Ilegal para bonistas boricuas la condonación de deudas del banco central

SAN JUAN.- El grupo Bonistas del Patio denunció hoy la ilegalidad de la decisión del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, de condonar las deudas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central). 

 "Condonar las deudas del BGF a días de que se nombren los miembros de la junta de control fiscal representa un desafío a Promesa (acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración, Estabilidad Económica de Puerto Rico), que dice que hay que respetar las leyes y las deudas con los acreedores, afirmó Jorge Irizarry, director ejecutivo de Bonistas del Patio.

Afirmó que el gobernador García Padilla sabe que la mayor parte de la deuda del BGF "está en manos puertorriqueñas, no en los llamados fondos buitres".

"Ese dinero lo tomó prestado el BGF de puertorriqueños que lo prestaron de buena fe al adquirir los bonos, y lo utilizó para otorgar préstamos que ahora el mismo gobierno condona, incurriendo un flagrante conflicto de interés sin tomar en cuenta los derechos y el sustento de los ahorristas", expuso Irizarry.

Sostuvo que la inmensa mayoría de los bonistas individuales son personas retiradas que ahorraron durante toda su vida y que no tienen otros ingresos para vivir.

Adujo que con su acción, el mandatario boricua evidencia que "al gobierno no le importa si un bonista retirado se queda sin el dinero para hacer su compra o para adquirir sus medicamentos".

"Para ellos el bonista no es esencial, pero sí es esencial pagarle millones a Millstein, a Cleary y a los demás asesores del gobierno; esto es una irresponsabilidad", agregó Irizarry en declaraciones escritas.

El gobernador García Padilla convirtió en ley en la víspera una medida que recorta una porción significativa de la deuda pública que agencias y corporaciones estatales deben al BGF, con lo cual miles de millones de dólares serán incobrables.

Esto lo hacen, según Bonistas del Patio, sin tomar en cuenta los derechos de los acreedores del BGF, la mayoría de los cuales son puertorriqueños.

El proyecto de ley elimina el 40 por ciento de las deudas de varias entidades públicas a la vez que establece un mecanismo para reestructurar el restante 60 por ciento.

El mandatario justificó su acción al sostener que de esa forma se atienden los préstamos que fueron otorgados sin fuente de repago en pasadas administraciones.

Irizarry explicó que por los pasados dos años el gobierno viene diciendo que quiere llegar a acuerdos con los bonistas, pero esto es una determinación totalmente unilateral.

La deuda pública del país es de 68.000 millones de dólares, de los cuales unos 15.000 millones corresponden al dinero que prestaron residentes de Puerto Rico.

Tan reciente como en 2013, el monto en manos de los puertorriqueños era de 25.000 millones de dólares, lo cual actualmente se ha reducido a 15.000 millones por varias razones, se explicó.

Los Bonistas del Patio han sido los más afectados con los tres impagos de la deuda del gobierno ya que el grueso de estos emisores está en manos puertorriqueñas y no en los fondos buitres.

El primer impago fue en agosto de 2015, correspondiente a los bonos de la Corporación de Financiamiento Público (PFC), y en enero de 2016 ocurrió el impago de otros bonos de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

Hace unas semanas se dio el impago de la deuda del BGF por 400 millones de dólares y se estima que más de 200 millones de ese total pertenecen a puertorriqueños.

Puerto Rico recorre ruta aciaga después de 64 años asociado a EE.UU

SAN JUAN.- Puerto Rico recorrió una ruta aciaga al arribar hoy al 118 años de la invasión de Estados Unidos y el 64 aniversario de su resquebrajada vitrina del Estado Libre Asociado (ELA), opinan analistas políticos.

La coincidencia de las fechas de la ocupación militar de Estados Unidos de este país con la efemérides del ELA no es casual, sino la intención de Washington de encubrir un suceso trágico con otro que se convirtió en su bandera de propaganda de progreso económico hacia América Latina y el Caribe.

La fecha también marca el asesinato en 1978 de dos jóvenes independentistas, Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, emboscados por la policía puertorriqueña en el cerro Maravilla, en el municipio de Villalba, en las montañas de la región central de Puerto Rico.

"Hemos sufrido masacres, persecuciones y difamaciones, pero no han podido mutilarnos el alma", expresó con su encendido estilo el exprisionero político puertorriqueño Rafael Cancel Miranda, quien a sus 86 años de edad, 27 de los cuales los pasó en cárceles de Estados Unidos, mantiene elevado su espíritu de combatividad.

Cancel Miranda, que en 1954 integró un comando junto a Lolita Lebrón, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero que atacó al Congreso de Estados Unidos para alertar al mundo sobre la farsa colonial del ELA, considera que "los invasores yanquis afectaron el entendimiento de miles de puertorriqueños, pero no pudieron hacer lo mismo con miles de independentistas".

"Ahora, el Congreso y el Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptaron lo que nos llevó a atacar el hemiciclo de la Cámara federal, que Puerto Rico es una colonia", dijo el luchador en días recientes a Prensa Latina, al plantear que los únicos derrotados en estos 118 años de dominación norteamericana son "los que reniegan de su propio ser y glorifican al invasor de su patria".

Esa glorificación del invasor forma parte de la política que por más de un siglo sembró, incluso a través de las escuelas, y que tras la creación del Estado Libre Asociado, se reforzó en virtud de la conversión de Puerto Rico en bandera de propaganda de la política imperialista de Washington, dirigida particularmente a América Latina y el Caribe.

El portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, Eduardo Villanueva Muñoz, indicó que ante la nueva forma de tiranía que impone Estados Unidos con el establecimiento de una junta de control fiscal bajo la legislación Promesa, "tenemos que aspirar al desarrollo de la resistencia".

"Debe hacer resistencia inconstitucional de las llamadas instituciones representativas de pueblo, que son en el Senado y la Cámara", expresó Villanueva, quien fuera presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

Villanueva Muñoz resaltó que a lo largo de su lucha, los puertorriqueños no sólo pusieron cuotas de sangre, sino que tuvieron prisioneros políticos en la cárceles de Estados Unidos, como Oscar López Rivera, que lleva 35 años encarcelado por lucha por la independencia de esta isla del Caribe.

Aclaró a Prensa Latina que los diversos movimientos sindicales, estudiantiles y ecológicos, además del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), tienen que ser creativos en el desarrollo de esta nueva lucha para terminar con el colonialismo.

"El fracaso estrepitoso del ELA, criatura del Congreso de Estados Unidos, es el fracaso del colonialismo que sólo se resuelve con la recuperación de nuestra soberanía nacional, que nos permita decidir libremente nuestro destino", aclaró el copresidente del MINH, Julio Muriente Pérez, ante la bancarrota fiscal y económica de Puerto Rico, con una deuda pública impagable de 70 mil millones de dólares.

El dirigente independentista opinó que la imposición de la junta de control fiscal, que para todos los efectos tiene consecuencias y propósitos dictatoriales, está encaminada a empobrecer aún más al pueblo puertorriqueño, con sobre el 60 por ciento de su población de 3,5 millones de habitantes bajo el nivel de pobreza después de 118 años de dominación de la nación norteña.

La senadora María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del PIP, afirmó que la posibilidad del desarrollo de la economía puertorriqueña fue perjudicada por la política de Washington, que obliga a abrir espacio en la Isla a sus comercios, entre otros factores.

"Desde la década de 1970, cuando comenzaron a aumentar las transferencias federales, a más transferencia menos desarrollo económico de Puerto Rico", advirtió Santiago, oradora en los actos del Cerro Maravilla en recordación a los dos independentistas asesinados, al señalar que para el próximo año se espera que el crecimiento económico alcance un negativo dos por ciento.

Para Rafael Bernabe, candidato a la gobernación del PPT, la selección del 25 de julio para proclamar el ELA en 1952 tenía como objetivo desplazar del recuerdo el 25 de julio de 1898, cuando se inició la dominación colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico.

 "Esa selección también intentaba señalar que la creación del ELA había dejado atrás aquella relación colonial, al crear un pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos, (pero) acciones y declaraciones recientes del gobierno federal demostraron, para quien necesitaba demostración, que la creación del ELA no eliminó aquella relación colonial", dijo.

El dirigente político consideró inaceptable que Puerto Rico siga siendo un territorio no incorporado de Estados Unidos, sujeto a los plenos poderes del Congreso, en pleno siglo XXI.

"Esto es inaceptable para Puerto Rico y para la humanidad, como sería sería inaceptable la supervivencia de la esclavitud o la servidumbre", recalcó.

El desempleo de Puerto Rico se encuentra en su cifra más baja desde 2008

SAN JUAN.- La tasa de desempleo ajustada correspondiente a junio pasado se colocó en 11,2 por ciento, la cifra más baja desde hace ocho años, asegura el Ministerio del Trabajo de Puerto Rico. 

La cifra refleja una disminución de 0,8 por ciento, en comparación con el mismo mes de 2015, cuando el desempleo cayó a 12,1 por ciento de la fuerza laboral activa y corresponde a la tasa más baja desde mayo 2008, cuando se estimó en 11,0 por ciento.

