martes, 29 de noviembre de 2016

Reclama gobernador a Washington medidas a favor de Puerto Rico

SAN JUAN.- El gobernador Alejandro García Padilla reclamó hoy en Washington medidas que fomenten el desarrollo económico de Puerto Rico, además de condiciones de paridad en la asignación de fondos médicos.

'Estamos prestos a culminar cuatro años donde hemos logrado sentar bases importantes para la recuperación económica y fiscal de Puerto Rico', dijo el mandatario a pesar de la deuda pública impagable de 68.000 millones de dólares.

García Padilla expresó que haber atendido el sombrío panorama de endeudamiento histórico del país ha sido un paso crucial en esta jornada.

'La labor conjunta que hemos llevado a cabo con la administración del presidente (Barack) Obama y el Congreso de Estados Unidos ha sido transcendental para devolverle el país a nuestras futuras generaciones', dijo el mandatario.

Reconoció que aún hay asuntos importantes que deben ser atendidos en aras de garantizar el camino trazado.

El mandatario sostendría reuniones con varios miembros del grupo de trabajo del Congreso creado bajo la legislación Promesa, que ha impuesto una junta de control fiscal al gobierno isleño.

La agenda del primer ejecutivo puertorriqueño incluyó un encuentro en Casa Blanca con el director de Asuntos Intergubernamentales, Jerry Abramson, a quien considera un aliado de su administración en esfuerzos para lograr la recuperación económica y fiscal de Puerto Rico.

García Padilla también participó de un conversatorio con los principales oficiales contributivos de empresas líderes de la industria farmacéutica y manufacturera dónde resaltó las ventajas competitivas del país.

Urgió a que estas compañías se unan al reclamo de su gobierno por mantener los actuales incentivos federales, y procurar otros que redunden en beneficios para ambas partes.

jueves, 24 de noviembre de 2016

Tocado por un escándalo el partido opositor boricua que ganó las elecciones

SAN JUAN.- El opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), que ganó las recientes elecciones generales, lo tocó hoy la corrupción, lo que provocó la dimisión de su comisionado electoral, Aníbal Vega Borges.

El gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares rehusó confirmar si solicitó la dimisión a Vega Borges, mas reconoció que la aceptó porque el PNP establecerá unos estándares altos de integridad en el desempeño de funciones públicas.

'Estamos ante un escenario fiscal bien serio que es prioritario y no vamos a desenfocarnos', expresó Rosselló Nevares sobre la situación surgida con Vega Borges, luego que sobre un centenar de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanara el centro de gobierno del municipio de Toa Baja, donde fue alcalde por los tres últimos cuatrienios.

El alcalde dejó el cargo seis meses antes de concluir su mandato tras perder las internas en el PNP, que lo reubicó como su principal funcionario ante la Comisión Estatal de Elecciones, donde ahora lo reemplaza la subcomisionada Norma Burgos.

Los agentes de la policía federal estadounidense no revelaron qué buscaban durante las más de nueve horas de requisa, aunque trascendió la confiscación de documentos en papel y electrónicos están relacionados con deudas al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos y con otras agencias federales, como el Seguro Social, y estatales.

Vega Borges hacía los descuentos a los empleados, tal como requiere la ley, pero no los remitía a las agencias correspondientes, mientras concedía contratos de hasta 15 mil dólares mensuales a algunos políticos amigos, tanto del PNP como del oficialista PPD.

El alcalde Jorge Ortiz Matías dijo que brindó el espacio necesario para los procedimientos que realizan las autoridades federales en el Centro de Gobierno de Toa Baja.

Vega Borges trató de distanciarse de la situación surgida, previo a dimitir como comisionado residente, pero el FBI confirmó que la investigación tiene que ver con su desempeño.

miércoles, 23 de noviembre de 2016

Senadora emplaza al gobernador de Puerto Rico al recuperar su libertad

SAN JUAN.- La senadora independentista María de Lourdes Santiago emplazó hoy, tras recuperar su libertad, al gobernador Alejandro García Padilla a prohibir el depósito de cenizas tóxicas en Puerto Rico.
 
'Reitero mi llamado al Gobernador de que enmiende la convocatoria a la sesión extraordinaria para incluir el proyecto del senado 340, acabar con el depósito de cenizas, para terminar con la generación de energía a base de la quema de carbón', expresó la senadora, vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Santiago, quien fue dejada en libertad por el tribunal de primera instancia en el municipio de Yauco (sur) hasta la audiencia del próximo 8 de diciembre, expresó que la generación de electricidad con carbón 'es una cosa muy primitiva porque el costo no puede ser la producción de 600 u 800.000 toneladas de cenizas al día, eso es algo inaceptable para el país', argumentó.

