Realizan un pago parcial a los acreedores del gobierno de Puerto Rico

SAN JUAN.- El gobierno puertorriqueño cumplió ayer parcialmente con algunos acreedores, por lo que incurrió en un impago de 312 millones de dólares, debido a la falta de liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central).

 
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) confirmó que el gobierno no emitiría pagos de la deuda del Banco de Desarrollo Económico, la Corporación de Financiamiento Público, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y los bonos de obligación general, garantizados por la constitución isleña.

Puerto Rico pagó 295 millones de dólares de intereses sobre deuda.

El gobierno de Ricardo Rosselló Nevares anunció que continuarán los esfuerzos para cumplir con los acreedores en interés de entrar en negociaciones con los acreedores.

Esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos desde 1898, intenta renegociar las condiciones de su deuda pública de unos 70 mil millones de dólares, incluidas algunas de sus principales corporaciones.

La anterior administración de gobierno encabezada por Alejandro García Padilla decidió que, ante la situación de insuficiencia fiscal del país, no podía cumplir con los acreedores a menos que dejara de atender las necesidades más apremiantes de los ciudadanos, que incluye la salud.

Asegura el gobernador que Puerto Rico marcha por el camino correcto

SAN JUAN.- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares aseguró en un mensaje televisivo que Puerto Rico marcha por el camino correcto a un mes de haber asumido la dirección del país.

En este sentido destacó que se ha disipado el cierre mañana miércoles del gobierno puertorriqueño, al tiempo que el valor de los bonos se ha incrementado en 12 por ciento.

Estableció que los 18 decretos firmados desde que asumió la gobernación el pasado 2 de enero, permitieron ahorros que sobrepasan los 118 millones de dólares anuales.

Sostuvo, además, que el déficit del gobierno supera los siete mil millones de dólares, muy por encima de los tres mil millones que se reflejaban en los informes de transición del anterior gobernante Alejandro García Padilla.

El mensaje, resumen de su ejecutoria en el mes que lleva en la gobernación, permitió a Rosselló Nevares defender las legislaciones que ha impulsado, como la reforma laboral, criticada por sindicatos y economistas, y que sostuvo 'no afecta a los derechos adquiridos de los trabajadores'.

'Quien diga lo contrario, no dice la verdad y solo busca contaminar el camino a la recuperación (económica) con argumentos falsos por motivos políticos', afirmó.

Rosselló Nevares se mostró agradecido de la junta de control fiscal, superpuesta por Washington al gobierno puertorriqueño, por permitirle una extensión hasta el 28 de febrero de la presentación de su plan fiscal y del pago de la moratoria de parte de la deuda pública de 70.000 millones de dólares a los acreedores.

Advirtió igualmente a los narcotraficantes que su gobierno se propone enfrentarlos para brindar seguridad a los ciudadanos.

Sus expresiones estaban dirigidas a elementos del bajo mundo que la semana pasada aterrorizaron a los niños de una escuela en San Juan al disparar ráfagas al aire en medio del sepelio de uno de los suyos que había sido asesinado.

El gobernador Rosselló Nevares negociará con los acreedores de Puerto Rico

SAN JUAN.- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal con el propósito de negociar la deuda pública de Puerto Rico y por otro lado, garantizar servicios esenciales públicos.

'La Ley de Cumplimiento para los asuntos fiscales en Puerto Rico representa un cambio de filosofía significativo con la previa administración que tenía una ley de impago', dijo el mandatario en abierta crítica a su antecesor Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD).

Rosselló Nevares que este nuevo estatuto 'permite -basado en los recursos que tiene Puerto Rico- cumplir con aquellos que han invertido en la isla, pero también dejar claro que nuestra prioridad es el pago de los servicios esenciales'.

La disposición persigue identificar los servicios esenciales, reconociendo que en la medida de lo posible se cumplirá con las responsabilidades del pago de la deuda con los acreedores, pensionados y cooperativistas, que ronda los 70.000 millones de dólares.

'Con esta ley le demostramos al mundo entero que Puerto Rico nuevamente tiene credibilidad, pero a base de la evidencia, los datos y el capital que tememos accesible', agregó el gobernante puertorriqueño del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).