Los estimados de empleo y desempleo en Puerto Rico, correspondientes al pasado mes de junio reflejaron también que la tasa de participación se colocó en 40,2%, que equivale a un aumento de 0,6 al comparar la cifra con junio 2015, cuando la participación laboral se estimó en 39,6 por ciento.

Al difundirse los datos realizados por la Secretaria Auxiliar de Planificación y Estadísticas, el ministro de Trabajo Vance Thomas expresó que la encuesta reflejó un incremento en el empleo total ajustado.

"Las más recientes estadísticas de Empleo y Desempleo reflejan que el empleo total reflejó un alza de 20.000 empleos adicionales comparado con los 988.000 de junio 2015, colocando la cifra actual de empleos en 1.000.008 mil personas trabajando", explicó.

Thomas afirmó que esta cantidad de empleados no se reflejaba desde febrero 2013, cuando se estimaron 1.000.009 mil personas trabajando.

Banco 'Santander' cierra ocho de sus sucursales en Puerto Rico

SAN JUAN.- El banco español Santander Puerto Rico cerró ocho de sus 34 sucursales, principalmente en la región sur con el propósito de atender los "retos que enfrenta la economía del país". 

Puerto Rico experimenta su décimo año de estancamiento económico y la situación parece incierta con una deuda pública impagable de 73.000 millones de dólares, mientras Estados Unidos ha decidido imponer sobre su gobierno una junta de control fiscal.

La portavoz de la institución bancaria, Michelle A. Balaguer Domínguez, aseguró que el cierre no ha afectado a los empleados, ya que fueron reubicados, debido a que Santander mantiene en operaciones en esta isla del Caribe 26 sucursales.

"Banco Santander sigue firmemente comprometido con Puerto Rico, por lo que la decisión de cerrar la operación de sucursales está alineada con este objetivo", dijo la gerente de comunicación corporativa al periódico semanal Es Noticia, que se editado en Ponce (sur).

Balaguer Domínguez expresó que los desafíos de la economía puertorriqueña requieren de procesos de transformación como los que enfrenta la industria bancaria.

En la medida en que continuemos fortaleciendo la eficiencia de nuestras operaciones, dijo, identificaremos nuevas oportunidades y maneras de servir a nuestros clientes con mejores productos y servicios.

En abril pasado, trascendió que como parte de una reestructuración, la matriz de Banco Santander en Madrid planificaba cerrar hasta 425 sucursales en España.

La institución bancaria mantiene operaciones en casi toda América Latina y en Estados Unidos, además de figurar entre los bancos líderes en Europa.

Fondos buitres demandan al gobierno de Puerto Rico

SAN JUAN.- Tenedores de fondos buitres sorprendieron al demandar al gobierno puertorriqueño en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan, por presuntamente violar los términos de un rescate del Congreso federal. 

La acción se produce a pesar de la legislación federal Promesa, siglas en inglés de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico, que tiene el propósito de evitar una lluvia de demandas contra el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA).

Contrario a lo que se plantea en la demanda, el Congreso estadounidense no ha aprobado un rescate para Puerto Rico, aunque en la televisión norteamericana se pasaron mensajes de los fondos buitres inyectando esa idea.

El gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla había advertido la imposibilidad de cumplir con la deuda pública del país de 70.000 millones de dólares, la que actualmente dijo su administración consiguió reducir a 68.000 millones.

Los fondos buitres impugnan en su acción judicial la aprobación por el gobierno del ELA de la Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, que le permite retener los pagos a los acreedores para dirigir el dinero a atender los asuntos más apremiantes del país.

A juicio de los tenedores de fondos buitres, Puerto Rico está impedido de tomar esta acción antes de que se establezca la junta de control fiscal que conlleva la legislación Promesa, para asumir la administración del presupuesto isleño.

Exgobernador boricua dice que EE.UU aplica un ofensivo poder colonial

LA HABANA.- La aprobación de la ley Promesa constituye el uso más burdo y ofensivo de los poderes coloniales del gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico, aseguró el exgobernador de esa isla caribeña, Aníbal Acevedo Vilá. 

El exgobernante boricua subrayó que en términos prácticos, la aplicación de La ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), significará "la revocación de los limitados poderes de autogobierno que Estados Unidos le había otorgado a los puertorriqueños".

"Desde la perspectiva de la crisis económica y fiscal que vive Puerto Rico -agregó-, esta ley no va a resolver los problemas de la isla. Simplemente, establece un proceso para asegurar que los "bonistas" (prestamistas) pueden cobrar el máximo de sus acreencias".

Acevedo, que gobernó la isla caribeña de 2005 a 2009, piensa que será difícil predecir o anticipar lo que sucederá en Puerto Rico en un futuro inmediato y recordó que, aunque el Comité de Descolonización de la ONU se ha expresado sobre este tema, la Asamblea General no lo ha vuelto a hacer desde 1953.

En 2008, en su condición de gobernador de Puerto Rico, Acevedo Vilá pidió al Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas que elevara una petición para que la Asamblea General de este foro internacional incluyera en su agenda el caso puertorriqueño.

Ocho años después, el 20 de junio último, Acevedo Vilá testimonió de nuevo ante el Comité de Descolonización, y llamó a la comunidad internacional a "ejercer sus mejores oficios y presionar a Estados Unidos para que inicie a la mayor brevedad posible un proceso de descolonización política y económica de Puerto Rico".

"De la misma forma que no se le podía imponer a un esclavo la responsabilidad de resolver su situación de esclavitud -expresó en esa ocasión-, no se le puede exigir a un pueblo al que se le han negado los más básicos atributos de soberanía para determinar su destino, que asuma la responsabilidad de resolver esa situación a la misma vez que se le niegan los atributos necesarios para actuar".

"Lo más importante -dijo- es que la comunidad internacional ejerza presión para que Estados Unidos se comprometa a terminar con el régimen colonial en Puerto Rico".

Cuestionado acerca del grado de culpabilidad de los diferentes gobiernos establecidos en San Juan con la actual crisis fiscal y la exorbitante deuda pública -72.000 millones de dólares-, a lo que el exgobernador explicó que "es una responsabilidad compartida de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos".

"Durante el periodo en que aumentó significativamente el endeudamiento, el gobierno de Estados Unidos eliminó el beneficio contributivo que recibían compañías norteamericanas de manufactura que invertían en Puerto Rico (sección 936 del Código federal de rentas internas)", explicó Acevedo.

"Eso provocó -añadió- que Puerto Rico entrara en una recesión económica en 2006 de la cual no ha podido salir. En 1998, Puerto Rico tenía cerca de 150.000 empleos en manufactura. Hoy tiene poco más de 80.000".

"Además, el gobierno de Estados Unidos le impone a Puerto Rico leyes y regulaciones, como el uso de la ley de cabotaje, que afectan negativamente la economía de la isla y le impone requisitos en sectores como el de la salud, para los cuales el gobierno de Washington no hace una aportación adecuada al de Puerto Rico", enfatizó Acevedo.

"Eso no quita que en la década de los 90 -insistió-, el gobierno puertorriqueño invirtió en obras de infraestructura majestuosas sin el financiamiento adecuado, lo que inició la crisis de la deuda. A eso se añadió la necesidad de seguir tomando prestado para poder financiar las operaciones básicas del gobierno y no afectar los servicios al ciudadano".

Según Acevedo Vilá, será muy difícil tener una visión ideológica, incluso definir a distancia cuales son las verdaderas intenciones del gobierno de Estados Unidos con Puerto Rico, en medio de la crisis que sacude hoy a la sociedad boricua.

A corto plazo -explicó el exgobernante-, se pueden identificar algunas tendencias y motivaciones, en primer lugar, una clara insatisfacción con el arreglo del status actual; un temor con cuáles serían las consecuencias políticas y legales para Estados Unidos si Puerto Rico se va a la quiebra, y también una presión de parte de los fondos buitres para que Washington intervenga para asegurar que se les pague.

"Más allá de esto, es difícil identificar los propósitos a largo plazo de la administración Obama", sentenció.

Interrogado sobre posibles escenarios y reacciones sociales como respuesta a la imposición estadounidense de la Junta Fiscal, Acevedo Vilá señala que entre las masas populares ya "se están gestionando diferentes actos de protesta, y de parte de las autoridades gubernamentales puertorriqueñas, hay una actitud de compás de espera".

Para el exgobernador, a pesar de las primeras señales de protesta por la imposición de la ley Promesa, todavía "hay mucha incertidumbre y confusión en la población", y en su opinión "se requiere de un cambio profundo en las relaciones económicas y políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos para poder salir de forma efectiva y permanente de la crisis".

Las palabras expresadas en junio pasado por el exgobernador boricua en el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas siguen vigentes hoy: "Estados Unidos tiene que asumir la responsabilidad de resolver la presente situación colonial y hablarle con claridad al pueblo de Puerto Rico".

Puerto Rico nunca vivió un minuto de soberanía / Miguel Fernández Martínez *

Para los que todavía dudan del verdadero status político que tiene la isla de Puerto Rico, con la aplicación de la nueva ley Promesa se reafirmó la condición de Washington como metrópoli colonial en pleno siglo XXI.

La ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), sin el menor respeto a la soberanía y los derechos esenciales de los puertorriqueños y por edicto del gobierno de Estados Unidos, conducirá en lo adelante los destinos de los boricuas.

Sobre la aplicación de esta ley, Prensa Latina entrevistó a José "Tato" Rivera Santana, luchador independentista boricua y portavoz de la Concertación Puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal.

Para Rivera, la imposición por parte del Congreso estadounidense de una Junta de Control Fiscal a Puerto Rico, "constituye un acto de colonialismo puro, sin disfraz y crudo".

"Desde el 1952 existía un gobierno electo por los puertorriqueños que si bien no ejercía poderes soberanos, realizaba funciones administrativas y ocupaba algunos espacios de autonomía como, por ejemplo, en el ámbito fiscal".

"La imposición de la ley Promesa -añade- cierra esos espacios y cercena las principales funciones administrativas del gobierno puertorriqueño. En esencia, será una Junta Imperial compuesta por siete personas quienes tendrán el poder absoluto para decidir sobre el presupuesto, planes fiscales y disponer de todos los bienes y propiedades del pueblo de Puerto Rico".

El activista insiste que el propósito principal de esta Junta es garantizar el pago a los acreedores de la deuda, cuyo monto asciende a más de 70.000 millones de dólares.

"Es el presidente de Estados Unidos quien va a designar a esas siete personas, sin ninguna participación del pueblo puertorriqueño, por lo que se trata de un claro ejercicio antidemocrático y despótico. Además, representa una violación flagrante de los derechos nacionales y humanos de los puertorriqueños", subrayó Rivera.

El luchador independentista subrayó que es importante aclarar que el caso de Puerto Rico no se trata de una neocolonia. "Justamente lo que evidencia la imposición de la Junta Imperial es el carácter clásico de la subordinación colonial a la que Estados Unidos sometió al pueblo

puertorriqueño desde 1898, cuando sus tropas invadieron la Isla en el marco de la Guerra hispano-cubano-americana".

Desde entonces -insiste-, Puerto Rico nunca, nunca, nunca ha vivido un solo minuto de soberanía, un solo día de independencia. Durante esos 118 años de colonialismo estadounidense el imperio practicó la explotación económica, la extracción cuantiosa de la riqueza del país, en la forma clásica que el sistema colonial lo ha hecho dondequiera que se ha impuesto.

"El tema de la descolonización e independencia de Puerto Rico es tema obligado e impostergable. Siempre lo ha sido, sin embargo, ahora adquiere una pertinencia clara y fehaciente ante las actuaciones del gobierno estadounidense", enfatizó.

Rivera asegura que la imposición de una Junta Imperial "evidencia que a los gobernantes estadounidense solo les interesa mantener su dominio colonial sobre Puerto Rico, su absoluto control y poco les importa asumir la responsabilidad de terminar con un régimen colonial que está proscrito por las Naciones Unidas y en especial por su Resolución 1514 XV que reconoce el derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminación e independencia".

"Las decisiones van más allá de las expresadas por la Casa Blanca. Ha quedado claro que, tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como el Congreso y la Casa Blanca reconocen que Puerto Rico es un "territorio" sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Es decir, una colonia".

"En efecto, las tres ramas del gobierno estadounidense -sin

"sonrojarse"-, han aceptado que le mintieron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuando en 1953 alegaron que Puerto Rico había alcanzado un gobierno propio, por lo que no era necesario mantenerlo en la lista de países bajo el sistema colonial", explica.

Antes de que se aprobara la ley que impone la Junta Fiscal -comenta Rivera-, diversos sectores sociales y políticos se organizaron y comenzaron los esfuerzos dirigidos a enfrentar este grave atropello. Se creó una Concertación que viene trazando las acciones y las diversas formas que adquirirá la movilización popular.

El pasado 25 de junio se celebró la primera Asamblea de Pueblo en contra de la Junta y de allí surgió una Declaración que establece la agenda de acción, y su llamado principal es a desobedecer las políticas y actuaciones de la Junta Imperial.

En esa dirección la desobediencia civil será uno de los instrumentos que se utilizarán y, de hecho, ya se está utilizando como medio de expresión y protesta.

La participación de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos es parte crucial de la estrategia de lucha, como lo fue en el pasado. Además, será muy importante la denuncia internacional.

También se convocó a los funcionarios gubernamentales a la no colaboración con la Junta impuesta, y a convertirse en defensores del pueblo puertorriqueño.

Otras actividades y acciones formarán parte de la agenda de lucha y sobre todo, como ocurrió en el pasado cuando el pueblo puertorriqueño obligó a la marina de guerra de Estados Unidos a abandonar la isla municipio de Vieques, habrá mucha creatividad.

Rivera confía que, como siempre, la juventud puertorriqueña estará al frente en las jornadas más importantes de la lucha del pueblo contra la dominación colonial.

"Ahora no es la excepción -aclara-. Desde el 28 de junio, los jóvenes organizaron un campamento de desobediencia civil que impide el uso de la entrada principal de lo que se conoce como el Edificio Federal. En éste radican las principales oficinas de las agencias del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico.

El campamento se mantiene a pesar de las amenazas de desalojo de funcionarios de la oficina de los alguaciles federales.

"La voluntad de lucha del pueblo puertorriqueño viene adquiriendo forma y se va a cristalizar en los próximos meses. Este nuevo capítulo de nuestra lucha más que centenaria apenas comienza", sentenció el activista boricua.

(*) Periodista

S&P degrada la deuda de la corporación pública de acueductos de Puerto Rico

SAN JUAN.- La estatal Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) está hoy en un marco de vulnerabilidad, luego que la casa crediticia estadounidense Standard & Poors (S&P) degradara parcialmente su deuda pública. La acción, en respuesta a la situación de fragilidad en que se encuentra Puerto Rico, coloca 3,4 millones de dólares en bonos emitidos por la AAA de 2008 q 2012 en el nivel especulativo con una clasificación de doble C o triple C menos.
"La degradación se basa en el debilitamiento financiero que presenta el Estado Libre Asociado (ELA) que ha causado un debilitamiento en el perfil de riesgo financiero de la AAA", estableció Theodore Chapman, analista de calificaciones de crédito de S&P Global.

En este sentido destacó la disminución de la liquidez del ente estatal de acueductos, además de las grandes cuentas por pagar que tardará más de una año fiscal para abordar plenamente la gerencia.

Debido a la situación económica de la corporación pública, que forcejea por imponer un alza en el coste de consumo a los abonados, la acción de S&P tomó la decisión.

El informe de la casa crediticia se refiere, además, a la emisión de deuda que desde 2014 pretende hacer la AAA, lo que le ha impedido hacerlo la estrechez fiscal por la que transita Puerto Rico.

Aparte, la corporación pública ha utilizado gran parte de sus reservas de efectivo para pagar las dos líneas de crédito comprometidas.

"La AAA había utilizado históricamente estas líneas como mecanismos de financiación provisionales para los proyectos de inversión aprobados, con la intención de disminuir las líneas de la emisión de deuda a largo plazo", precisó en el informe la S&P.

Aclaró que esto no incluye un requisito de reserva que previamente había sido satisfecha con una línea de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento, central, que se encuentra a punto de la insolvencia.

Marcada por la violencia entrada de Uber a Puerto Rico

SAN JUAN.- La entrada de la empresa Uber a Puerto Rico, sin cumplir con las normas regulatorias, ha estado hoy marcada por la violencia ante la oposición mostrada por los taxistas, quienes deben cumplir con normativas. 

Algunos de los conductores de Uber, un sistema de autoempleo que beneficia con un 25 por ciento del ingreso a la proveedora mexicana de una aplicación, han denunciado a través de las redes sociales que han sido sometidos a agresiones por conductores de taxis.

Los taxistas, que deben cumplir con onerosas imposiciones fiscales anuales para poder operar, se han quejado de la entrada de Uber sin cumplir con los requisitos de ley de Puerto Rico para ofrecer transportación mediante pago.

Hasta ahora las agresiones se han estado limitadas directamente a los vehículos sospechosos de ofrecer la transportación mediante la aplicación tecnológica, que Uber alega han descargado sobre 10 mil personas.

El presidente de la Comisión de Servicio Público (CSP), Omar Negrón Judice, condenó la violencia contra los conductores particulares que ofrecen el servicio alternativo como "totalmente inaceptable e inconsecuente".

"Ante los recientes sucesos en donde algunos supuestos taxistas han recurrido a la violencia para hacer valer sus ideas, la violencia no se puede tolerar ni aceptar", expuso el funcionario en una declaración conjunta con los demás comisionados.

Negrón Judice exhortó a la Compañía de Turismo a que intervenga en esta situación, ya que los incidentes se han producido en áreas de su competencia, como hoteles o el aeropuerto internacional de Isla Verde, en el contiguo municipio de Carolina.

"En la CSP no nos oponemos a la tecnología ni a la innovación; estamos conscientes que Uber aportará al desarrollo económico; no obstante, Puerto Rico se rige por la ley y el orden, y todos debemos cumplir con los parámetros establecidos y Uber no puede ser la excepción", dijo.

