127 en contra, y se celebró tras una intensa jornada en la que el presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, argumentó que el proyecto no tendrá coste alguno para los contribuyentes estadounidenses.

"Ya que Puerto Rico es un territorio estadounidense, en última instancia la responsabilidad es del Congreso, tal y como dice la Constitución", argumentó Ryan, quien en esta ley ve uno de sus mayores logros desde que llegó a la Presidencia de la Cámara Baja en octubre pasado.

Según resumió, los objetivos de "Promesa" son "proteger a los contribuyentes estadounidenses, impedir que la crisis de deuda de Puerto Rico se convierta en un desastre humanitario y poner a Puerto Rico en el camino hacia la recuperación".

El texto sometido a votación fue consensuado tras semanas de negociaciones entre demócratas y republicanos, y cuenta con el "fuerte apoyo" de la Casa Blanca, por lo que ahora deberá pasar por el Senado, donde no se espera que tenga grandes obstáculos, para después ser aprobado por el presidente de EEUU, Barack Obama.

La líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, quien ha participado de las discusiones sobre el contenido de la ley, explicó que la junta de supervisión será nombrada por el mismo Obama, quien deberá "poner en práctica la reestructuración como se describe en esta legislación".

"Sobre una base bipartidista, presentaremos nombres al presidente de inmediato para que pueda nombrar a la junta de supervisión. Es mi compromiso asegurarme de que los demócratas de la Cámara logren que Puerto Rico esté representado en este equipo", agregó Pelosi sobre uno de los asuntos más espinosos del texto legislativo.

Pelosi reiteró que, además de la junta de supervisión, la legislación también contiene un grupo de trabajo, cuya tarea es analizar los impedimentos que existen en la ley federal para promover el crecimiento económico de Puerto Rico.

Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal podría anular cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que considere una violación de "Promesa" y también puede obligar al Gobierno puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados gubernamentales.

La junta tendría el poder de convocar audiencias, citar testigos, requerir información y estados financieros auditados del gobierno puertorriqueño y se le permitiría imponer sanciones penales por proporcionar información falsa o violar órdenes de la junta.

En este sentido, el representante demócrata Luis Gutiérrez, de origen boricua, dijo durante su intervención que la evaluación de la medida fue "una actividad totalmente antidemocrática en la democracia más grande del mundo".

"Esta no es mi promesa. Mi promesa es que el pueblo de Puerto Rico se respete y que no se les trate como si fueran esclavos colonizados. Yo rechazo esta propuesta, y les digo que mi promesa es clara; trabajar para defender", aseguró Gutiérrez.

La Casa Blanca emitió un comunicado en el que expresa su respaldo al texto aunque también sus preocupaciones sobre algunas disposiciones que pueden ser abusivas en materia de salario mínimo o el reconocimiento de horas extra para los trabajadores.

"Mientras que el proyecto de ley incluye disposiciones a las que el Gobierne se opone, en general, el Ejecutivo cree que el compromiso de esta legislación es mejor que la situación actual y es necesaria para proteger el bienestar de 3,5 millones de estadounidenses y crear un camino hacia la recuperación", agregó la nota.

La llegada de una junta de control fiscal despierta el rechazo en Puerto Rico

SAN JUAN.- La proximidad de la imposición de una "junta colonial" de control sobre el Gobierno de Puerto Rico está despertando cierta movilización social en la isla, donde incluso hay quien llama a recuperar la "lucha armada" por la independencia.

La clase política y distintos sectores sociales reaccionaron hoy con rechazo a la previsible llegada de una junta de supervisión fiscal para Puerto Rico nombrada por Washington que por encima del Ejecutivo de la isla tendrá la tarea de reestructurar la descomunal deuda que ronda los 70.000 millones de dólares.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el miércoles, con varias enmiendas, el proyecto HR 5278 o Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés).

Para hacerse realidad deberá ahora ser ratificada en la Cámara baja del Congreso estadounidense y el Senado, lo que se piensa que puede suceder durante el próximo mes de junio, aunque no hay fechas concretas todavía.

El líder independentista Rafael Cancel Miranda, quien junto a Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero e Irving Flores dispararon dentro del Congreso federal en Washington en marzo de 1954, dijo hoy en una entrevista radial sobre el asunto que ante la imposición de la junta "hay que seguir la lucha por la independencia".

"Esa junta la tienen aquí desde siempre", sostuvo Cancel Miranda, probablemente la figura más importante del movimiento independentista de Puerto Rico de los pasados cincuenta años.

"Cualquier tipo de lucha", dijo al ser preguntado sobre qué medidas habría que tomar ante la junta de supervisión que puede llegar de Washington y que como dijo estará formada por "dictadorcitos".

Cancel insistió en que la junta de supervisión será un seguimiento de lo que ocurre en Puerto Rico desde 1898 (fecha del cambio de soberanía de España a Estados Unido), que en sus palabras ha sido un proceso hacia el control de la vida de los ciudadanos de la isla a través de la "imposición de sus leyes -las de EE.UU.-".

El candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabé, dijo hoy que más de 200 personas se reunieron la pasada noche para coordinar protestas en Puerto Rico y Washington contra la junta de control fiscal.

"Esperamos que haya movilizaciones de protesta para enviar un mensaje claro al Congreso -estadounidense- de que no queremos esa junta", destacó el líder del PPT.

Bernabé se refirió a las más de 200 personas que la pasada noche se reunieron en el Museo de Arte Contemporáneo de San Juan para mostrar su rechazo a la junta.

"Hubo figuras políticas, sindicales de todos los sectores, yo representando a mi partido, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y personas de otros partidos", indicó Bernabé, que aventuró nuevas protestas la próxima semana.

El paso dado el miércoles en Washington sigue hoy provocando reacciones entre la clase política local, como el caso del legislador José Enrique Meléndez, del opositor Partido Nuevo Progresista, que aseguró que el proyecto que crearía una junta de control fiscal es "peligroso y venenoso" para Puerto Rico.

Por parte del gobernante Partido Popular Democrático, el senador Antonio Fas Alzamora sostuvo que la junta "regresa a la época donde España le cedió la soberanía de Puerto Rico a los Estados Unidos", además de eliminar "todos los pasos democráticos que se lograron durante el siglo XX".

La junta de supervisión, en caso de que el proyecto fuera ratificado en las dos cámaras del Congreso estadounidense, tendrá potestad para establecer la política fiscal de Puerto Rico, el control del presupuesto anual y la supervisión en general de leyes que puedan salir del legislativo local.

Legisladores de EE.UU. tachan la nueva ley sobre Puerto Rico de "neocolonialista"

WASHINGTON.- El senador demócrata por Nueva Jersey Robert Menéndez y el congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez tacharon hoy el proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de EE.UU. para atajar la crisis de Puerto Rico como un acto de "evidente neocolonialismo".

El texto legislativo, conocido como Promesa, por sus siglas en inglés, fue aprobado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja tras semanas de negociaciones entre demócratas y republicanos.

Pese a contar con el beneplácito de gran parte de su bancada, Menéndez y Gutiérrez, de origen cubano y boricua, respectivamente, se opusieron hoy al contenido de la legislación, sobre la cual advirtieron que "tendrá profundas consecuencias para la gente de Puerto Rico durante varias generaciones".

"Dije que era necesario que el proyecto de ley contemplara un camino claro para reestructurar la deuda" de la isla, afirmó el senador por Nueva Jersey, quien sin embargo denunció que el panel de control que propone el texto legislativo constituye un acto de "evidente neocolonialismo".

Ambos demócratas insistieron en que dicha junta fiscal no será elegida por los ciudadanos y tomará decisiones sin tener que rendir cuentas a la población de la isla caribeña, lo que a su juicio supone una suerte de "oligarquía virtual" que manejará una deuda que asciende a 72.000 millones de dólares.

"Todo lo que va a hacer esta legislación es eliminar los derechos democráticos de los 3,5 millones de estadounidenses que consideran a Puerto Rico su hogar", añadió el senador.

Asimismo, Menéndez recordó el servicio al país que prestó un gran número de soldados puertorriqueños en las diferentes guerras en las que se vio envuelto Estados Unidos en el siglo XX, para alertar de que la ley Promesa menosprecia las voces de los ciudadanos boricuas pese a haber puesto su vida en peligro por el país.

"Sabemos que tenemos una crisis, pero no tenemos que aprovecharnos de una crisis para aprobar una ley mala. Esperamos que los puertorriqueños no acepten esta legislación y entiendan que se puede hacer mejor", insistió.

Por su parte, Gutiérrez aseguró que "luchará activamente" en la Cámara baja para tumbar el proyecto de ley que, a su juicio, afectará a los puertorriqueños de manera irreparable.

"Los demócratas trabajaron mucho las últimas semanas para lograr que la junta fiscal y la ley en general estuvieran mejor encaminadas, (...) pero aunque se lograron algunas mejoras respecto al texto original, no son suficientes para mí, ni para la gente de Puerto Rico", aseguró el congresista por Illinois.

Gutiérrez insistió en que serán los trabajadores puertorriqueños quienes paguen la deuda que sufre el estado libre asociado de EE.UU., y también quienes corran con los gastos de una junta fiscal que no han elegido y que, sin embargo, velará por los intereses de los bonistas.

"Siempre se habla de lo que Puerto Rico debe, pero ¿cuándo se va a hablar de lo que le debemos a Puerto Rico?", se preguntó el legislador.

"Vamos a trabajar hasta que tengamos un proyecto de ley aceptable y digno para el pueblo de Puerto Rico", insistió Gutiérrez.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles, con varias enmiendas, el proyecto de ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Para hacerse realidad deberá ahora ser ratificada en la Cámara baja del Congreso estadounidense y el Senado, lo que se piensa que puede suceder en junio, aunque no hay fechas concretas todavía.