En la víspera la junta de control fiscal extendió hasta el 28 de febrero la entrega del plan fiscal del gobierno puertorriqueño con imposición de reducción de los galos y la moratoria del pago de la deuda hasta el 1 de mayo.

De acuerdo con la Sección 201 y 203, la ley identifica que durante la emergencia el gobernador pagará la deuda en la medida en que se puedan proveer los servicios esenciales como salud, seguridad y bienestar general a la población, que incluye la educación.

Esta ley dispone, además, la paralización de litigios mientras se encuentre en efecto la paralización que provee la legislación federal Promesa, impuesta al gobierno de Puerto Rico por el Congreso y la Casa Blanca.

La Junta federal extiende la fecha del plan fiscal al gobierno de Puerto Rico

SAN JUAN.- La junta federal impuesta al gobierno de Puerto Rico, mediante la legislación Promesa, le otorgó hoy una extensión para presentar su plan fiscal, a la vez que paralizó hasta mayo cualquier litigio de los acreedores.

La decisión da un respiro al gobernante puertorriqueño Ricardo Rosselló Nevares que tendrá hasta el 28 de febrero para la elaboración de un plan fiscal ajustado.

El organismo federal rechazó el plan elaborado por la anterior administración encabezada por Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD), por no contener parámetros de despido de empleados públicos y de reducción de gastos.

La junta de control fiscal concedió, además, otra prórroga para la paralización de los litigios judiciales de los acreedores de la deuda pública hasta mayo próximo, lo que disipa un posible cierre del gobierno, tal como temía la administración de Rosselló Nevares.

El gobernador se ha comprometido con la junta de control fiscal en reducir la estructura del gobierno puertorriqueño, mediante la fusión y eliminación de agencias que permitirán hacer ahorros sin presuntamente despedir empleados públicos.

Con una deuda de 70.000 millones de dólares, Puerto Rico se encuentra al borde de la bancarrota fiscal, por lo que el Congreso y la Casa Blanca se pusieron de acuerdo para establecer un organismo rector de siete miembros, con poderes omnímodos, que controla las acciones gubernamentales isleñas.

Rosselló Nevares logró el aval de la junta horas después de que en la madrugada la Cámara de Representantes de Puerto Rico sancionara con enmiendas la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal, que establece hasta el 1 de mayo próximo una moratoria a los pagos de la deuda pública.

La determinación del organismo federal la anunció su presidente José Carrión III, tras una reunión en el lujoso hotel El Conquistador, en Fajardo (oriente), la cuarta que celebra, dos de estas en Nueva York.

Como parte de su cuarta reunión desde su establecimiento mediante la legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, la junta atendió, entre otros asuntos, la solicitud del gobierno de Rosselló Nevares, que tiene como su representante en el organismo federal a Elías Sánchez.

EPB-Macheteros advierte sobre represión a las protestas en Puerto Rico

SAN JUAN.- Las autoridades federales intensificarán la represión de las protestas contra la imposición de medidas impulsadas por la junta de control fiscal impuesta por Washington al gobierno de Puerto Rico, pronosticó el Ejército Popular Boricua (EPB-Macheteros). 

La clandestina organización político-militar reveló que entre febrero y marzo, cuando se establezcan las acciones que hagan más difícil la vida de los puertorriqueños, 'intensificarán la represión contra los sectores que se manifiesten en la calle'.

A esto responde, según el EPB-Macheteros, que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) impusiera al gobernante puertorriqueño Ricardo Rosselló Nevares el nombramiento de la coronel del ejército norteamericano Michelle Hernández como jefa de la policía isleña 'por su experiencia militar'.

'Es necesario que llamemos, como lo hemos venido haciendo, a la acción patriótica y combativa, sin la cual nunca saldremos de la trampa que nos ha tendido el imperio y sus cómplices en Puerto Rico', expresó la agrupación en un comunicado divulgado por la agencia puertorriqueña Inter News Service (INS).

En la declaración se establece que 2017 debe ser 'un año decisivo en nuestra historia, y lleno de combatividad y lucha'.

La junta de control fiscal, que emana de la legislación federal Promesa, ha exigido al gobierno de Puerto Rico que se comprometa a colaborar con el FBI para 'erradicar las protestas a como dé lugar, antes de que se generalicen y cobren proyección internacional, como pasó con Vieques', según el EPB-Macheteros.