El presidente de la Federación de Taxistas de Puerto Rico, Juan De León, consideró que el inicio en la víspera de Uber en el país representa un golpe de Estado.

"Para mí lo que está haciendo esta compañía Uber es un golpe de Estado, es un decreto de guerra a nuestro país", afirmó De León al violar diversas leyes, incluida la que regula a los conductores de servicio turístico.

El portavoz de Uber para el Caribe y Latinoamérica, Luis de Uriarte, dijo que el servicio iniciado hace seis años integra a San Juan a otras 478 ciudades en el mundo en las que mantienen operaciones.

El empresario de nacionalidad mexicana defendió el servicio al sostener que ha revolucionado la industria de la transportación, ya que depende de la tecnología sobre la regulación.

"Tenemos más de 100 regulaciones en el mundo ya, somos una empresa que cumple ya 6 años", expresó sobre el servicio, que depende del autoempleo.

El Gobernador considera que Puerto Rico tiene su mejor opción con ley de EE.UU.

SAN JUAN.- El gobernante Alejandro García Padilla consideró que la legislación estadounidense Promesa brinda a Puerto Rico las herramientas necesarias para la reestructuración de su deuda como antesala a la recuperación económica. 

 "La situación fiscal de Puerto Rico ha estado en el escenario mundial desde hace varios meses; es de conocimiento público que el país no puede pagar la deuda de 70.000 millones de dólares que fue generada por pasadas administraciones y sus acreedores, y por consiguiente, debe ser reestructurada", expresó el mandatario.

García Padilla resaltó, como orador principal de la Quinta Conferencia Anual sobre Finanzas Municipales del Centro Hutchins de la Institución Brookings en Washington, que la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico trae consecuencias negativas en la vida de los puertorriqueños.

Especificó las circunstancias particulares que desató la crisis fiscal en la isla caribeña, a partir de la contracción en el sector industrial tras la eliminación paulatina por el Congreso federal de la Sección 936, que se prolongó por una década, hasta 2006.

El gobernante diferenció la crisis fiscal de Puerto Rico, que lo colocó al borde de la bancarrota, con las situaciones ocurridas en ciudades o estados de la nación norteña, que cuentan con herramientas provistas por el gobierno federal para facilitar su recuperación.

Esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde hace casi 118 años, atraviesa una de sus peores etapas en las últimas seis décadas, tras establecerse en 1953 el Estado Libre Asociado (ELA), hoy degradado por el Congreso con la legislación Promesa y la corte suprema federal con dos decisiones que le restaron su soberanía.

Pese a este panorama, García Padilla adujo que guiado por su política pública y su visión de un desarrollo económico sustentable para el país, Puerto Rico emprende un nuevo comienzo hacia la construcción de una sólida economía.

"Mi administración actuó con rapidez y adoptó de inmediato medidas de austeridad, recortando el presupuesto y reduciendo gastos", dijo.

Agregó que se retuvieron pagos de reintegros y cuentas por pagar a proveedores por más de dos mil millones de dólares.

"Esto ocasionó que perdiéramos crédito comercial y la capacidad de pagar las deudas, mas inhabilitados de poder declararnos en bancarrota, estábamos desprotegidos y sin capacidad para actuar responsablemente en una fecha crucial", manifestó García Padilla.

Ante ese escenario, el mandatario consideró que la legislación Promesa se convirtió en la única solución para la crisis fiscal de la isla y "las delicadas condiciones de vida que comenzó a experimentar la sociedad puertorriqueña".

Promesa impone al gobierno de Puerto Rico una junta de control fiscal de siete miembros, en la que el gobernador como octavo integrante tendrá una participación pasiva.

Para García Padilla la particular ley federal, que en la práctica representa una sindicatura, brinda las herramientas legales para completar una reestructuración de la deuda pública en beneficio del país y de los acreedores.

"Aunque no es una medida perfecta, ya que crea una junta de control fiscal que atenta contra la democracia de las instituciones del ELA, constituyó la única alternativa a la hora de elegir entre exponer al pueblo a la miseria o la intervención del gobierno federal en nuestra democracia", dijo García Padilla.

La brigada puertorriqueña celebra los 25 años de su primera visita a Cuba

LA HABANA.- La brigada puertorriqueña de solidaridad con Cuba Juan Rius Rivera celebra el aniversario 25 de su primera visita a la isla con un programa de actividades iniciado hoy y que incluye recorridos por varias provincias del país. A su arribo al Campamento Internacional Julio Antonio Mella, en la occidental provincia de Artemisa, los participantes agradecieron la posibilidad de conocer la historia y realidad cubanas y consolidar los nexos de amistad entre ambos territorios.

La directora de la delegación de 118 personas, Milagros Rivera, destacó que el proyecto representa un desafío a las limitaciones de viajes a Cuba decretada por el Gobierno estadounidense, y que afecta a los ciudadanos boricuas debido a la condición de Puerto Rico de Estado Libre Asociado del país norteamericano.

Igualmente, Rivera ratificó la condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana, política vigente desde hace más de medio siglo.

Por su parte, Fernando González, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, reafirmó el compromiso de su nación con la independencia de Puerto Rico y la excarcelación de Oscar López, quien permanece prisionero en Estados Unidos desde 1981.

El funcionario rememoró que los lazos de hermandad entre las dos naciones se remontan al siglo XIX, cuando el Héroe Nacional de Cuba, José Martí, promovió la liberación tanto de su país como del territorio puertorriqueño.

Como parte de este viaje, la brigada realizará visitas a las provincias de Villa Clara, Camagüey, Holguín, Granma y Sancti Spíritus, un periplo durante el cual ofrecerán su aporte productivo en áreas agrícolas, dialogarán con campesinos, jóvenes y trabajadores, y conocerán las experiencias de proyectos comunitarios.

Los participantes también entregarán la medalla de la dignidad a deportistas cubanos que protagonizaron en 1966 la travesía marítima rumbo a los X Juegos Centroamericanos y del Caribe con cita en Puerto Rico, ante la negativa del gobierno norteamericano que impedía a los atletas de la mayor de las Antillas participar en el evento.

Además, los miembros del grupo celebrarán el 90 cumpleaños del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, a quien obsequiarán el cuadro Soldado Invicto de la artista plástica y también integrante de la delegación, Ivonne Rivera.

La brigada, que viaja a este país de manera ininterrumpida desde 1991, concluirá su visita el 27 de julio, y una parte de ella asistirá al VIII Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba a celebrarse en República Dominicana del 28 al 30 de julio.

Proponen la liquidación del banco central de Puerto Rico

SAN JUAN.- El candidato a la gobernación de Puerto Rico por el oficialista Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, sugirió la revalorización de los activos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central) para su liquidación. "El BGF está incapacitado para prestar y tomar prestado, por lo que su modelo corporativo está agotado", dijo el otrora ministro de Estado de la administración del gobernador Alejandro García Padilla.
Bernier expuso que la dimisión de Melba Acosta Febo a la presidencia de la institución financiera y de la mayor parte de la junta de directores demuestra que "está en una posición inoperante, por lo cual debemos concluir con sus funciones".

"Mi propuesta consiste en nombrar un síndico para evaluar los activos y deudas antes de comenzar cualquier proceso de liquidación del BGF", indicó.

El aspirante a la gobernación de Puerto Rico por el PPD en las elecciones del próximo 8 de noviembre manifestó que para dar ese paso, es preciso analizar cuáles son los activos convertibles, los cuales se harán líquidos para pagar la deuda del BGF.

La deuda del organismo financiero asciende a cinco mil millones de dólares, lo que representa cerca del 7,0 por ciento de la deuda pública del país, ascendente a 70.000 millones.

Bernier argumentó que una vez el BGF entre en sindicatura para preservación de activos, podremos continuar el proceso de negociación voluntaria con el resto de los acreedores en un marco en el cual el peso de la deuda con respecto a la economía se habrá reducido de forma importante.

Consideró que lo sustancial en este proceso es poner énfasis en que la liquidación de activos tiene que ocurrir en mejores condiciones del mercado, para evitar recortes al principal de los acreedores locales y del exterior.

Sobre la posibilidad de que el país se quede sin su agente fiscal, Bernier expresó que la Ley 21 de 2016 crea la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, ente que asumiría las responsabilidades del BGF.

Destituyen al presidente de la Universidad de Puerto Rico por el otorgamiento irregular de becas

SAN JUAN.- El presidente de la estatal Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker Ramos, fue destituido hoy de modo fulminante por la junta de gobierno en medio de un escándalo por el otorgamiento irregular de becas. La medida extrema se produjo luego de una reunión del subcomité que investigó la concesión de las becas presidenciales de la UPR, que al determinar irregularidades en el proceso retiró la confianza a Walker Ramos.
En reemplazo interino del despedido presidente quedó designada Celeste Freytes.

El organismo concluyó que varios funcionarios universitarios cuestionados "se apartaron del proceso requerido e incurrieron en desviaciones a los niveles de competencia, poniendo en entredicho la confianza institucional".

De este modo también se recomendó que fueran apartados de sus cargos el rector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, y el decano de Estudios Generales, Carlos Rodríguez Fraticelli.

