SAN JUAN.- La
declaración de quiebra de Puerto Rico, con el objetivo de reestructurar
una deuda impagable de cerca de 70.000 millones de dólares, cumplió
esta semana dos meses, en lo que es el proceso de bancarrota más grande de
un territorio bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
El
Gobierno de Puerto Rico continúa, a día de hoy, sumido en graves
problemas financieros y enfrentado a la Junta de Supervisión Fiscal, la
entidad de control federal impuesta por Washington, mientras la jueza
Laura Taylor Swain se encarga de un proceso de quiebra que trata de
conciliar los intereses del Ejecutivo y acreedores.
La
quiebra se rige bajo el capítulo III de la Ley para la Supervisión,
Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus
siglas en inglés), aprobada hace un año por el Congreso en Washington
para atender la llamada del Ejecutivo de San Juan ante el caos que se
avecinaba.
El capítulo III de Promesa es un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EEUU
Y
estableció una moratoria que impedía a los acreedores interponer
demandas judiciales por impago, pero ante el final de ese periodo y la
amenaza de procesos judiciales interminables y el desgaste que eso
supondría para el Gobierno que lidera Ricardo Rosselló, en el poder
desde enero, se dio paso a la quiebra.
Rosselló
tomó la iniciativa al pedir a la JSF que presentará formalmente la
petición ante la corte del distrito federal de Puerto Rico.
La
petición de acogerse al capítulo III de Promesa se hizo de forma
similar a una bancarrota de una empresa, aunque bajo el diseño
específico que prevé Promesa.
El
paso fue un último recurso al no poder Puerto Rico acogerse al código
de bancarrota que establece la ley de EEUU debido a que la isla caribeña
cuenta con un estatus de Estado Libre Asociado.
El
proceso de bancarrota en el que entró Puerto Rico hace dos meses permitió
al Gobierno local mantener operaciones, amenazadas ante la falta de
liquidez.
La
quiebra ordenado permitirá a Puerto Rico renegociar su deuda bajo la
supervisión de una corte federal, encargada de determinar que se pagará a
los acreedores y poseedores de bonos de deuda pública.
La quiebra de la isla está considerada la mayor bancarrota de un territorio bajo jurisdicción de EEUU en toda su historia.
El
Gobierno de Puerto Rico pudo financiar su déficit, presupuesto tras
presupuesto, gracias al atractivo que suponía para los estadounidenses
su deuda, al tratarse de bonos exentos del pago de impuestos sobre la
renta para los compradores del país norteamericano.
La
magnitud de la deuda llegó a hacerse insostenible y fue en 2015, con
Alejandro García Padilla al frente del Ejecutivo, cuando el Gobierno de
Puerto Rico hizo público que la falta de liquidez hacía imposible
afrontar el pago de los vencimientos.
El
título III de Promesa permite a Puerto Rico renegociar con los
tenedores de su deuda pública y la que mantiene con sus acreedores de
bienes y servicios.
El
proceso de quiebra que establece el título III de Promesa no ha
significado en ningún caso el final de los problemas para el Gobierno de
Puerto Rico, que sigue enfrentado a la JSF por los ajustes que exige y
que amenazan a los funcionarios públicos.
Puerto
Rico sufre un desempleo que supera el 10 por ciento y una tasa de
pobreza que afecta a la mitad de la población, a lo que se suma una
emigración rumbo a EEUU de más de 60.000 personas al año.
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