miércoles, 13 de julio de 2016

S&P degrada la deuda de la corporación pública de acueductos de Puerto Rico

SAN JUAN.- La estatal Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) está hoy en un marco de vulnerabilidad, luego que la casa crediticia estadounidense Standard & Poors (S&P) degradara parcialmente su deuda pública. La acción, en respuesta a la situación de fragilidad en que se encuentra Puerto Rico, coloca 3,4 millones de dólares en bonos emitidos por la AAA de 2008 q 2012 en el nivel especulativo con una clasificación de doble C o triple C menos.
"La degradación se basa en el debilitamiento financiero que presenta el Estado Libre Asociado (ELA) que ha causado un debilitamiento en el perfil de riesgo financiero de la AAA", estableció Theodore Chapman, analista de calificaciones de crédito de S&P Global.

En este sentido destacó la disminución de la liquidez del ente estatal de acueductos, además de las grandes cuentas por pagar que tardará más de una año fiscal para abordar plenamente la gerencia.

Debido a la situación económica de la corporación pública, que forcejea por imponer un alza en el coste de consumo a los abonados, la acción de S&P tomó la decisión.

El informe de la casa crediticia se refiere, además, a la emisión de deuda que desde 2014 pretende hacer la AAA, lo que le ha impedido hacerlo la estrechez fiscal por la que transita Puerto Rico.

Aparte, la corporación pública ha utilizado gran parte de sus reservas de efectivo para pagar las dos líneas de crédito comprometidas.

"La AAA había utilizado históricamente estas líneas como mecanismos de financiación provisionales para los proyectos de inversión aprobados, con la intención de disminuir las líneas de la emisión de deuda a largo plazo", precisó en el informe la S&P.

Aclaró que esto no incluye un requisito de reserva que previamente había sido satisfecha con una línea de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento, central, que se encuentra a punto de la insolvencia.

Marcada por la violencia entrada de Uber a Puerto Rico

SAN JUAN.- La entrada de la empresa Uber a Puerto Rico, sin cumplir con las normas regulatorias, ha estado hoy marcada por la violencia ante la oposición mostrada por los taxistas, quienes deben cumplir con normativas. 

Algunos de los conductores de Uber, un sistema de autoempleo que beneficia con un 25 por ciento del ingreso a la proveedora mexicana de una aplicación, han denunciado a través de las redes sociales que han sido sometidos a agresiones por conductores de taxis.

Los taxistas, que deben cumplir con onerosas imposiciones fiscales anuales para poder operar, se han quejado de la entrada de Uber sin cumplir con los requisitos de ley de Puerto Rico para ofrecer transportación mediante pago.

Hasta ahora las agresiones se han estado limitadas directamente a los vehículos sospechosos de ofrecer la transportación mediante la aplicación tecnológica, que Uber alega han descargado sobre 10 mil personas.

El presidente de la Comisión de Servicio Público (CSP), Omar Negrón Judice, condenó la violencia contra los conductores particulares que ofrecen el servicio alternativo como "totalmente inaceptable e inconsecuente".

"Ante los recientes sucesos en donde algunos supuestos taxistas han recurrido a la violencia para hacer valer sus ideas, la violencia no se puede tolerar ni aceptar", expuso el funcionario en una declaración conjunta con los demás comisionados.

Negrón Judice exhortó a la Compañía de Turismo a que intervenga en esta situación, ya que los incidentes se han producido en áreas de su competencia, como hoteles o el aeropuerto internacional de Isla Verde, en el contiguo municipio de Carolina.

"En la CSP no nos oponemos a la tecnología ni a la innovación; estamos conscientes que Uber aportará al desarrollo económico; no obstante, Puerto Rico se rige por la ley y el orden, y todos debemos cumplir con los parámetros establecidos y Uber no puede ser la excepción", dijo.

El presidente de la Federación de Taxistas de Puerto Rico, Juan De León, consideró que el inicio en la víspera de Uber en el país representa un golpe de Estado.

