LA HABANA.- El embajador español en Cuba, Juan
Fernández Trigo, consideró este miércoles "casi obligado" que la UE
lleve a EE.UU ante la Organización Mundial del Comercio por una
disposición de la Ley Helms-Burton que abre la puerta a litigios en
cortes de ese país contra empresas que operan en la isla.
"La demanda ante la OMC diría que es casi obligada porque tenemos unas
conclusiones del Consejo de Ministros europeo de 1997 que no lo plantean
como posibilidad sino como una exigencia que tiene que tomar la Unión
Europea en caso de que se incumpla el memorándum que se firmó", dijo el
diplomático.
El secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo, anunció
hoy miércoles la activación por primera vez en la historia del título
III de la Helms-Burton, una medida que permitirá reclamar ante cortes
estadounidenses propiedades expropiadas por la Revolución cubana y por
la que la UE ya demandó ante la OMC a Washington en 1996, cuando se
aprobó inicialmente.
Esa normativa permaneció
congelada desde su aprobación tras un acuerdo entre el bloque europeo y
Washington por el que también se retiró la demanda ante el organismo
multilateral.
Según el embajador de España, el país
con más empresas establecidas en Cuba, "la UE tiene que ser lo más
contundente posible de acuerdo con las conclusiones que tomó el Consejo
de Ministros diciendo que en el supuesto de que EE.UU se desdijera de lo
acordado teníamos que volver a reclamar ante la OMC".
Fernández Trigo opinó que otras fórmulas como la posibilidad de que las
firmas extranjeras objeto de querellas "contrademanden" a las empresas
que actúen en su contra son más complejas "y nos llevan a empantanarnos
en una serie de reclamaciones sin mucho sentido".
Recordó que en las relaciones con Cuba, tanto la UE como España han
partido del principio de "ayudar al pueblo cubano, abrir este país y
permitir que la inversión extranjera sea una fórmula válida para que
progrese", frente a la actitud estadounidense de "apretarle las tuercas
al pueblo cubano" durante seis décadas.
Sobre el
número de empresas españolas que podrían verse afectadas por el
endurecimiento del embargo, indicó que "prácticamente todo el mundo
puede verse afectado" ya que el concepto de "traficar" con propiedades
nacionalizadas tras la Revolución de 1959 "es tan amplio que es muy
difícil decir quién está afectado y quién no".
Al
respecto, subrayó que entre las firmas afectadas también habría algunas
estadounidenses que "parece que se están salvando de esta situación".
El diplomático se mostró sorprendido porque "parezca que los
empresarios de países terceros son los responsables de lo que haga o no
el Gobierno cubano en materia de derechos humanos y sin embargo nada se
dice de aquellos norteamericanos que se han instalado, como es el caso
de las compañías aéreas, que estoy seguro de que están también afectadas
por ese concepto tan amplio del 'traficar', por ejemplo utilizando un
aeropuerto".
"Y no queremos que resulte tan chusco
como que al final aquellos que no estamos afectados por las leyes del
congreso de EE.UU. seamos los perjudicados mientras que los que deberían
serlo se salgan bien librados de una situación como esta", advirtió.
Insistió en que activar el título III de la Helms-Burton se traduce "en
que un empresario que ha sido animado por la UE a través de la
legislación para que se anime a invertir en Cuba porque eso era legal,
ahora se le dice que con arreglo a la legislación de otros puede verse
inmerso en procesos judiciales".
Ello conlleva "que
con independencia de que la sentencia sea favorable o no a los
demandantes, estos señores van a tener que gastar un dinero en
defenderse y eso nos parece absolutamente inadmisible", prosiguió el
diplomático.
"Un empresario europeo no tiene por qué
responder ante la justicia norteamericana por leyes que no le atañen y
que no fueron aprobadas por sus propias autoridades", remarcó.
Sin embargo, precisó que la acción de Washington "trata sobre todo de
desincentivar a aquellos que podrían venir" a invertir en Cuba, y que
aplicar el título III sobre quienes ya operan en la isla "es más
complicado de lo que pueda parecer".
En el caso de
grandes hoteleras españolas -Meliá e Iberostar, por ejemplo, gestionan
un alto número de hoteles del Estado cubano en régimen de empresas
mixtas- reconoció que "están muy afectadas por esta situación" pero
"tienen servicios jurídicos eficaces que van a ser lo suficientemente
solventes como para poder hacer frente a esta situación".
"Pero nosotros lo que quisiéramos es evitar que entremos en una
dinámica de hacer pagar el pato a los inversores y a los empresarios
extranjeros y al pueblo cubano, porque es en el fondo el que se va a ver
más afectado por esta desincentivación de la inversión", concluyó.
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