NUEVA YORK.- Puerto
Rico obtuvo la aprobación de la corte para su plan de reestructurar más
de 17.000 millones de dólares en bonos de impuestos a las ventas, lo que
representa un paso importante en el esfuerzo de la isla por reducir sus
deudas masivas.
La
jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Laura Taylor Swain
aprobó la reestructuración y un acuerdo para dividir los ingresos por el
impuesto a las ventas entre los tenedores de bonos y el gobierno
central, lo cual ayudará a determinar cuánto de los ingresos estará
disponible para otros acreedores importantes.
La
reestructuración de los bonos de impuesto a las ventas, conocidos como
Cofinas, sería la más grande que haya completado Puerto Rico, con lo que
el país queda más cerca del final de la quiebra que comenzó en mayo de
2017 y libre para buscar un acuerdo similar con los propietarios de
obligaciones generales. Los Cofinas y la deuda de obligación general
constituyen aproximadamente la mitad de los 74.000 millones que la
isla debe a los inversionistas.
La
aprobación de la división de ingresos se produjo a pesar de los
argumentos de los opositores que atacaron los términos del plan de
reducción de deuda durante las audiencias judiciales, afirmando que era
demasiado generoso con los tenedores de bonos o que no les daba
suficiente.
Miembros del público que no eran acreedores en el caso se
quejaron de que no se estaba reservando suficiente dinero para los
servicios gubernamentales.
Los
términos del canje de deuda de Cofinas provocaron un repunte en el
precio de los valores el año pasado, ya que permitirá a los
inversionistas recuperar mucho más de lo que esperaban después del
huracán que devastó el territorio en 2017.
Los
tenedores de Cofinas sénior recibirán 93 centavos por dólar, mientras
que los inversionistas de bajo riesgo recibirán 56 centavos, según
cifras de Puerto Rico.
La
finalización del acuerdo liberaría al tribunal para analizar una
solicitud de la junta de supervisión federal de la isla de invalidar más
de 6.000 millones en bonos de obligación general vendidos desde
2012.
Esa medida podría prolongar la quiebra y alterar las negociaciones
si los acreedores deciden impugnar la solicitud de la junta para
declarar los bonos nulos y sin efecto.
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