NUEVA YORK.- Hillary Clinton afirmó anoche que el Congreso debe aprobar legislación que ofrezca un mecanismo que permita al gobierno de Puerto Rico declararse en quiebra y poder reestructurar su deuda, consistente con "la libre determinación" de los residentes de la Isla.
"Deben tener los mismos derechos que los estados o ciudades para
declarar bancarrota", dijo Clinton, precandidata presidencial demócrata y
exsenadora por Nueva York, según una transmisión en directo del evento
celebrado el sábado en la noche.
En un evento de campaña en Sunset Park, en el condado neoyorquino de
Brooklyn, la también exsecretaria de Estado reafirmó su respaldo a que
los residentes de la Isla puedan votar por el presidente de EEUU, un
reclamo que ha hecho para los demás territorios estadounidenses.
"No hace sentido que no puedan votar por el presidente de EEUU",
sostuvo Clinton, quien fue presentada en el evento por la congresista
demócrata boricua, Nydia Velázquez.
En el pasado, Clinton ha abogado por una reestructuración abarcadora
de la deuda pública de Puerto Rico, cuyo gobierno puede caer en un
impago masivo y ha otorgado al gobernador el poder para decretar una
moratoria en el pago de la deuda.
Sunset Park es un vecindario de Brooklyn que ha tenido un alto porcentaje de electores hispanos, incluidos puertorriqueños.
Clinton sostuvo que muchos parecen desconocer que los puertorriqueños
son ciudadanos de Estados Unidos y dijo que como presidenta buscará
darle apoyo a "nuestros conciudadanos en Puerto Rico".
El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de
EEUU intentará encaminar esta semana una legislación que establecería
una junta federal para asumir el control de las finanzas de la Isla y
ordenar un proceso de reestructuración de la deuda.
El otro precandidato presidencial demócrata, el senador por Vermont
Bernie Sanders, ha indicado que se opondrá en el Senado a cualquier
propuesta que persiga limitar más la autonomía local de la isla por
medio de una junta federal de control fiscal.
Sanders también ha respaldado que el gobierno de Puerto Rico tenga
por lo menos acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.
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