"Para mí lo que está haciendo esta compañía Uber es un golpe de Estado, es un decreto de guerra a nuestro país", afirmó De León al violar diversas leyes, incluida la que regula a los conductores de servicio turístico.

El portavoz de Uber para el Caribe y Latinoamérica, Luis de Uriarte, dijo que el servicio iniciado hace seis años integra a San Juan a otras 478 ciudades en el mundo en las que mantienen operaciones.

El empresario de nacionalidad mexicana defendió el servicio al sostener que ha revolucionado la industria de la transportación, ya que depende de la tecnología sobre la regulación.

"Tenemos más de 100 regulaciones en el mundo ya, somos una empresa que cumple ya 6 años", expresó sobre el servicio, que depende del autoempleo.

El Gobernador considera que Puerto Rico tiene su mejor opción con ley de EE.UU.

SAN JUAN.- El gobernante Alejandro García Padilla consideró que la legislación estadounidense Promesa brinda a Puerto Rico las herramientas necesarias para la reestructuración de su deuda como antesala a la recuperación económica. 

 "La situación fiscal de Puerto Rico ha estado en el escenario mundial desde hace varios meses; es de conocimiento público que el país no puede pagar la deuda de 70.000 millones de dólares que fue generada por pasadas administraciones y sus acreedores, y por consiguiente, debe ser reestructurada", expresó el mandatario.

García Padilla resaltó, como orador principal de la Quinta Conferencia Anual sobre Finanzas Municipales del Centro Hutchins de la Institución Brookings en Washington, que la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico trae consecuencias negativas en la vida de los puertorriqueños.

Especificó las circunstancias particulares que desató la crisis fiscal en la isla caribeña, a partir de la contracción en el sector industrial tras la eliminación paulatina por el Congreso federal de la Sección 936, que se prolongó por una década, hasta 2006.

El gobernante diferenció la crisis fiscal de Puerto Rico, que lo colocó al borde de la bancarrota, con las situaciones ocurridas en ciudades o estados de la nación norteña, que cuentan con herramientas provistas por el gobierno federal para facilitar su recuperación.

Esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde hace casi 118 años, atraviesa una de sus peores etapas en las últimas seis décadas, tras establecerse en 1953 el Estado Libre Asociado (ELA), hoy degradado por el Congreso con la legislación Promesa y la corte suprema federal con dos decisiones que le restaron su soberanía.

Pese a este panorama, García Padilla adujo que guiado por su política pública y su visión de un desarrollo económico sustentable para el país, Puerto Rico emprende un nuevo comienzo hacia la construcción de una sólida economía.

"Mi administración actuó con rapidez y adoptó de inmediato medidas de austeridad, recortando el presupuesto y reduciendo gastos", dijo.

Agregó que se retuvieron pagos de reintegros y cuentas por pagar a proveedores por más de dos mil millones de dólares.

"Esto ocasionó que perdiéramos crédito comercial y la capacidad de pagar las deudas, mas inhabilitados de poder declararnos en bancarrota, estábamos desprotegidos y sin capacidad para actuar responsablemente en una fecha crucial", manifestó García Padilla.

Ante ese escenario, el mandatario consideró que la legislación Promesa se convirtió en la única solución para la crisis fiscal de la isla y "las delicadas condiciones de vida que comenzó a experimentar la sociedad puertorriqueña".

Promesa impone al gobierno de Puerto Rico una junta de control fiscal de siete miembros, en la que el gobernador como octavo integrante tendrá una participación pasiva.

Para García Padilla la particular ley federal, que en la práctica representa una sindicatura, brinda las herramientas legales para completar una reestructuración de la deuda pública en beneficio del país y de los acreedores.

"Aunque no es una medida perfecta, ya que crea una junta de control fiscal que atenta contra la democracia de las instituciones del ELA, constituyó la única alternativa a la hora de elegir entre exponer al pueblo a la miseria o la intervención del gobierno federal en nuestra democracia", dijo García Padilla.