SAN JUAN.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y líderes
locales del sector económico, político y social partieron hoy hacia
Washington con el fin de buscar soluciones para reestructurar la deuda económica que arrastra la isla.
García Padilla viajó al frente de una delegación para reclamar que se respete la institucionalidad de Puerto Rico, junto a proporcionar una reestructuración a la deuda pública. El mandatario está acompañado de jefes de organismos públicos, alcaldes y representantes del sector privado con la esperanza de que el Congreso federal de Estados Unidos provea las herramientas para reestructurar de una manera ordenada la deuda pública del país de 70.000 millones de dólares.
"La unidad es un elemento fundamental para generar cambios en la sociedad, regreso a Washington junto a una delegación con un reclamo aún más sólido, producto del consenso advenido con los diversos sectores representativos del país", manifestó García Padilla previo a abordar el avión que lo conduciría a la nación norteña, a la que se encuentra subordinada Puerto Rico desde 1898.
García Padilla opinó que es hora de que el Congreso asuma una postura justa con los puertorriqueños para salir del atasco fiscal que tiene al borde de la bancarrota al Estado Libre Asociado (ELA), creado por Estados Unidos en 1952 para eludir sus responsabilidades en las Naciones Unidas.
Destacó que, siendo los puertorriqueños capaces de superar barreras ideológicas y puntos de contraste para hacer reclamos a los legisladores federales en Washington, esperan "una acción inmediata para atender la insolvencia del país".
Aseguró que aguardan por una legislación que respete las bases de un gobierno propio, en momentos en que el Congreso se dirige a crear una junta federal de control fiscal que devolvería a esta isla del Caribe a principios del siglo pasado, cuando estaba sujeto a las determinaciones de Washington para la administración de asuntos internos.
Para el mandatario es fundamental lograr acceso a un régimen de reestructuración amplio que permita al gobierno del ELA prestar servicios esenciales y proteger el bienestar de su población, por lo que cualquier acción del Congreso no puede ser impuesta de manera unilateral y debe contar con el respaldo del pueblo puertorriqueño.
"La delegación dejará clara su oposición a la forma de la junta de control fiscal según propuesta en el borrador de legislación presentado por el Comité de Recursos Naturales del Congreso", señaló el gobernante.
García Padilla advirtió que "una junta de supervisión fiscal puede ser aceptada en la medida en que respete los poderes de un sistema democrático, por esa razón es importante que cualquier mecanismo que se cree respete la democracia puertorriqueña".
La senadora María de Lourdes Santiago, candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, rechazó formar parte de lo que García Padilla denominó un "frente común" en Washington, porque considera una falacia hablar de democracia en Puerto Rico ante el dominio colonial que ejerce Estados Unidos.
Tampoco integró la delegación el candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Bernabe, tampoco accedió a integrarse al grupo porque considera que lo primero que hay que hacer es auditar la deuda para determinar su legalidad.
García Padilla viajó al frente de una delegación para reclamar que se respete la institucionalidad de Puerto Rico, junto a proporcionar una reestructuración a la deuda pública. El mandatario está acompañado de jefes de organismos públicos, alcaldes y representantes del sector privado con la esperanza de que el Congreso federal de Estados Unidos provea las herramientas para reestructurar de una manera ordenada la deuda pública del país de 70.000 millones de dólares.
"La unidad es un elemento fundamental para generar cambios en la sociedad, regreso a Washington junto a una delegación con un reclamo aún más sólido, producto del consenso advenido con los diversos sectores representativos del país", manifestó García Padilla previo a abordar el avión que lo conduciría a la nación norteña, a la que se encuentra subordinada Puerto Rico desde 1898.
García Padilla opinó que es hora de que el Congreso asuma una postura justa con los puertorriqueños para salir del atasco fiscal que tiene al borde de la bancarrota al Estado Libre Asociado (ELA), creado por Estados Unidos en 1952 para eludir sus responsabilidades en las Naciones Unidas.
Destacó que, siendo los puertorriqueños capaces de superar barreras ideológicas y puntos de contraste para hacer reclamos a los legisladores federales en Washington, esperan "una acción inmediata para atender la insolvencia del país".
