SAN JUAN.- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y el senador
Thomas Rivera Schatz rechazaron por separado este fin de semana la colaboración con la
junta de control fiscal que Estados Unidos impondrá al gobierno
puertorriqueño.
"Ningún puertorriqueño debe servir en esa junta, que es dictatorial y
opresiva al pueblo de Puerto Rico", manifestó Cruz Soto al esclarecer
que, contrario a lo que informan los medios de comunicación en la nación
norteña, la legislación Promesa no representa un rescate financiero a
esta isla del Caribe, con una deuda pública de 70.000 millones de
dólares.
Los siete miembros de la junta de control fiscal, que tendrá un poder omnímodo sobre el gobierno de Puerto Rico, serán designados por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos, lo que remarca el carácter colonial del Estado Libre Asociado (ELA), establecido como gobierno propio en 1952.
La alcaldesa de San Juan parangonó a un puertorriqueño que trabaje en esa junta de control fiscal "no viene a ayudar, los únicos que ganan con eso son los buitres".
"Hablan de un rescate financiero, aquí no hay un rescate financiero, hablan del comienzo de una reestructuración, y aquí no ha sucedido eso", denunció Cruz Soto, del ala soberanista del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD), dividido en cuanto a su visión del organismo.
Criticó además que los integrantes de la junta puedan recibir regalos y donativos, lo que abre las puertas a que terminen sobornados por los buitres.
"No nos llamemos a engaño, esta es una junta colonial, antiobrera, represiva y dictatorial (y) lo que ha hecho (el Congreso norteamericano) es entregarle el país a los buitres", subrayó.
Cruz Soto se distanció de las expresiones del gobernante puertorriqueño, Alejandro García Padilla, en el sentido de que con la junta fiscal "vamos a poder rescatar a Puerto Rico de los acreedores y devolvérselo a los puertorriqueños".
La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés) garantizará el pago de la deuda pública de 70.000 millones a Wall Street y a los fondos buitre, por lo que se esperan grandes penurias para los puertorriqueños.
Mientras, el senador Rivera Schatz apostilló que cualquier puertorriqueño que acepte un nombramiento en la junta federal de control fiscal haría "un mal servicio al pueblo de Puerto Rico y (además de) prestarse al juego colonialista del liderato republicano y demócrata en el Congreso y la Casa Blanca".
"No caigamos en el engaño y la demagogia", dijo el expresidente del Senado ante el planteamiento de Obama de que nombrarán el mayor número de puertorriqueños en el organismo federal.
"El presidente Obama, los líderes demócratas y republicanos en el Congreso, saben que a esa junta le esperan retos y decisiones muy difíciles, que van a provocar resentimientos en muchas personas, protestas y más problemas en la isla", dijo Rivera Schatz, vicepresidente del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).
Consideró que quieren nombrar a puertorriqueños en la junta para convertirlos en los focos de atención y los objetivos "de las controversias y presiones que se avecinan".
"Ese es el viejo juego colonial en Washington: agitar la confrontación de los distintos sectores ideológicos en Puerto Rico para producir tranques y así continuar manteniendo el statu quo y el inmovilismo colonial", dijo el senador del PNP.
Rivera Schatz recordó que uno de los principales argumentos utilizados en el Congreso federal durante la discusión de la legislación denominada Promesa era la necesidad de crear una junta que estuviera libre de las controversias y presiones políticas de la isla.
Anticipó que si se nombrara a algún anexionista, luego se diría que la junta y el entrante gobierno del PNP son la misma cosa y que si, por el contrario, se designara a alguna persona vinculada al PPD, entonces se diría que la junta no funciona porque los mismos puertorriqueños la contaminaron con sus controversias políticas internas.
"En ambos escenarios, los inventores de esta junta en Washington se lavarían las manos y esa es la verdadera razón detrás del cuento enternecedor de querer nombrar puertorriqueños", expresó el parlamentario al sostener que ningún boricua podrá borrar la desigual y discriminatoria condición colonial a la que Estados Unidos ha sometido a Puerto Rico "durante 118 largos años".
Los siete miembros de la junta de control fiscal, que tendrá un poder omnímodo sobre el gobierno de Puerto Rico, serán designados por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos, lo que remarca el carácter colonial del Estado Libre Asociado (ELA), establecido como gobierno propio en 1952.
La alcaldesa de San Juan parangonó a un puertorriqueño que trabaje en esa junta de control fiscal "no viene a ayudar, los únicos que ganan con eso son los buitres".
"Hablan de un rescate financiero, aquí no hay un rescate financiero, hablan del comienzo de una reestructuración, y aquí no ha sucedido eso", denunció Cruz Soto, del ala soberanista del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD), dividido en cuanto a su visión del organismo.
Criticó además que los integrantes de la junta puedan recibir regalos y donativos, lo que abre las puertas a que terminen sobornados por los buitres.
"No nos llamemos a engaño, esta es una junta colonial, antiobrera, represiva y dictatorial (y) lo que ha hecho (el Congreso norteamericano) es entregarle el país a los buitres", subrayó.
Cruz Soto se distanció de las expresiones del gobernante puertorriqueño, Alejandro García Padilla, en el sentido de que con la junta fiscal "vamos a poder rescatar a Puerto Rico de los acreedores y devolvérselo a los puertorriqueños".
La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés) garantizará el pago de la deuda pública de 70.000 millones a Wall Street y a los fondos buitre, por lo que se esperan grandes penurias para los puertorriqueños.
Mientras, el senador Rivera Schatz apostilló que cualquier puertorriqueño que acepte un nombramiento en la junta federal de control fiscal haría "un mal servicio al pueblo de Puerto Rico y (además de) prestarse al juego colonialista del liderato republicano y demócrata en el Congreso y la Casa Blanca".
"No caigamos en el engaño y la demagogia", dijo el expresidente del Senado ante el planteamiento de Obama de que nombrarán el mayor número de puertorriqueños en el organismo federal.
"El presidente Obama, los líderes demócratas y republicanos en el Congreso, saben que a esa junta le esperan retos y decisiones muy difíciles, que van a provocar resentimientos en muchas personas, protestas y más problemas en la isla", dijo Rivera Schatz, vicepresidente del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).
Consideró que quieren nombrar a puertorriqueños en la junta para convertirlos en los focos de atención y los objetivos "de las controversias y presiones que se avecinan".
"Ese es el viejo juego colonial en Washington: agitar la confrontación de los distintos sectores ideológicos en Puerto Rico para producir tranques y así continuar manteniendo el statu quo y el inmovilismo colonial", dijo el senador del PNP.
Rivera Schatz recordó que uno de los principales argumentos utilizados en el Congreso federal durante la discusión de la legislación denominada Promesa era la necesidad de crear una junta que estuviera libre de las controversias y presiones políticas de la isla.
Anticipó que si se nombrara a algún anexionista, luego se diría que la junta y el entrante gobierno del PNP son la misma cosa y que si, por el contrario, se designara a alguna persona vinculada al PPD, entonces se diría que la junta no funciona porque los mismos puertorriqueños la contaminaron con sus controversias políticas internas.
"En ambos escenarios, los inventores de esta junta en Washington se lavarían las manos y esa es la verdadera razón detrás del cuento enternecedor de querer nombrar puertorriqueños", expresó el parlamentario al sostener que ningún boricua podrá borrar la desigual y discriminatoria condición colonial a la que Estados Unidos ha sometido a Puerto Rico "durante 118 largos años".
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