El Senado de Puerto Rico detiene el aumento del IVA que impulsaba el gobernador

SAN JUAN.- El Senado de Puerto Rico aprobó hoy un proyecto de ley que detiene el aumento del Impuesto del Valor Añadido (IVA), del 4 % al 10,5 % y que afectaría a los negocios entre empresas, el conocido (B2B), impulsado por el gobernador de la isla caribeña, Alejandro García Padilla.

La votación del Senado deja sin efecto la subida del IVA por entender que significa un freno para el desarrollo económico y supone un duro golpe para García Padilla, que había vetado el rechazo del Legislativo a su intento de aumentar la liquidez gubernamental gracias a este impuesto.

La Cámara de Representantes había aprobado el proyecto el pasado lunes con 45 votos, lo que hoy fue ratificado en el Senado con el apoyo de 21 legisladores y uno en contra.

El resultado de la votación supone un enfrentamiento entre el Gobierno y el Legislativo, ambos controlados por el Partido Popular Democrático (PPD).

El gobernador apostaba por esta reforma tributaria del aumento del IVA como una forma de mejorar la recaudación en un momento de falta de liquidez que pone en peligro cumplir con los vencimientos de una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares y prestar a la vez servicios básicos a los ciudadanos.

Los legisladores defienden, por su parte, que una mayor carga impositiva supone un freno a la iniciativa empresarial y en definitiva a la mejora en la marcha de la economía.

La decisión de la Cámara alta llega el día después de que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobara el proyecto HR 5278 o Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico (Promesa, por su sigla en inglés).

La normativa incluye una junta de supervisión fiscal para Puerto Rico nombrada por Estados Unidos que por encima del Ejecutivo de la isla tendrá la tarea de reestructurar la descomunal deuda.

"En momentos donde necesitamos pasos de avanzada, el Senado y la Cámara han elegido perpetuar sistemas que han dejado de responder a las realidades del país", dijo García Padilla en un comunicado tras conocerse la decisión.

Un exgobernador reconoce que EE.UU trata a Puerto Rico como mera colonia

SAN JUAN.- El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá aseguró hoy que el Congreso de Estados Unidos trata a Puerto Rico con "una mentalidad colonial burda" al proponerse legislar una junta federal de control fiscal sobre el gobierno isleño. 

"Los que dicen que esa es la solución, que es inevitable, o que hay que aceptar lo que nos den, son solo el reflejo de lo que motiva esa legislación: una mentalidad colonial burda. Unos tienen esa mentalidad para ejecutarla y otros para aceptarla", dijo al reclamar que se impulse su derrota en el Congreso.

Acevedo Vilá, del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD), expresó que la dignidad no tolera puntos medios, la dignidad de un pueblo no se negocia.

"No se trata de reconocer o negar que estamos bajo los poderes plenarios del Congreso y que estamos siendo tratados como una mera colonia, porque una cosa es reconocer esa realidad jurídica y otra es darle la bienvenida al ejercicio colonial", dijo al rechazar el organismo que se impulsa en Washington.

El Congreso federal impulsa legislar una junta de control fiscal de siete miembros integrada por estadounidenses que tendrá potestad para decidir qué se hace con la administración del presupuesto de Puerto Rico para garantizar el pago a los fondos buitres.

A su juicio, esa junta no resuelve nuestros problemas ni atiende el tema de la deuda pública de 70.000 millones de dólares, que ya sabemos que es impagable.

"Es una junta diseñada para responder a los intereses de los fondos buitres con inmunidad total sobre lo que haga, que no solo podrá ordenar cortes presupuestarios para asegurar el pago a los bonistas, sino que podrá vender terrenos y propiedades del pueblo de Puerto Rico sin tener que cumplir con nuestras leyes y reglamentos", dijo Acevedo Vilá.

Recordó que por muchos años, la esclavitud era legal y el amo tenía el derecho de dar latigazos al esclavo, pero eso no significaba que había que aplaudir el ejercicio de ese poder inmoral y abusivo.

El exmandatario pareció enviar un mensaje a sus compatriotas puertorriqueños al sugerir que "si la esclavitud se abolió, fue porque muchos lucharon para denunciar y erradicar lo que era legal".

Denunció que el proyecto que crea la junta federal está escrito para que los únicos que puedan cobrar sean los fondos buitres.

Los demás acreedores del gobierno que son puertorriqueños no tienen vela en ese entierro, ni el transportista o terapista del Ministerio de Educación, ni el arrendador a quien hace más de seis meses que no le pagan, ni el que presta servicios de fumigación, ni el que espera su reintegro del pago excesivo al fisco.

Acevedo Vilá afirmó que si no se logra derrotar el proyecto en Washington, los funcionarios electos en Puerto Rico tienen que desafiarlo.