En el organismo federal, indicó la amplia declaración, consideran que usar la violencia en contra de las protestas, generaría más violencia, lo que resultaría contraproducente, por eso creen más oportuno utilizar a los sectores con los que se puede conversar para tratar de contrarrestar a los otros sectores considerados más intransigentes.

'Se tomarán medidas represivas severas contra manifestantes y contra varias personas que tienen identificadas y que están bajo constante observación para detenerlas en los momentos precisos', insistió el EPB-Macheteros.

En lo que respecta al movimiento sindical, las autoridades opinan que la mayor parte de este sector ya está neutralizada y que solo consideran como posible amenaza a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), dijo la organización.

'Los puertorriqueños tenemos que hacer uso de todo tipo de lucha legítima y revolucionaria para lograr lo que por derecho es nuestro, como dijo el comandante Filiberto Ojeda Ríos', indicó a la vez que criticó la participación del independentismo en las elecciones coloniales.

Argumentó que 'es por eso que el Ejército Popular Boricua ha atacado sus bases militares, sus aviones de guerra, sus efectivos militares, al igual que ha hecho suyas las consignas de resistencia pacífica para sacar a la Marina de Guerra yanqui de la Isla Nena', en referencia a Vieques.

La agrupación político-militar estableció que el estatuto político no puede resolverse 'mediante plebiscitos ni asambleas constitucionales; tampoco puede resolverse uniéndonos a los que equiparan la independencia con la estadidad (anexión) o la libre asociación, haciendo creer que son opciones igualmente descolonizadoras'.

'No podemos imaginar a un independentista aceptando la participación en un plebiscito sobre si queremos o no queremos la estadidad... la estadidad no es alternativa descolonizadora, es asimilación, es anexión, que son procesos de violencia imperialista', según el EPB-Macheteros.

Recordó que 'el derecho inalienable de toda colonia es la independencia que trae la soberanía, el poder del pueblo para definir su futuro político, económico, social y cultural'.

'(La independencia) no está sujeta a plebiscitos, asambleas de estatus y otros inventos reformistas y coloniales que tratan de imponer a través de espurios procesos electorales', recalcó el EPB-Macheteros en su manifiesto.

La Oposición puertorriqueña intenta frenar la reforma laboral en la Cámara

SAN JUAN.- El opositor Partido Popular Democrático (PPD) solicitó hoy al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, que frene la reforma laboral que impulsa el Partido Nuevo Progresista (PNP) de Puerto Rico en detrimento de los trabajadores.

 
El portavoz de la minoría del PPD, Rafael Hernández Montañez, exhortó al pueblo a firmar una petición contra la legislación, que dijo ya han respaldado miles de puertorriqueños.

'La mal llamada reforma laboral empobrecerá a los trabajadores y no creará un solo empleo; no existen estudios ni datos empíricos que demuestren que la reforma laboral será buena para el país', afirmó el portavoz de la delegación del PPD en la Cámara.

La diputada del PNP, Lourdes Ramos Rivera, consideró hipócrita y carente de 'moral', los planteamientos de Hernández Montañez.

'¿Dónde estuvo ese ánimo de este representante mientras le pasaba el rolo a cientos de miles de pensionados del gobierno en una sesión extraordinaria celebrada en la víspera de Nochebuena?', argumentó al categorizar a su colega de abusador con el pueblo de Puerto Rico.

Para Ramos Rivera, el parlamentario 'fue uno de los arquitectos de la imposición de sobre 90 nuevas contribuciones a la gente, sin consideración, sin debate, sin preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo'.

'No tomó en consideración el reclamo de miles de personas que gritaban que no aprobaran tantos impuestos, que no destruyeran sus pensiones; se hizo de la vista larga, no respetó al pueblo', insistió la representante oficialista.

El sindicato UGT critica la reforma laboral en Puerto Rico

SAN JUAN.- La Unión General de Trabajadores (UGT) de Puerto Rico rechazó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.  Consideró que el origen del problema fiscal y de impago de la deuda pública de Puerto Rico radica en la debilidad de su economía.