La senadora, quien fuera candidata a la gobernación por el PIP en las elecciones del pasado 8 de noviembre, fue arrestada en horas de la mañana cuando realizaba desobediencia civil en la entrada del vertedero privado de la empresa EC Waste, en la municipalidad de Peñuelas (sur).

Las cenizas tóxicas, que según estudios provoca una diversidad de alergias y hasta cáncer, provienen de la Applied Energy Systems (AES), en Guayama, que vende su producción a la estatal Autoridad de Energía Eléctrica.

Junto a la senadora del PIP fueron arrestadas unas 40 personas, que advirtieron que continuarán su lucha en contra del abuso de los políticos de los partidos Popular Democrático (PPD), de gobierno, y Nuevo Progresista (PNP), de oposición que ganó las recientes elecciones y que asumirá el control del país el próximo 2 de enero 2017.

El arresto de los manifestantes permitió que agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas franquearan la entrada al vertedero a medio centenar de camiones cargados de cenizas tóxicas, lo que originó reacciones de indignación en algunos de los vecinos de Peñuelas.

El alcalde de Peñuelas, Walter Torres Maldonado, manifestó que mantendrá la lucha a favor de su pueblo en diversos frentes, ya que en este momento mantiene acciones judiciales en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y en el tribunal federal en contra del depósito de cenizas.

'Nosotros estamos dando la batalla en todos los frentes, y no es cuestión de que yo esté aquí o no, porque si los vehículos del municipio están aquí para impedir el paso de los camiones con las cenizas, es porque yo di la orden', reaccionó el alcalde al ser cuestionado por algunos de los manifestantes.

La Legislatura Municipal aprobó una resolución prohibiendo el depósito de cenizas tóxicas en Peñuelas, más su aplicación está en suspenso debido a la intervención a favor de las corporaciones contaminadoras de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), que incumple de ese modo con su deber ministerial.

La JCA ha otorgado permiso a AES, EC Waste y los transportistas para el manejo y transportación de los desperdicios, que cataloga de no peligrosos, a pesar de las versiones en contrario de científico ambientalistas.

La senadora Santiago pidió al gobierno del PPD que apruebe su proyecto de ley, que está suscrito por el legislador oficialista Cirilo Tirado Rivera y que, además, ya cumplió con los trámites principales.

martes, 22 de noviembre de 2016

Emergencia en Puerto Rico a causa de las lluvias tiene ya 15,9 millones en pérdidas

SAN JUAN.- Las intensas lluvias que causaron pérdidas por 15,9 millones de dólares, aislaron comunidades y ocasionaron derrumbes, y obligaron hoy al gobierno de Puerto Rico a decretar un estado de emergencia.

Las pérdidas cuantificadas corresponden a casi 12 millones de dólares en la agricultura y los restantes a daños ocasionados a infraestructura pública y viviendas de comunidades pobres del centro del país.

La orden establece que se dará prioridad a los municipios más afectados por las precipitaciones, identificados como Utuado, Jayuya, Villalba, Ciales y Aduntas, en la región central montañosa del país.

Al menos 22 municipalidades han sufrido pérdidas en la agricultura, según la ministra Myrna Comas Pagán, quien estimó las pérdidas en 12,9 millones en las producciones de café, cuerdas sembradas de forraje, siembras de arroz y otros sectores como farináceos, frutas y vegetales.

Además de pérdidas por derrumbes en caminos y daños a los desagües.

El ministro de Estado, Víctor Suárez, en funciones de gobernador debido a que Alejandro García Padilla se encuentra en España, indicó que la orden ejecutiva permitirá la actuación de la Guardia Nacional, que prestará ayuda con maquinarias para remover tierra de deslizamientos.

La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead) coordinará las acciones ejecutivas y técnicas de planificación, mitigación, respuesta y recuperación para atender de forma integral la emergencia.

Como parte de la determinación, se dispone que todas las agencias y entidades gubernamentales colaboren con Aemead en la atención de esta crisis generada por las intensas lluvias caídas en las últimas semanas.

lunes, 21 de noviembre de 2016

Intensas lluvias causan estragos en la agricultura puertorriqueña

SAN JUAN.- Las intensas lluvias que han caído en Puerto Rico han ocasionado pérdidas 2,7 millones de dólares en la agricultura, confirmó hoy la ministra del ramo Myrna Comas Pagán.

Los municipios más afectados son San Germán y Hormigueros (suroeste), Utuado y Lares (centro) y Arecibo (norte).

La ministra Comas Pagán explicó que las lluvias perjudicaron cultivos que se dan en la zona montañosa, como el café, los farináceos y las hortalizas.

La funcionaria afirmó que las inundaciones también han perjudicado sobre cuatro mil hectáreas de pasto para ganado.

La infraestructura rural, como caminos y accesos, han sido obstaculizados por derrumbes y se ha limitado la entrada a las fincas agrícolas y ganaderas.

