LA HABANA.- El presidente de la Asociación de
Empresarios de España en Cuba (AEEC), Xulio Fontecha, instó este
miércoles a la Unión Europea a aplicar "reciprocidad" y castigar a
empresas estadounidenses que demanden a las europeas por lucrarse de sus
antiguas propiedades en la isla.
"Les estamos
exigiendo reciprocidad, que no nos quedemos quietos. Que si alguna
compañía española con intereses en Cuba se ve amenazada, multada,
apercibida, que sufra el mismo castigo la compañía norteamericana que
esté promoviendo esa acción", indicó Fontecha.
Esta petición tiene lugar después de que el secretario
de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunciara la activación, a partir
del 2 de mayo, de los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton,
provisiones que han estado congeladas desde su aprobación en 1996 debido
a la presión de la Unión Europea.
El título III
permitirá a los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados,
demandar ante tribunales de EE.UU. a las compañías que supuestamente se
benefician de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la Revolución
liderada por Fidel Castro en 1959.
Además, el Título
IV restringe la entrada a EE.UU. de quienes hayan confiscado propiedades
de estadounidenses en Cuba o "traficado" con éstas.
Según el representante de los empresarios españoles en Cuba, la mayoría
de los potenciales demandantes son compañías grandes "con intereses en
España o en Europa", por lo que instó a Bruselas a que "tome una medida
de reciprocidad y también las castigue oportunamente".
Sobre los posibles efectos de un hipotético aluvión de demandas en
EE.UU. a empresas españolas -de las cuales muchas operan en régimen
mixto con corporaciones estatales cubanas- reconoció que de momento "es
muy difícil, muy prematuro, saber qué va a pasar".
"De todos modos, estamos seguros de que las principales compañías
españolas -bancos, líneas aéreas y compañías hoteleras que están
trabajando en Cuba- tienen muy estudiado lo que han hecho y están
haciendo, y nos consta que están cuidando bien sus intereses", apuntó.
En cuanto a las empresas españolas pequeñas y medianas que operan en la
isla, consideró "muy difícil" que se vean afectadas por la medida del
gobierno de Donald Trump.
Tanto España como la UE se han posicionado en contra de la reactivación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton.
La medida "atenta contra los intereses de España y de otros socios
europeos en Cuba, y deteriora las relaciones bilaterales entre países
aliados, además de perjudicar seriamente el bienestar de la población
cubana", expresó hoy el Ministerio de Exteriores español en un
comunicado.
Cuando se aprobó la ley Helms-Burton en
1996, la UE denunció a Washington ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), aunque suspendió el procedimiento dos años después tras
alcanzar un pacto político con el entonces presidente Bill Clinton
(1993-2001), que se comprometió a congelar cada seis meses la activación
de esas medidas.
Los distintos gobiernos
estadounidenses siguieron cumpliendo con el trato hasta que la
administración de Trump decidió hoy echarlo por tierra tras meses de
amenazas.
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