Aseguró que aguardan por una legislación que respete las bases de un gobierno propio, en momentos en que el Congreso se dirige a crear una junta federal de control fiscal que devolvería a esta isla del Caribe a principios del siglo pasado, cuando estaba sujeto a las determinaciones de Washington para la administración de asuntos internos.
Para el mandatario es fundamental lograr acceso a un régimen de reestructuración amplio que permita al gobierno del ELA prestar servicios esenciales y proteger el bienestar de su población, por lo que cualquier acción del Congreso no puede ser impuesta de manera unilateral y debe contar con el respaldo del pueblo puertorriqueño.
"La delegación dejará clara su oposición a la forma de la junta de control fiscal según propuesta en el borrador de legislación presentado por el Comité de Recursos Naturales del Congreso", señaló el gobernante.
García Padilla advirtió que "una junta de supervisión fiscal puede ser aceptada en la medida en que respete los poderes de un sistema democrático, por esa razón es importante que cualquier mecanismo que se cree respete la democracia puertorriqueña".
La senadora María de Lourdes Santiago, candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, rechazó formar parte de lo que García Padilla denominó un "frente común" en Washington, porque considera una falacia hablar de democracia en Puerto Rico ante el dominio colonial que ejerce Estados Unidos.
Tampoco integró la delegación el candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Bernabe, tampoco accedió a integrarse al grupo porque considera que lo primero que hay que hacer es auditar la deuda para determinar su legalidad.
“La unidad es un elemento fundamental para generar cambios en la
sociedad. Es hora de que el Congreso asuma una postura justa con los
puertorriqueños”, expresó García Padilla en un comunicado de prensa
enviado por La Fortaleza o sede del Ejecutivo.
García Padilla hará el viaje a la capital estadounidense
junto a una delegación de representantes del sector privado, jefes de
agencia, alcaldes y candidatos a la Gobernación, pero cuyos nombres no
se revelaron.
“Por ello, siendo capaces de superar barreras ideológicas y puntos de
contraste, hoy regreso a Washington junto a una delegación, con un
reclamo aún más sólido, producto del consenso advenido con los diversos
sectores representativos del país”, resaltó el gobernador.
Enfatizó que la visita a Washington será para “reclamarle a los legisladores federales una acción inmediata para atender la insolvencia del país”
o incumplimiento de reservas que podría dar lugar a una intervención
judicial, “pero a su vez, una legislación que respete las bases de un
gobierno propio”.
El viaje de García Padilla se da un día después de este declarar un
“período de emergencia” para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el
brazo financiero de la Administración local, en aras de “proteger y
preservar” los servicios esenciales de los habitantes de la isla.
García Padilla añadió que “es fundamental” lograr acceso a un régimen
de reestructuración amplio que le permita al Gobierno local prestar
servicios esenciales y proteger el bienestar de su población.
Indicó, no obstante, que cualquier acción del Congreso no
puede ser impuesta unilateralmente, como es el caso de la junta de
control fiscal que EEUU pretende imponer sobre Puerto Rico, y debe
contar con el respaldo de los ciudadanos de la isla.
“La delegación dejará claro su oposición a la forma de la junta según
propuesta en el borrador de legislación presentado por el Comité de
Recursos Naturales del Congreso”, afirmó el gobernador de la isla, que
arrastra una deuda pública de más de 72.000 millones de dólares.
García Padilla ha insistido que esta deuda no podrá pagarse como estaba acordado y por ello pidió que el territorio pueda acogerse al Capítulo 9 de la ley de quiebras federal estadounidense.
La crisis económica en Puerto Rico ha abonado a que cada día una
media de 166 personas abandona la isla, con lo que en la última década
se ha perdido un 10 % de la población, que emigra a EEUU en busca de
mejores perspectivas.
El gobernador enfatizó que un frente común es esencial para instar al
Congreso a actuar de forma justa para con Puerto Rico. A su vez,
exhortó al país a que se mantenga unido en el mismo reclamo y juntos
lograr la recuperación fiscal y económica de la isla.