'La conversión del país en vitrina de América por razones circunstanciales de una determinada coyuntura histórica, ya es obsoleto y denota caducidad, tanto como su paradigma político colonial, al que es necesario buscar alternativas', dijo el presidente de la UGT, Gerson Guzmán López.

Advirtió que el problema de Puerto Rico no es el monto de 70.000 millones de su deuda pública, sino la declinación e insuficiencia de su economía que no genera capacidad de pago de sus compromisos, principalmente las de corto plazo.

Guzmán López aseguró que la deuda pública per cápita de los puertorriqueños, ascendente a 28.000 dólares, no es una de las más altas del mundo, conforme a las cifras del Foro Económico Mundial, y puso como ejemplo a los japoneses que tienen una deuda pública per cápita de 85.700 dólares, mientras que la de los irlandeses es de poco más de 67.000

El dirigente sindical agregó que la diferencia es que estos países tienen una deuda externa mayor a sus Productos Internos Brutos, pero sus economías nacionales generan riquezas que les permiten capacidad de pago de sus acreedores, de lo cual carece Puerto Rico.

El problema económico de Puerto Rico es estructural, sistémico, de una economía débil, 'cuyo desarrollo se ha detenido y no genera riqueza de dónde obtener ingresos para el fisco, que permita cumplir con la deuda pública.

Manifestó que el gobierno no ha realizado estudio alguno que justifique las medidas de empobrecimiento que pretende aplicarle a la clase trabajadora del país, mediante una reforma laboral que despojará a los trabajadores de sus conquistas del último medio siglo.

'Sabemos, por experiencia propia, que el despido de trabajadores en el gobierno, la reducción de beneficios para empleados activos y jubilados, la congelación de los convenios colectivos y las llamadas medidas de austeridad que se nos han impuesto no han logrado tener impacto alguno en la crisis fiscal y económica del país', dijo Guzmán López.

El presidente de la UGT anticipó que, como en el pasado, las modificaciones al código de trabajo no producirá otro resultado que un mayor enriquecimiento de la clase patronal, sin ningún impacto positivo para la economía ni para los trabajadores.

Recordó que el cambio en la ley de cierre de los negocios para favorecer a los empresarios no produjo, como se reclamó en su momento, los 25.000 nuevos empleos prometidos, por lo que ante la realidad que 'enfrentamos los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas no podemos quedarnos cruzados de brazos'.

'Los trabajadores, tanto los de la empresa privada, como los empleados públicos, tenemos que movilizarnos con efectividad para hacer patente nuestro más rotundo rechazo a todas estas medidas que, en forma alguna, van a resolver la grave situación de crisis que la insensatez de la clase política (dominante) ha creado', sostuvo Guzmán López.

El dirigente gremial manifestó que una vez más ha quedado evidenciada con esta apresurada adopción de las medidas que dictó la nefasta junta de control fiscal, impuesta mediante la legislación federal Promesa, no van a conducir a ningún lado que no sea en perjuicio del pueblo.

Guzmán López expresó que mientras se exigen sacrificios a los trabajadores, 'no hay una cuota de sacrificio igual para el empresariado y el capital'.

La legislatura boricua inicia su más importante etapa, según el nuevo gobernador

SAN JUAN.- La Asamblea Legislativa, dominada por el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), inició hoy su etapa más importante en la historia de Puerto Rico, a juicio del nuevo gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

 
'Lograr la recuperación de Puerto Rico, reactivando la economía, creando las condiciones que faciliten la creación de más y mejores empleos, y lograr que se recobre la confianza en las instituciones de gobierno, es nuestra agenda en común', apuntó.

El mandatario, quien preside el PNP, presentó ante la Legislatura varios proyectos de ley con el objetivo de lograr economías en la operación gubernamental, a la vez que se eficiencia al gobierno en sus servicios al pueblo, dijo.

'Tendrán ante su consideración proyectos de ley que garantizan la estabilidad de nuestros servidores públicos, estableciendo el concepto del gobierno como empleador único, y pasarán juicio sobre medidas que transformarán la manera en que se promociona a Puerto Rico como un destino turístico y de inversión', anunció Rosselló Nevares.

Apuntó que se atenderán a los sectores más vulnerables de la sociedad puertorriqueña y a la nueva generación que busca oportunidades 'en la tierra donde nacieron y donde todos queremos vivir'.

