SAN JUAN.- La economía de Puerto Rico entró en una delicada situación a lo largo
de 2015. Su gobierno, sumido en una crisis fiscal de primera magnitud,
empezó a contemplar la posibilidad de declararse en quiebra. El
gobernador de la isla compareció en agosto ante los medios y afirmó que la deuda asumida por este antiguo territorio español es "impagable".
Por aquel entonces, las nóminas de los empleados se llevaban la mitad de los ingresos recaudados por Hacienda.
Además, el gasto público era un 15% superior a los ingresos de la
Agencia Tributaria, alimentando un fuerte aumento del endeudamiento.
Semejante desbarajuste hizo que un grupo de expertos liderado por la
economista Anne Krueger se desplazase a San Juan para estudiar una
posible salida. Su a fue demoledora: o Puerto Rico reducía un 20% el
gasto público o terminaría en bancarrota.
Pese al aumento de la demanda inducido por la falta de austeridad del gobierno insular, la cruda realidad es que apenas el 40% de la población adulta estaba ocupada en 2015, mientras que el resto de la población se debatía entre el mercado negro, el subempleo, el paro o la indigencia.
Ya
entonces se puso encima de la mesa la posibilidad de desanclar el
salario mínimo de los estándares estadounidenses, pero Washington no dio
el paso y, en consecuencia, sigue siendo ilegal trabajar por menos de
1.159 dólares mensuales, un umbral significativamente elevado para el
nivel de desarrollo puertorriqueño.
También se habló entonces de abolir
las leyes de cabotaje, que limitan la entrada de barcos a aquellos que
sean de tripulación, bandera y fabricación estadounidense. Se estima que
las importaciones son un 20% más caras como consecuencia de estas
normas, pero Estados Unidos solo se ha abierto a una derogación parcial y
temporal de dichos dictámenes.
Ante semejante panorama, no sorprende que Puerto Rico terminase declarándose en quiebra el pasado mes de mayo de 2017.
Aunque los acreedores llegaron a acordar un recorte del 80% en los
pagos de los intereses de al deuda, la isla fue incapaz de superar los
desequilibrios fiscales acumulados durante décadas. Aquello no solo fue
un golpe a la economía puertorriqueña, sino que también indujo un notable pánico financiero en otros territorios de ultramar que también atraviesan dificultades, caso de las Islas Vírgenes, Samoa, Guam…
Pero,
si acaso la situación no era lo suficientemente desesperada, el pasado
año estuvo marcado por una catástrofe humanitaria de primera magnitud:
el devastador impacto de los huracanes Irma y María, que golpearon a
Puerto Rico entre agosto y octubre. El primero de ellos dejó a las
ínsulas de Culebra y Vieques en una situación desastrosa y, además, cortó el acceso al suministro eléctrico de más de un millón de personas. El segundo fue aún más duro y generó pérdidas cercanas a los 90.000 millones de dólares, suficiente para convertirse en el tercer ciclón tropical más costoso de la historia.
Es difícil saber cuánta gente ha abandonado la isla desde entonces. Solo en los últimos meses de 2017, el
número de pasajeros puertorriqueños que reservaron un vuelo de ida a
Estados Unidos sin asegurarse también un billete de vuelta ascendió a
179.000. El Centro Hunter estima que este éxodo va a continuar en 2018 y 2019, hasta dejar a la isla sin 470.000 habitantes o, lo que es lo mismo, el 14% de su población. Florida es el destino predilecto, con Orlando como ciudad de cabecera de la nueva diáspora.
Se da la paradoja de que, desde el año 2006, hay más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en la isla.
Mientras que la población del antiguo territorio español ha caído al
entorno de los 3 millones con sesgo a la baja, el número de
puertorriqueños residentes en el país del Tío Sam supera ya el umbral de
los 5,4 millones de personas.
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