La vicepresidenta de Asuntos Académicos, Delia Camacho, y a la decana de Asuntos Académicos del recinto de Río Piedras, Palmira Ríos, dimitieron previo a las recomendaciones del subcomité que realizó la pesquisa.

La destitución del presidente Walker Ramos se produjo luego de que anunciara que no renunciaría a su cargo.

El rector Severino Valdez aclaró que no dejará su puesto hasta tanto reciba una notificación formal.

En el informe de cerca de ocho mil páginas se establece que hubo acciones contrarias a los reglamentos, por lo que se recomendó una investigación, esta vez por los estamentos correspondientes de la universidad pública y que se someta a interrogatorio a los involucrados.

El informe del subcomité será remitido la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina de la Contralora y al Departamento de Justicia, por lo que podría surgir imputaciones criminales.

La comisión investigadora, integrada por los abogados Samuel Céspedes Soto, Dora Monserrate Peñagarícano y Juan Casillas Fernández, presentó en la reunión ordinaria del pasado 27 de junio su informe a la junta de gobierno sobre las irregularidades con las becas presidenciales.

De acuerdo con informes periodísticos, los estudiantes Carlos Pagán, Arturo Ríos y Mónica Sánchez fueron favorecidos ante otros alumnos durante el proceso de otorgamiento de la beca, que les permite sufragar sus gastos para estudios de posgrado y les garantiza al final puestos de profesores en la UPR.

Los estudiantes fueron favorecidos mediante recomendaciones del rector del recinto de Río Piedras, que acogió Walker Ramos, antes de que se abriera una convocatoria a los rectores del sistema y a los demás estudiantes.

La convocatoria empezó el 3 de julio del año pasado y cerró dos semanas después, aunque las recomendaciones a estos estudiantes ya estaban hechas desde marzo, debido a una extensa red de influencias.

Ríos fue asesor del gobernador Alejandro García Padilla; Pagán, ayudante del expresidente de la UPR Antonio García Padilla -hermano del mandatario y quien participó del comité de consulta que nominó a Walker Ramos como presidente- y Sánchez es sobrina del entonces presidente de la junta de gobierno, Jorge Sánchez, quien renunció en medio del escándalo.

Ríos indicó que la propia esposa de Walker Ramos, Elvia Camayd, ya se había beneficiado de esta beca presidencial luego que un decano del Recinto de Mayagüez, Moisés Orengo, entre otros, la recomendase.

Cuando Walker Ramos llegó a la presidencia de la universidad pública, Orengo fue nombrado rector del recinto de Carolina, municipio contiguo a San Juan, y además se le permitió vivir en la Casa Manrique, ubicada en el Jardín Botánico de Río Piedras y reservada para uso del presidente y actos oficiales.

Dimite la responsable de finanzas de Puerto Rico y negociadora de la deuda

SAN JUAN.- Melba Acosta, máxima responsable de la política financiera de Puerto Rico y principal negociadora de la reestructuración de la deuda pública, presentó su dimisión una semana después de que Washington aprobara la imposición de una junta de control sobre el Gobierno de la isla.

Así lo anunció hoy el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, que, sin ofrecer detalles sobre los motivos de la renuncia, apuntó que se hará efectiva el próximo 31 de julio y agradeció el trabajo y la entrega de la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) durante estos difíciles años.

"En los tres años y medio que Melba ha colaborado en mi Administración, tanto en el Departamento de Hacienda como en el BGF, ha hecho una contribución enorme para que logremos recuperar el camino de la responsabilidad fiscal en el país", dijo el gobernador en un comunicado.

Añadió que Acosta llegó al Gobierno "en un momento crítico para las finanzas públicas de Puerto Rico" y desde entonces mostró un "empeño profundo para sacarlo de la crisis fiscal".

Así, detalló como hitos en su trabajo "su visión para modernizar a Hacienda, el estudio de KPMG para lograr un mejor sistema contributivo para los puertorriqueños, las medidas para estabilizar la liquidez del BGF, su colaboración en el Plan de Ajuste Fiscal, la encomienda del Plan Krueger, la Ley de Moratoria y su perseverancia en lograr un acuerdo voluntario con nuestros bonistas".

Añadió que a lo largo de sus casi doce años en el servicio público, Acosta "siempre ha demostrado una gran tenacidad y una dedicación genuina en todo lo que hace".

"Puerto Rico necesita más servidores públicos como ella. Sé que para ella el camino no ha sido fácil, y por eso, y a nombre de todos los puertorriqueños, le reitero mi agradecimiento y le deseo el mayor de los éxitos en su carrera futura", concluyó García Padilla.

La prioridad en pagar a bonistas provoca apagones en Puerto Rico

SAN JUAN.- La prioridad de cumplir con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es la causa de los apagones que a diario afectan distintos municipios de Puerto Rico, confirmó un dirigente gremial. El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, aseguró que la gerencia de la AEE ha reducido, con el fin de ahorrar, el mantenimiento preventivo de su infraestructura.

El dirigente gremial afirmó que cada día hay menos personal para brindar ese mantenimiento adecuado al tendido eléctrico, debido a la política de austeridad de la AEE.

Figueroa Jaramillo reaccionó a la queja del alcalde de Comerío, José A. Santiago, en el sentido de que no pasa un día sin que los munícipes enfrenten apagones.

El gremialista anotó que las interrupciones en el servicio eléctrico que afectan a los residentes de Comerío (centro) es una constante en todo el país.

El líder de la Utier aclaró que se trata de una situación generalizada en el país, por lo que constantemente recibe quejas de Yabucoa y Humacao (oriente) hasta Aguadilla y Mayagüez (oeste), pues pasan dos y tres días sin electricidad.

El alcalde Santiago se quejó de que la fragilidad del sistema eléctrico en Comerío se ha tornado insoportable, pues los apagones se producen a diario por largas horas.

Figueroa Jaramillo indicó que el estado crítico en el que se halla el sistema eléctrico forma parte del plan para privatizar la AEE, que impulsa el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, bajo el alegato de ineficiencia.

La AEE entró en un proceso de reorganización de su deuda pública de nueve mil millones de dólares, mientras se han creado condiciones para privatizar la producción de energía y obligarla a comprarla para su distribución.

Esa privatización de algunos sectores, en especial las plantas de generación eléctrica que es lo que realmente produce dinero, podría tener consecuencias nefastas para la AEE, como que se termine pagando por energía no consumida.

Figueroa Jaramillo alertó que han creado una falsa percepción al país de que si privatizan las plantas habrá libre competencia, lo que es totalmente falso.

Alerta por seguridad de los jóvenes boricuas opuestos a la junta fiscal

SAN JUAN.- El Colegio de Abogados de Puerto Rico permanece alerta ante el posible desalojo de los jóvenes que protestan contra la junta fiscal de Estados Unidos en la entrada del edificio federal en San Juan. "Nosotros tenemos un grupo de abogados, algunos de los cuales participaron en la lucha de Vieques contra la Marina de Guerra de Estados Unidos o defendieron a los desobedientes civiles, pendientes de cualquier eventualidad en el edificio federal en Hato Rey", reveló el presidente de los togados colegiados, Mark Anthony Bimbela.

Los jóvenes, que desde el miércoles de la semana pasada bloquean la entrada principal del edificio -con características similares a las embajadas de Estados Unidos-, recurrieron a la institución de letrados para orientarse sobre algunos aspectos legales.

Bimbela explicó que el Colegio de Abogados no tiene una estrategia de cómo tratar el asunto, porque eso corresponde a los manifestantes decidirlo, pero "nosotros estamos en la total disposición de ayudarlos en lo que nos piden".

Ante la posible intervención de la policía puertorriqueña con el campamento de desobedientes civiles, el líder de los abogados hizo gestiones a nivel del secretario de Justicia, César Miranda, para que se evitara una confrontación.

La acción de Bimbela se une a las de otras organizaciones que se mantienen alertas ante la posibilidad de que se intente desalojar a los manifestantes, quienes han colocado carteles y pintado consignas de repudio a la junta federal de control fiscal y la dominación colonial de Puerto Rico, que Washington mantiene desde hace 118 años.

"Exigimos que cualquier intento de desalojar el campamento se haga con pleno respeto por los derechos humanos de estos jóvenes que están expresando su sentir", manifestó por su parte Liza Gallardo Martín, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico.

El planteamiento se produjo un día después de que los manifestantes fueron advertidos por alguaciles estadounidenses de que se encontraban en "terreno federal", por lo que debían abandonar el lugar o, de lo contrario, en cualquier momento serán desalojados.

La junta de control fiscal de siete miembros será impuesta al gobierno puertorriqueño por Estados Unidos, luego de que el presidente Barack Obama estampara su firma a la legislación Promesa (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act).

El establecimiento del organismo federal tiene como propósito garantizar el pago de la deuda de 70 mil millones de dólares a los bonistas de Wall Street y a los fondos buitres, a la vez que reduce de 7,25 a 4,25 dólares la hora a los jóvenes de 25 años o menos, entre otras restricciones.

Gallardo consideró que este grupo, que levantó el campamento el pasado miércoles, quiere expresar su preocupación por la decisión de imponer una junta de control fiscal y que se está llevando a cabo de manera pacífica, por lo que no se justifica una acción violenta en su contra.

