SAN JUAN.- Los más de 50.000
puertorriqueños titulares de unos 14.000 millones de dólares en deuda de
este Estado Libre Asociado a EE.UU. son el rostro local de los
demonizados "bonistas", que ven cómo sus ahorros se esfuman tras el
reciente impago decretado por el Gobierno local.
"El dinero que invertí en bonos del Gobierno de Puerto Rico iba a ser
para la futura educación de mis hijos", dijo hoy con resignación
Ian Portela, uno de los cerca de 50.000 tenedores de deuda nacidos en la
isla, cuya imagen se aleja mucho de los "fondos buitre" que retrata el
Ejecutivo como el propietario tipo de su deuda.
El gobernador Alejandro García Padilla se dirigió el pasado domingo
en un mensaje a la nación en el que, con tono fúnebre, informó que se
incumpliría con un vencimiento de deuda de 422 millones de dólares, ya
que había que optar entre pagar las nóminas de maestros y policías, o a
los bonistas.
"No tenemos nada que ver con esos 'fondos buitre'", destacó Portela,
padre de familia de 41 años y tres hijos, que pensaba destinar los
intereses que le rinden sus títulos de deuda para pagar una mejor
educación a sus vástagos y complementar la jubilación.
Portela se ha unido para defender sus intereses a Bonistas del Patio,
un grupo incipiente de tenedores de deuda liderado por Jorge Irizarry,
expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), brazo financiero
del Gobierno y una de las entidades del Estado Libre Asociado que se ha
quedado sin fondos.
"Actualmente tengo trabajo y también mi esposa, pero la realidad es
que la situación ha cambiado y no sé qué va a pasar con la educación de
mis hijos", resaltó, tras matizar que después del anuncio del Gobierno
de que no se pagará la deuda los bonos, la cotización de estos se hundió
en los mercados (donde su precio fluctúa en función de la oferta y la
demanda).
"Traían un economista a los hoteles para que nos explicara que era
seguro comprar bonos de Puerto Rico", apunta por su parte Eduardo
Rodríguez, de 58 años, otro ahorrador quien dijo que se sintió
plenamente confiado en destinar el dinero ganado durante toda una vida a
un producto financiero que creía fiable.
Antiguo empleado de una farmacéutica de Barceloneta, en la costa
norte de Puerto Rico, decidió que la deuda del Gobierno era la mejor
opción para invertir la indemnización que cobró tras años de trabajo en
los antiguos laboratorios Abbott. "Esperaba vivir de ese dinero en el
futuro, como forma de complementar mi jubilación", aseguró.
"Estos son solo dos ejemplos de cómo el impago afecta a personas
normales que destinaron a esos bonos los ahorros de su vida", dijo
Irizarry, erigido como cabeza visible de un colectivo de 50.000
puertorriqueños con deuda del Gobierno y sus corporaciones.
Entre todos controlan unos 14.000 de los 70.000 millones de dólares
que Puerto Rico adeuda en los mercados, lo que, según Irizarry, además
del drama personal que supone para cada uno de ellos, también es un
problema para el conjunto de la economía puertorriqueña.
El expresidente del GBF señaló que el impago del pasado 1 de mayo del
principal de la deuda, emitida precisamente por la entidad que él
dirigió entre 2005 y 2008, supondrá que anualmente dejen de entrar a la
economía local 800 millones de dólares, lo que profundizará aún más la
crisis que golpea a la isla desde hace una década.
"Todavía no hemos decidido si tomaremos acciones legales por el
impago", dijo Irizarry, tras matizar que Bonistas del Patio es un grupo
que trata de aunar esfuerzos, pero aún no tiene potestad de
representación de los afectados de cara a un posible litigio judicial.
Según sus datos, en Puerto Rico hay unas 50.000 personas con bonos
del Estado Libre Asociado a nivel individual, aunque si se suma a sus
familias los afectados serían casi 200.000, para una población total de
3,5 millones.
El Gobierno ya incumplió con los acreedores, aunque en cantidades
mucho más modestas, en agosto de 2015 con un vencimiento de la
Corporación de Financiamiento Público y en enero pasado con otro de la
Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura.
Sin embargo, el impago del pasado 1 de mayo fue el primero de grandes
proporciones y seguramente no será el último, ya que el 1 de julio
llegarán vencimientos por cerca de 2.000 millones de dólares.
El Ejecutivo asegura que no hay liquidez para pagar servicios básicos
a la población y a la vez la deuda, por lo que ha pedido al Congreso
estadounidense que le permita declararse en quiebra, algo a lo que
Washington se resiste por el momento.
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