lunes, 4 de febrero de 2019

Fallece en España el sacerdote carmelita Julián Vicente García, con 20 años de apostolado en Puerto Rico

MURCIA, España.- Hoy ha fallecido, a los 82 años, el sacerdote diocesano Julián Vicente García, en la Residencia Nuestra Señora de Fátima de Molina de Segura. Sus restos mortales están siendo velados en el Tanatorio de La Consolación de Molina y la misa de exequias, presidida por el obispo de Cartagena, se celebrará mañana en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Molina, a las 16:30 horas (cinco menos en San Juan de Puerto Rico).

Julián Vicente García nació en Molina (Murcia, diócesis de Cartagena) el 28 de febrero de 1937 y fue bautizado en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de su pueblo natal, el 9 de julio de 1939. Ingresó en el Seminario de los Carmelitas de Villarreal (Castellón) en enero de 1951, hasta el 25 de octubre de 1955, año en el que comenzó el noviciado en Caudete (Albacete). 
Realizó estudios de Filosofía en Onda (Castellón); de Teología en el Colegio Internacional de San Alberto de Roma; y de Derecho Canónico en la Facultad de Comillas, obteniendo en todas las especialidades el título de Bachillerato.
Fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1961, con dispensa del cuarto año de Teología, en la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Roma, por Mons. Alfonso M. Ungarelli, Obispo titular de Azuren.
En 1973 decide dejar la Orden, siendo acogido por Mons. Luis Aponte Martínez, Cardenal Arzobispo de San Juan de Puerto Rico, donde estuvo trabajando más de veinte años.
Aponte, nacido en Lajas, Puerto Rico, ha sido el único portorriqueño nombrado cardenal de la Iglesia católica. Fue Arzobispo de San Juan durante 34 años y cardenal elector en los dos cónclaves de 1978; estuvo presente en los preparativos del cónclave de 2005.

En Puerto Rico, la corte aprueba un acuerdo de reestructuración de deuda

NUEVA YORK.- Puerto Rico obtuvo la aprobación de la corte para su plan de reestructurar más de 17.000 millones de dólares en bonos de impuestos a las ventas, lo que representa un paso importante en el esfuerzo de la isla por reducir sus deudas masivas.

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Laura Taylor Swain aprobó la reestructuración y un acuerdo para dividir los ingresos por el impuesto a las ventas entre los tenedores de bonos y el gobierno central, lo cual ayudará a determinar cuánto de los ingresos estará disponible para otros acreedores importantes.
La reestructuración de los bonos de impuesto a las ventas, conocidos como Cofinas, sería la más grande que haya completado Puerto Rico, con lo que el país queda más cerca del final de la quiebra que comenzó en mayo de 2017 y libre para buscar un acuerdo similar con los propietarios de obligaciones generales. Los Cofinas y la deuda de obligación general constituyen aproximadamente la mitad de los 74.000 millones que la isla debe a los inversionistas.
La aprobación de la división de ingresos se produjo a pesar de los argumentos de los opositores que atacaron los términos del plan de reducción de deuda durante las audiencias judiciales, afirmando que era demasiado generoso con los tenedores de bonos o que no les daba suficiente. 
Miembros del público que no eran acreedores en el caso se quejaron de que no se estaba reservando suficiente dinero para los servicios gubernamentales.
Los términos del canje de deuda de Cofinas provocaron un repunte en el precio de los valores el año pasado, ya que permitirá a los inversionistas recuperar mucho más de lo que esperaban después del huracán que devastó el territorio en 2017.
Los tenedores de Cofinas sénior recibirán 93 centavos por dólar, mientras que los inversionistas de bajo riesgo recibirán 56 centavos, según cifras de Puerto Rico.
La finalización del acuerdo liberaría al tribunal para analizar una solicitud de la junta de supervisión federal de la isla de invalidar más de 6.000 millones en bonos de obligación general vendidos desde 2012. 
Esa medida podría prolongar la quiebra y alterar las negociaciones si los acreedores deciden impugnar la solicitud de la junta para declarar los bonos nulos y sin efecto.