Los manifestantes confirmaron que se proponen permanecer en el campamento por tiempo indefinido, sin importar las consecuencias, por lo que solicitaron que hoy, cuando se conmemora la independencia de Estados Unidos, se desarrolle un programa en reclamo a la soberanía de Puerto Rico.

Ana Isabel Moreira, una de las portavoces de los manifestantes, reconoció que hasta ahora no han tenido ningún problema con los oficiales federales que vigilan en la parte interior de las rejas que divide el edificio federal del exterior, donde se encuentra la policía puertorriqueña.

"Nuestro llamado es a unificar a las personas de todos los sectores, para combatir el pago de la deuda, que es ilegal", detalló la joven, acompañada de Luis Pérez Cintrón y Camila Sánchez-Longo, también portavoces de los manifestantes.

Los manifestantes reclaman que Washington dé pasos hacia la descolonización, a la vez que destacan en sus carteles que el problema no es la deuda ni la junta de control fiscal, sino el colonialismo impuesto en 1898, cuando Estados Unidos invadió a Puerto Rico.

El precio del azúcar sube en Londres por una sólida demanda

LONDRES.- El precio del azúcar refino cerró hoy con ganancias en Londres, impulsado por una sólida demanda liderada por China y debido a recientes apreciaciones del real brasileño frente al dólar, dijeron operadores.

 Al término de la sesión ese producto, para entrega en agosto, avanzó 0,90 dólares, a 564,90 dólares por tonelada métrica (TM). En la semana anterior el precio ganó 32,10 dólares.

Mientras, del otro lado del Atlántico, el mercado de alimentos de Estados Unidos permaneció este lunes cerrado por la celebración del Día de la Independencia.

De acuerdo con analistas, influyó positivamente en el curso de la cotización del azúcar blanco, que Brasil, mayor productor y exportador del endulzante, procesó en su principal región azucarera -el centro sur- 25,8 millones de TM de caña en la primera mitad de junio, volumen inferior a los 32,4 millones de TM de la primera mitad de mayo, y distante de las estimaciones del mercado.

Los expertos también comentaron que la apreciación de la moneda brasileña ha vuelto menos atractivas para los productores las ventas de azúcar denominada en dólares en el mercado global, a la vez que favorece las domésticas de etanol.

India informó que podría importar una mayor cantidad de azúcar este año, como consecuencia de las afectaciones en la cosecha por la sequía que azota al país desde hace dos años, unido al incremento de los precios internos.

Las compras externas alcanzarían un monto de 2,1 millones de TM, según un sondeo de Bloomberg, mientras que se pronostica una disminución de 8,4 por ciento en la producción azucarera del país para 2016/17.

Rechazan colaboración con la junta fiscal de EE.UU. para Puerto Rico

SAN JUAN.- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y el senador Thomas Rivera Schatz rechazaron por separado este fin de semana la colaboración con la junta de control fiscal que Estados Unidos impondrá al gobierno puertorriqueño. 

"Ningún puertorriqueño debe servir en esa junta, que es dictatorial y opresiva al pueblo de Puerto Rico", manifestó Cruz Soto al esclarecer que, contrario a lo que informan los medios de comunicación en la nación norteña, la legislación Promesa no representa un rescate financiero a esta isla del Caribe, con una deuda pública de 70.000 millones de dólares.

Los siete miembros de la junta de control fiscal, que tendrá un poder omnímodo sobre el gobierno de Puerto Rico, serán designados por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos, lo que remarca el carácter colonial del Estado Libre Asociado (ELA), establecido como gobierno propio en 1952.

La alcaldesa de San Juan parangonó a un puertorriqueño que trabaje en esa junta de control fiscal "no viene a ayudar, los únicos que ganan con eso son los buitres".

"Hablan de un rescate financiero, aquí no hay un rescate financiero, hablan del comienzo de una reestructuración, y aquí no ha sucedido eso", denunció Cruz Soto, del ala soberanista del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD), dividido en cuanto a su visión del organismo.

Criticó además que los integrantes de la junta puedan recibir regalos y donativos, lo que abre las puertas a que terminen sobornados por los buitres.

"No nos llamemos a engaño, esta es una junta colonial, antiobrera, represiva y dictatorial (y) lo que ha hecho (el Congreso norteamericano) es entregarle el país a los buitres", subrayó.

Cruz Soto se distanció de las expresiones del gobernante puertorriqueño, Alejandro García Padilla, en el sentido de que con la junta fiscal "vamos a poder rescatar a Puerto Rico de los acreedores y devolvérselo a los puertorriqueños".

La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés) garantizará el pago de la deuda pública de 70.000 millones a Wall Street y a los fondos buitre, por lo que se esperan grandes penurias para los puertorriqueños.

Mientras, el senador Rivera Schatz apostilló que cualquier puertorriqueño que acepte un nombramiento en la junta federal de control fiscal haría "un mal servicio al pueblo de Puerto Rico y (además de) prestarse al juego colonialista del liderato republicano y demócrata en el Congreso y la Casa Blanca".

"No caigamos en el engaño y la demagogia", dijo el expresidente del Senado ante el planteamiento de Obama de que nombrarán el mayor número de puertorriqueños en el organismo federal.

"El presidente Obama, los líderes demócratas y republicanos en el Congreso, saben que a esa junta le esperan retos y decisiones muy difíciles, que van a provocar resentimientos en muchas personas, protestas y más problemas en la isla", dijo Rivera Schatz, vicepresidente del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).

Consideró que quieren nombrar a puertorriqueños en la junta para convertirlos en los focos de atención y los objetivos "de las controversias y presiones que se avecinan".

"Ese es el viejo juego colonial en Washington: agitar la confrontación de los distintos sectores ideológicos en Puerto Rico para producir tranques y así continuar manteniendo el statu quo y el inmovilismo colonial", dijo el senador del PNP.

Rivera Schatz recordó que uno de los principales argumentos utilizados en el Congreso federal durante la discusión de la legislación denominada Promesa era la necesidad de crear una junta que estuviera libre de las controversias y presiones políticas de la isla.

Anticipó que si se nombrara a algún anexionista, luego se diría que la junta y el entrante gobierno del PNP son la misma cosa y que si, por el contrario, se designara a alguna persona vinculada al PPD, entonces se diría que la junta no funciona porque los mismos puertorriqueños la contaminaron con sus controversias políticas internas.

"En ambos escenarios, los inventores de esta junta en Washington se lavarían las manos y esa es la verdadera razón detrás del cuento enternecedor de querer nombrar puertorriqueños", expresó el parlamentario al sostener que ningún boricua podrá borrar la desigual y discriminatoria condición colonial a la que Estados Unidos ha sometido a Puerto Rico "durante 118 largos años".

Cuba y Puerto Rico, hermandad inmune a las presiones imperiales / Reinaldo Wossaert Silva *

"Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas", plasmó la escritora boricua Lola Rodríguez de Tió en un poema en el que patentiza la hermandad y solidaridad imperecedera entre ambos pueblos. Como muestra de ello, Cuba, con el copatrocinio de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Rusia, Siria y Venezuela, presentó el pasado 20 de junio en el Comité Especial de Descolonización de la ONU un proyecto que exige la libre determinación del pueblo boricua.

Por trigésima quinta oportunidad desde 1972, el órgano integrado por 29 países aprobó la iniciativa que demanda la total independencia de Puerto Rico, reitera su carácter latinoamericano y caribeño, e insta a Estados Unidos a asumir su responsabilidad y permitir a los nacidos en esa isla lograr sus aspiraciones de autonomía.

Varios estudiosos coinciden en que Puerto Rico ha sabido resistir los embates de un proceso violento de transculturación llevado a cabo por el país norteamericano, que al invadir el territorio en 1898, estableció el inglés como idioma oficial.

Desde antes de aquella fecha se consolida la amistad y solidaridad entre las dos naciones, pues "presente", dijeron patriotas puertorriqueños en las guerras de independencia cubanas, tanto en la llamada Guerra Chiquita de 1875, como en la Guerra de 1895, entre ellos el General Juan Rius Rivera, quien fuera General en Jefe del Ejército Libertador.

Otra muestra de la hermandad entre los pueblos de ambas islas es el diseño, aunque con los colores invertidos, de la bandera nacional, la cual, en el caso boricua, fue creada en 1895 por la sección puertorriqueña del Partido Revolucionario Cubano.

Cuando vivimos el primer cuarto del siglo XXI, Puerto Rico es la colonia más antigua del mundo contemporáneo y Cuba se erige como uno de los países más activos en la campaña de respaldo a la causa independentista boricua tanto en foros internacionales como en suelo propio, a través de la Misión puertorriqueña en La Habana.

Instaurada aquí en 1966 por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y el luchador independentista boricua Juan Mari Brás, esa entidad cumple objetivos esenciales, como el de exigir la descolonización de la nación caribeña, sometida a cinco siglos de dominación extranjera, los últimos 118 años por Estados Unidos.

De acuerdo con Edwin González, su actual delegado, en aquel momento el propósito era "adelantar la lucha por la independencia de Puerto Rico aprovechando la relación histórica con Cuba y la presencia de múltiples embajadas y organizaciones políticas de todo el mundo en La Habana".

