domingo, 26 de junio de 2016

Combatirán 200 organizaciones a la junta fiscal de EE.UU en Puerto Rico

SAN JUAN.- Representantes de unas 200 organizaciones políticas, sindicales y sociales están comprometidos hoy en combatir el establecimiento en Puerto Rico de una junta de control fiscal de Washington, que reducirá los mínimos poderes del gobierno isleño. 

El compromiso surgió como secuela de la maratónica Asamblea de Pueblo que se realizó en la víspera en San Juan, bajo la convocatoria de la Concertación Puertorriqueña Contra la Junta de Control Fiscal, cuyo establecimiento se contempla en una legislación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que está en trámite en el Senado federal.

El propósito de cónclave, al que concurrieron representantes de la diáspora puertorriqueña en la nación norteña, incluido el congresista demócrata Luis Gutiérrez (Illinois) y la presidenta del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, fue aprobar la iniciativa de desobediencia civil en caso de que el presidente estadounidense Barack Obama sanciones la imposición de la junta de control fiscal.

Los organizadores del encuentro, entre los que se encontraba la expresidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico Ana Irma Rivera Lassén y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, del ala soberanista del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), se proponen realizar desobediencia civil en instalaciones públicas y una protesta frente al edificio que alberga las dependencias de Estados Unidos en la isla.

La imposición de la junta federal tiene como objetivo garantizar que se pague a los acreedores de Wall Street y a los fondos buitres la deuda pública de 70.000 millones de dólares.

El gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla ha establecido que es impagable a menos que se someta al pueblo a la privación de salud, educación y seguridad, entre otros renglones.

La dirigente sindical Luisa Acevedo aseguró que la Concertación Puertorriqueña Contra la Junta de Control Fiscal Federal ya cuenta con personas listas para, cuando así se disponga, realizar desobediencia civil contra el propuesto organismo.

El congresista Gutiérrez exhortó a forjar la unidad para lograr detener el proyecto, conocido como Promesa por sus siglas en inglés, que implementaría la junta de control y otros mecanismos que colocarían al gobierno de Puerto Rico en un segundo plano.

"Al igual que nuestra unidad expulsó a la Marina de Guerra de Vieques, expulsará a la junta de control fiscal; al igual que nos levantamos unidos para detener el gasoducto, vamos a expulsar a la junta", dijo al destacar que por sus venas corre la misma sangre del patricio Ramón Emeterio Betances, el mártir nacionalista Pedro Albizu Campos y el prisionero político Oscar López Rivera, quien lleva 35 años encarcelado por luchar por la independencia de Puerto Rico.

Titulares puertorriqueños de bonos analizarán opciones ante un posible impago

SAN JUAN.- Los titulares puertorriqueños de bonos de la isla se reunirán este lunes para conocer cómo puede afectarles la imposición de una junta federal de control fiscal que ayude a reestructurar la deuda y qué opciones tienen ante el previsible impago del Gobierno.

La recién creada agrupación de Bonistas del Patio ha convocado a sus integrantes para celebrar el primer Encuentro de Bonistas de Puerto Rico, una jornada en la que se celebrarán una serie de conferencias con todos los sectores involucrados en la actual crisis económica y fiscal de la isla.
Se calcula que en Puerto Rico hay más de 60.000 personas que tienen bonos de deuda del Gobierno de la isla por valor de cerca de 15.000 millones de dólares, una parte significativa de los 70.000 millones emitidos en total por las diferentes administraciones y entidades públicas locales.
"Este evento será una magnífica oportunidad de educación y orientación para todos los tenedores de bonos de Puerto Rico", dijo Jorge Irizarry, director ejecutivo de Bonistas del Patio.
En la reunión se discutirá sobre la situación actual tras la aprobación por parte de la Cámara federal de Representantes del proyecto de Ley conocido por el acrónimo de "Promesa" y "las consecuencias directas que tendrán las decisiones que se están tomando a nivel federal sobre los puertorriqueños", dijo Irizarry.
El citado proyecto de Ley, que aún debe ser aprobado por el Senado federal, establece la imposición de una junta de control fiscal compuesta por siete miembros elegidos por el presidente de EE.UU. para que supervisen el cumplimiento de los presupuestos y el control de gastos y ayuden a reestructurar la deuda.
La reunión, que estará abierta al público en general, se llevará a cabo el lunes desde las ocho de la mañana en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.
Comenzará con una exposición por parte de miembros del equipo fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Además, habrá un panel con todos los candidatos a la Gobernación de cara a las elecciones del próximo noviembre.
Hasta el momento han confirmado su participación los presidentes del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier; del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló; y del minoritario Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe. Igualmente estarán los candidatos independientes Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre.
La presidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago declinó participar en el foro por estar en cierre de la sesión legislativa.
En otro panel, economistas como Joaquín Villamil, Carlos Colón de Armas y Joseph Rosenblum orientarán a los bonistas acerca de los posibles recortes en los pagos del principal y los intereses de su deuda y el impacto económico que pueden tener.
Habrá además un panel de congresistas y miembros del Tesoro federal, y otro que ofrecerá el punto de vista de las cooperativas de ahorro y crédito.
Los Bonistas del Patio aseguran haber estado entre los más afectados por los tres impagos en los que hasta el momento ha incurrido el Gobierno de Puerto Rico.
El primero fue en agosto de 2015, correspondiente a bonos de la Corporación de Financiamiento Público. El segundo fue en enero de 2016 con bonos de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI).
El tercero tuvo lugar al comienzo de mayo, cuando se dejó de pagar un vencimiento de 400 millones de dólares de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). De esa cantidad, cerca de la mitad pertenece a individuos puertorriqueños, según Bonistas del Patio.
Sin embargo, el más cuantioso previsiblemente será el del próximo 1 de julio, cuando vencerán bonos por valor de cerca de 2.000 millones de dólares, de los que unos 700 son obligaciones generales (conocidas en inglés como GO's).
Ese tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.
Por ello, el Gobierno de Alejandro García Padilla está haciendo todo lo posible para presionar al Senado de EE.UU. a que apruebe el proyecto "Promesa" antes del 1 de julio.