El gobernante reiteró la necesidad de incentivar el retorno de profesionales puertorriqueños, que han partido de la isla en busca de mejores oportunidades.

'Debemos trabajar para lograr la reunificación de las familias puertorriqueñas', insistió en un mensaje en la Cámara de Representantes, horas después de haber hecho lo propio en el Senado.

Rosselló Nevares se enfocó, además, en que ya identificó áreas presupuestarias en las que se realizarán economías anuales que superen los 225 millones de dólares.

'La crisis fiscal del gobierno y la económica que afecta a la mayoría de los puertorriqueños está íntimamente relacionada al colapso de la colonia', aseguró.

Propuso que para resolver los problemas de una forma definitiva, Puerto Rico tiene que acabar con las injusticias de un sistema de gobierno colonial.

Un experto de la ONU alerta sobre el impacto social de la austeridad en Puerto Rico

NUEVA YORK.- El experto independiente de Naciones Unidas sobre deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, advirtió hoy que un incremento en las medidas de austeridad en Puerto Rico dispararía la pobreza y la situación desesperada de muchas personas. 

Empeorarían los niveles ya intolerables de pobreza en ese territorio y amenazarían los derechos humanos, precisó en un comunicado, a partir de la grave crisis que vive la isla caribeña y de la solución promovida por el Congreso de Estados Unidos, la potencia dominante desde 1898.

De acuerdo con el experto argentino, asegurar la estabilidad financiera, controlar la deuda pública y reducir los déficits presupuestarios constituyen objetivos importantes, pero no deberían lograrse a expensas de los derechos humanos.

'La población no puede quedar como rehén de prácticas irresponsables de toma y otorgamiento de préstamo realizadas el pasado. La economía debería servir a las personas, no al revés. Las pérdidas deben ser distribuidas equitativamente. Los tenedores de bonos, incluidos los inversores en fondos de alto riesgo, deben asumir su parte equitativa de las pérdidas', afirmó.

Bohoslavsky exhortó a que se adopte una reducción significativa de la deuda para alcanzar niveles financieros y sociales sostenibles.

El Congreso norteamericano aprobó el año pasado una Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, ente encargado de lidiar con la crisis.

La Junta debe asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales no sean afectados al dar prioridad absoluta a los derechos de los acreedores y la imposición de una austeridad excesiva, señaló el experto, quien ha pedido a Estados Unidos la invitación para realizar una visita de investigación en Puerto Rico.

De acuerdo con Bohoslavsky, el plan fiscal de la isla caribeña necesita prevenir mayores daños a aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

'Las medidas de reforma deben garantizar la protección de los derechos a la salud, la alimentación, la vivienda y la seguridad social (...) Sencillamente, la isla no puede afrontar mayores niveles de austeridad', insistió.

El presidente del Senado de Puerto Rico reconoce que se impondrán sacrificios

SAN JUAN.- El recién instalado gobierno puertorriqueño impondrá sacrificios al pueblo, mediante la aplicación de medidas antipáticas, reconoció el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz.

La aceptación, que contradice la prédica del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), se produce en el contexto de la falta de liquidez que enfrenta esta isla del Caribe para atender sus necesidades más perentorias, según reconoció el flamante gobernador puertorriqueño, Ricardo Rosselló Nevares.

'Hace falta comprensión, porque aquí habrá determinaciones antipáticas, incómodas, de sacrificio', dijo Rivera Schatz, quien el lunes asumirá nuevamente el liderazgo del Senado, que presidió en el cuatrienio 2009-2013.

Ante la falta de liquidez, admitió que resulta bastante complicado asegurar los servicios básicos y esenciales, asegurar nómina, particularmente a los sectores más vulnerables.

'Habrá decisiones que son antipáticas y yo no quiero llamarlas difíciles, son incómodas', dijo en entrevista radial.

Rivera Schatz confirmó que el gobierno de Rosselló Nevares deberá atajar 'los problemas presupuestarios y fiscales que tiene, que son bastante severos'.

Con una deuda pública de 69.000 millones de dólares, el presidente de la cámara alta consideró que hay un consenso generalizado de que las cosas están muy mal.

'La situación económica es de tal gravedad que va a requerir atención mayor y quizás amputación, en algunos casos', dramatizó.