El luchador independentista destacó el papel indiscutible de Cuba en el proceso libertario puertorriqueño desde la figura de José Martí, hasta las de Fidel y Raúl Castro, ejemplos de revolucionarios y luchadores indiscutibles por la soberanía de los pueblos de Latinoamérica.

Recordó González que las bases del Partido Revolucionario fundado por el Apóstol cubano en 1892 fundamentan que esa organización surgió para luchar por la independencia de Cuba y auxiliar y fomentar la de Puerto Rico.

"En el acto central por la fundación de la Misión, que se celebrará en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) el 29 de junio, haremos oficial la entrega de la medalla conmemorativa por nuestro medio siglo de existencia a Fidel y Raúl", adelantó.

González agregó que también se condecorarán al ICAP, al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, y a la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes.

Al respecto, recordó que hace unos días en Puerto Rico, la Misión distinguió con la medalla al intelectual cubano Ricardo Alarcón, en reconocimiento al papel jugado por él en la instauración de la referida instancia en La Habana.

Indicó que los lazos de hermandad entre ambos pueblos son fuertes y muestra de ello es el papel de Cuba en el Comité Especial de Descolonización, donde defendió nuevamente un proyecto de resolución sobre el caso colonial de Puerto Rico".

En esa línea, rememoró que el texto entre sus fundamentos principales tiene el de reafirmar el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre autodeterminación e independencia.

Por su parte, Elio Games, vicepresidente del ICAP, aseguró que Cuba mantendrá internacionalmente el respaldo a la causa del pueblo puertorriqueño que busca su total descolonización.

"La Misión puertorriqueña para Cuba es una afirmación del compromiso de nuestro pueblo y de la propia Revolución con el derecho a la independencia de ese hermano país. Los vínculos y las conexiones son tan fuertes que, a pesar del bloqueo, es sólida la comunicación entre ambas naciones", subrayó.

Games destacó el papel de varios de los patriotas puertorriqueños que lucharon denodadamente por la independencia como Pedro Albisu Campos, Juan Rius Rivera, Juan Mari Brás, Julio Vives, Andrés Figueroa, Emeterio Betances o Eugenio María de Hostos, entre otros.

Asimismo, reiteró la solidaridad del gobierno y pueblo cubanos con el luchador puertorriqueño Oscar López Rivera, quien cumplió el pasado 29 de mayo 35 años de prisión en cárcel estadounidense, solo por el delito de pelear por la libertad de su patria.

El tema, igualmente, fue tocado esta semana por la delegación cubana en el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, donde además de reclamar la autodeterminación e independencia de Puerto Rico, exigió al presidente estadounidense, Barack Obama, la excarcelación del hombre de 73 años.

Durante la sesión del Comité Especial integrado por 29 naciones, el Movimiento de Países No Alineados, el cual agrupa a 120 de los 193 Estados miembros de la ONU, defendió la liberación de López Rivera.

Allí, representantes en el foro de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Siria demandaron el fin del encierro del boricua, detenido en 1981 por el Buró Federal de Investigaciones bajo acusaciones de conspiración.

(*) Columnista cubano

La crisis de Puerto Rico empeorará pese a las medidas del Gobernador

SAN JUAN.- La crisis que sacude a Puerto Rico empeorará en los próximos meses pese a las nuevas medidas de emergencia del gobernador Alejandro García Padilla, advirtió hoy el maltrecho Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central).

 "Se anticipa que la situación (del país) empeore durante los próximos meses", indicó el BGF, agente fiscal del Estado Libre Asociado (ELA), en una declaración conjunta con la Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

El documento precisó que los pasos dados la víspera por el mandatario puertorriqueño para proteger la habilidad del ELA de proveer servicios públicos esenciales y ponerlo en la ruta de la recuperación, no significa una mejoría inmediata en la situación fiscal.

"La situación fiscal del ELA el último día del año 2015-2016 es severa", se reconoció sobre el período que cerró este jueves.

Se espera que el gobierno del ELA termine en junio con unos 200 millones de dólares en efectivo en su cuenta operacional y, aproximadamente, 150 millones en fondos que fueron desviados de ciertas corporaciones públicas, tal como lo permite la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Económica, sancionada este cuatrienio para lidiar con la insuficiencia fiscal de la administración central.

El gobierno comienza este 1 de julio el año fiscal 2016-2017 con una limitada liquidez de "mil millones de dólares en obligaciones de servicio de la deuda de obligaciones generales y la deuda garantizada por el ELA que vencen y se hubieran pagado de fondos disponibles en la cuenta operacional, que se hubiesen usado para el servicio de la deuda".

Luego de contabilizar las reservas disponibles para el pago de las obligaciones generales y la deuda garantizada por el ELA que venció este 1 de julio, el gobierno proyecta que a esta fecha aún adeudará a los acreedores de las obligaciones generales y de obligaciones garantizadas sobre 800 millones de dólares.

El gobernador García Padilla había anticipado el impago incurrido, lo que ahora evitar a los acreedores intervenir con las cuentas del ELA dada la aprobación ayer por el presidente Barack Obama de la legislación denominada Promesa, siglas en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, que impone una junta fiscal.

Amparado en la Ley de Moratoria de Emergencia y de Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, el gobernante emitió dos decretos que declaran un aplazamiento en el pago de la deuda del ELA y la deuda de algunas entidades públicas, como el propio BGF, mas las proyecciones de flujo de caja del Ministerio de Hacienda para este año fiscal "presentan un panorama de emergencia".

Esto obligará al gobierno puertorriqueño a continuar implantando medidas extraordinarias para el manejo de liquidez en los próximos seis meses, tales como retrasar pagos a proveedores y las aportaciones especiales a los sistemas de Retiro.

Asimismo, extender el financiamiento interno al ELA por parte de algunas de sus instrumentalidades y retrasar los gastos de capital para poder proveer servicios esenciales a los ciudadanos.

Después de la implantación de las medidas de las órdenes ejecutivas, reconocen el BGF y la Aafaf, aún se proyecta que el saldo en caja disminuya en aproximadamente 95 millones de dólares durante el remanente de este año, una situación "de efectivo peligrosamente baja para un gobierno que financia servicios a millones de puertorriqueños".

El Índice de Actividad Económica de Puerto Rico cae un 1,4 por ciento en once meses fiscales

SAN JUAN.- El Índice de Actividad Económica de Puerto Rico acumuló una caída del 1,4 % en los once primeros meses del ejercicio fiscal (julio 2015-mayo 2016), según informó hoy el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno de la isla.

Este índice que elabora el BGF para conocer la evolución de la economía y que no coincide necesariamente con la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) -aunque guardan una estrecha correlación-, retrocedió solo en mayo el 1,8 % respecto del mismo mes del año anterior, al tiempo que bajó un 0,1 % respecto de abril de 2016, el mes inmediatamente anterior.

A falta de conocer los datos del recién acabado junio, el último mes del ejercicio fiscal 2016, es muy previsible que Puerto Rico acabe otro año con un retroceso en su economía, algo que le lleva ocurriendo desde el ejercicio de 2007 (a excepción de 2012, cuando avanzó un mero 0,5 %) si se observan los datos del PIB.

Desde enero de 2013, el índice ha registrado caídas interanuales todos los meses sin excepción alguna.

Este índice se elabora sobre cuatro variables: el empleo no agrícola, que en mayo retrocedió un 1,2 % en términos interanuales; la generación eléctrica, que cayó un 0,4 %; el consumo de gasolina, que avanzó un 3,5 %, y la venta de cemento, que bajó un 15 %.

El Índice de Actividad Económica de Puerto Rico ha registrado retrocesos anuales desde el ejercicio fiscal 2006-2007, fecha que coincide con el inicio de la crisis económica que sufre la isla caribeña, que arrastra además una deuda de 72.000 millones de dólares.

Hoy comienza un nuevo ejercicio fiscal, coincidiendo precisamente con un impago masivo de deuda por parte del Ejecutivo de Puerto Rico, que debía afrontar este viernes vencimientos por valor de 2.000 millones de dólares, pese a que dice disponer solo de 200 millones en su cuenta operativa.

Puerto Rico dice que sólo tiene 200 millones de dólares en su cuenta

SAN JUAN.- El Gobierno de Puerto Rico, que hoy debía enfrentar pagos de deuda por 2.000 millones de dólares, aseguró este viernes que tan sólo dispone de 200 millones en su cuenta operativa.

Así lo explicaron hoy el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en un comunicado en el que no aclararon si esa cantidad la van a destinar a pagar al menos parte de los intereses de la deuda que vencía o si la usarán para seguir financiando las operaciones del Gobierno.

Se espera que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ofrezca algún tipo de explicación en una conferencia de prensa que ha convocada hacia el mediodía en la Fortaleza, sede del Ejecutivo puertorriqueño.

"El 30 de junio, el gobernador tomó un paso histórico para proteger la habilidad del Estado Libre Asociado (ELA) de proveer servicios públicos esenciales a los residentes de Puerto Rico y volver a la ruta de la recuperación", explicaron el BGF y la AAFAF en el comunicado.

Con ello hicieron referencia a las dos órdenes ejecutivas aprobadas el jueves, el último día del ejercicio fiscal 2016, que declaran una moratoria en el pago de la deuda e implantan medidas para preservar efectivo.

"La situación fiscal del ELA el último día del año fiscal 2016 es severa. A pesar de las medidas extraordinarias de manejo de efectivo y liquidez implantadas por esta Administración en el último año fiscal, se espera que el ELA termine junio con unos 200 millones en efectivo en su cuenta operacional (conocida como Treasury Single Account o TSA)", señalaron.

A ello se suman aproximadamente 150 millones en fondos que fueron desviados de ciertas corporaciones públicas a través de lo que se conoce como clawback.

Esas cantidades son claramente insuficientes para pagar los vencimientos de deuda de hoy, que incluyen 1.000 millones en Obligaciones Generales (GO's) y otros instrumentos también garantizados por la Constitución de Puerto Rico.

"Las proyecciones de flujo de caja del Departamento de Hacienda para este año fiscal presentan un panorama de emergencia", añadieron igualmente ambas entidades, que advirtieron que el Gobierno deberá continuar implantando ciertas medidas extraordinarias para el manejo de liquidez en los próximos seis meses.

Entre esas medidas citaron retrasar pagos a proveedores y reservas a los sistemas de retiro, prolongar la financiación interna al ELA por parte de ciertas entidades públicas con recursos y posponer gastos de capital.

"Estas medidas deberán implantarse incluso si el ELA no pagara las GO's ni la deuda garantizada", apuntaron, y, aún así, "el TSA agotará su balance de liquidez dentro de los próximos 30 a 60 días", algo "peligroso" para "un Gobierno que financia servicios a millones de puertorriqueños".

"Las órdenes ejecutivas firmadas ayer por el gobernador responden a la actual posición financiera crítica del ELA y que sólo se anticipa que empeore durante los próximos meses", advirtieron las entidades responsables de la política financiera de Puerto Rico.

Esas órdenes ejecutivas declaran al ELA y a varias entidades gubernamentales en estado de emergencia, y prolongan el que fue estipulado previamente para otras agencias.

Además, permiten al ELA y a otros emisores de deuda suspender la transferencia de ciertos fondos entre entidades públicas para ayudar en la conservación de efectivo en el Gobierno central y evitar así un cierre de Gobierno.

Igualmente, y en línea con lo aprobado también ayer en Washington a través del proyecto conocido como "Promesa", establece que los acreedores no podrán demandar a Puerto Rico.

"Esto es un elemento crucial que le permite al ELA buscar una reestructuración de la deuda y enderezar la nave. Sin él, los recursos humanos y financieros de Puerto Rico se desviarían a tener que ocuparse de decenas de demandas", afirmaron.

Por último, suspenden el pago de las GO's y otras deudas garantizadas hasta el 31 de enero de 2017.

Puerto Rico deja de pagar 911 millones de dólares por falta de liquidez

SAN JUAN.- Puerto Rico dejó hoy sin pagar deuda garantizada por valor de 911 millones de dólares, casi la mitad de los 2.008 millones que debía abonar este viernes a sus bonistas, argumentado que incluso aunque cesara las operaciones del Gobierno de forma inmediata no tendría dinero para atender toda la cuantía.

"Si yo cierro el Gobierno hoy, aún así no tengo para pagar la totalidad" de la deuda, dijo el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en una conferencia de prensa que ofreció en La Fortaleza, sede del Ejecutivo puertorriqueño, rodeado de su equipo financiero y judicial.

Este equipo fue incapaz sin embargo de detallar qué bonos se han pagado y cuáles no, aunque la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, confirmó que no se han abonado ni el principal ni los intereses de la deuda garantizada por el Estado Libre Asociado.

El gobernador añadió que parte de la deuda pendiente para hoy debía ser abonada por diferentes fideicomisos, que hacen sus propios cálculos de los recursos que tienen y de cómo va a distribuirlos, al tiempo que tienen todo el día para realizar los pagos, lo que explica que no se puedan desglosar al detalle las deudas atendidas.

Este histórico impago, el primero de deuda garantizada por la Constitución puertorriqueña en el que incurre la isla, coincide con el inicio de un nuevo ejercicio fiscal, en el que la deuda pública ya será inferior a la del año anterior.

"Hoy la deuda es 68.000 millones, lo que quiere decir que por primera vez en la historia estamos logrando reducir la deuda", dijo el gobernador, que insistió en que a medida que se vaya negociando con los acreedores esa cuantía se recortará por "decenas de miles de millones".

En ese sentido, defendió su decisión de no buscar la reelección en las elecciones de noviembre y centrarse en la solución del problema de la deuda, después de que las casas acreditadoras relegaran a la categoría de bonos basura la deuda de la isla y los mercados financieros cerraran sus puertas a las entidades puertorriqueñas.

"He bajado el desempleo, el crimen y la deuda, algo que no puede decir ningún otro gobernador", dijo García Padilla. Añadió que el gasto público anual se han reducido en esta legislatura en cerca de 3.000 millones de dólares "sin despedir empleados públicos", pese a que la Administración es el principal empleador de una isla que acumula más de una década en recesión.

Al respecto, dijo que "no hemos despedido un sólo empleado público, seguimos prestando los servicios públicos y en la empresa privada se ha creado empleo, al tiempo que se han aumentado los recursos para la policía".

"Hemos atendido la crisis con la sensibilidad que amerita" defendió. "Puerto Rico era colonia de Wall Street", mientras que hoy, con este histórico impago (aunque hasta ahora había incurrido en tres "defaults" menores) "empezamos a quitar de las manos el país a nuestros acreedores y devolvérselo a los puertorriqueños".

"Hoy queda claro que he escogido defender a los nuestros antes que pagar a Wall Street", insistió en tono triunfante, tras asegurar que "me llena de orgullo saber que dejaré a mis hijos un país menos hipotecado del que yo recibí".

También adelantó que tiene previsto firmar el presupuesto de 8.087 millones de dólares para el año fiscal que comienza, y que fue aprobado anoche por el Legislativo, tan pronto como llegue a su escritorio, previsiblemente hoy.

"Todo lo ocurrido hoy es la constatación de que ya no se va a vivir del cuento, del prestado, como hicieron otros gobernadores. No sólo recuperamos el país para los puertorriqueños, sino que iniciamos la recuperación económica del país, con una economía que se cansa de dar muestras de vitalidad cuando sube el empleo incluso durante la crisis", argumentó.

Reiteradamente defendió que desde su equipo "estamos haciendo lo que es correcto para Puerto Rico", porque "hoy el país empieza a ser nuestro, hoy los acreedores no nos pueden demandar para cerrar el Gobierno y embargar nuestras cuentas".

Los mercados de Puerto Rico reunidos en una exposición fotográfica en Nueva York

SAN JUAN.- El fotógrafo puertorriqueño Abey Charrón, quien ha expuesto en París, Berlín y República Dominicana, exhibirá a partir del próximo día 7 en Nueva York su nueva colección, "De todos como en botica", que retrata las plazas de mercado de la isla.

"Las fotos son de iconos de plazas de mercado, de las boticas, de artículos y productos del mercado típico puertorriqueño y sus personajes, para llevar ese sabor boricua a la diáspora en Nueva York", explicó a Efe Charrón sobre la exhibición que se podrá visitar en La Marqueta Retoña hasta las Navidades.

Durante una semana Charrón, de 43 años, visitó a todos los mercados que aún quedan en pie en Puerto Rico para retratar sus respectivas personalidades, sus áreas de venta de frutas y vegetales, entre otros negocios.

"Me topé que muchas de las plazas antiguas ya no existen y otras que las han podido mantener, pero que ya no se usan como plazas del mercado porque que tienen poca actividad económica", relató Charrón sobre las de Manatí y Arecibo, ambos al norte de la isla.

Según dijo, entre las plazas del mercado más activas están las de Río Piedras y Santurce, ambos sectores de la capital puertorriqueña de San Juan.

La plaza de mercado de Río Piedras se mantiene bastante activa debido a los quioscos de frutas y vegetales que venden sus productos y atraen a compradores de otros barrios, así como a la casi una veintena de negocios que también ofrecen sus servicios en la plaza, como cafeterías, venta de billetes de lotería, boticas y peluquerías.

Por su parte, la emblemática Placita de Santurce cumplió en noviembre de 2014 sus cien años, un periodo en el que ha pasado de ser eje del comercio de San Juan como mercado de alimentos a convertirse en obligada parada gastronómica y de ocio que alberga algunos de los mejores restaurantes de la capital puertorriqueña.

"Las plazas son consideradas una tradición en Puerto Rico, pero que ya están casi extinguidas. Eso me dio mucha tristeza por el romanticismo que le tenemos a esos lugares", lamentó Charrón.

El artista explicó que la idea de su exposición en Nueva York se la dio la boricua Melissa Mark-Viverito, presidenta del Concejo Municipal de la ciudad, como una manera "para darle un nuevo espacio y nueva vida" a la zona de East Harlem, donde se ubica el conocido "El Barrio", por la gran cantidad de puertorriqueños que viven en la zona.