'Nuestros agrónomos de área se encuentran activados visitando fincas a través de toda la Isla', reveló Comas Pagán, quien afirmó que los daños ocasionados por las fuertes lluvias ascienden al momento a dos millones 671.000 dólares.

Expuso que el Ministerio de Agricultura agiliza los programas de incentivos que pueden ayudar a los cultivadores en la recuperación de sus fincas siempre y cuando se declare emergencia por el gobernador Alejandro García Padilla.

viernes, 18 de noviembre de 2016

La alcaldesa de San Juan dice que la junta fiscal actúa contra los puertorriqueños

SAN JUAN.- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, destacó el carácter colonial de la junta de control fiscal impuesta por Estados Unidos, que se reunió hoy por primera vez en Puerto Rico. 


'La junta de control fiscal sigue demostrando su intención de actuar en favor de los bonistas y en contra del pueblo puertorriqueño', expresó la ejecutiva capitalina, mientras protestaba debajo de la lluvia en el municipio de Fajardo (nordeste), donde se reunieron los siete miembros del organismo.

Es la primera vez, después de dos reuniones en Nueva York, que los integrantes de la entidad federal tienen un encuentro en este país, que está bajo asedio de los bonistas ante su imposibilidad de solventar la deuda pública de más de 68.000 millones de dólares.

Cruz Soto indicó que el carácter antidemocrático y colonial de la junta fiscal se sigue demostrando hoy, pues en esta tercera reunión tampoco ha habido espacio para hablar sobre reestructurar la deuda.

'Recordemos que cinco de sus siete miembros tienen que estar de acuerdo con la restructuración y ni siquiera se ha tocado el tema', reclamó.

La alcaldesa de la ciudad capital de esta isla del Caribe, quien acaba de revalidar al cargo con un sólido respaldo en las urnas a pesar de los ataques que le hicieron por su postura de confrontación con la junta, acusó a sus miembros de haberse reunido en la víspera, a escondidas y sin transparencia, en las oficinas de la Administración de Sistemas de Retiro.

El Sistema de Retiro de los empleados públicos puertorriqueños, al igual que el de los maestros, se encuentran afectados por lo que se teme que en los próximos dos años se queden sin liquidez.

Cruz Soto sostuvo que la agenda de los integrantes del organismo apunta a que serán los pensionados puertorriqueños 'los primeros en sufrir en carne propia la insensibilidad de aquellos que solo buscan saciar la sed de los bonistas'.

'El país debe despertar a la realidad de que esta junta no viene a ayudar, pues nada que nos arrebate la democracia ayuda; esta gente viene a actuar de agencia de cobro de los bonistas', subrayó.

Criticó el reclamo del gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), para que se detengan las acciones de la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

'Esto demuestra que él se rindió ante la realidad de que aquí manda la junta y que su actitud ante ellos solo será la de extender la mano para pedir ayuda', dijo al alcaldesa sobre Rosselló Nevares, quien asumirá las riendas del país el 2 de enero de 2017.

'El país debe despertar, y de manera pacífica y ordenada, unir esfuerzos para combatir esta junta colonial y antidemocrática que nada tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo', reiteró Cruz Soto, del ala soberanista del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD), que perdió el control de la gobernación y las cámaras legislativas.

La alcaldesa recordó a las autoridades que el pueblo tiene derecho a 'protestar por un acto de barbarie como lo es que esta junta nos arrebate el poco gobierno propio que teníamos'.

Pese a la lluvia repudian a la junta de control fiscal en Puerto Rico

SAN JUAN.- Frente a un extraordinario despliegue policial y bajo la lluvia, cientos de manifestantes repudiaron hoy a la junta de control fiscal, impuesta por Estados Unidos al gobierno de Puerto Rico, que sesionó en Fajardo (nordeste). 

 
La protesta en la entrada frontal del hotel El Conquistador provocó la activación de sobre 500 policías, que además vigilaban la zona por aire y mar para evitar la infiltración de elementos extraños a la lujosa hospedería turística ubicada de cara al océano Atlántico.

'Hay efectivos desplegados por aire, mar y tierra', dijo a los periodistas el coronel Orlando Meléndez, director de Operaciones de Campo de la Policía de Puerto Rico.

En horas tempranas hubo un incidente sin mayores consecuencias con los agentes, cuando impidieron a miembros de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA), encabezados por su presidente, Pedro Irene Maymí, que se estacionaran a orillas de la carretera.

Mientras, en el sector bancario de Hato Rey unos 60 del colectivo Se Acabaron las Promesas, en alusión a la legislación federal Promesa que busca garantizar el pago de la deuda pública de sobre 68.000 millones de dólares a los bonistas, ocuparon el séptimo piso del edificio MCS Plaza.

En el lugar están las oficinas de una aseguradora propiedad de José Carrión III, quien preside el organismo federal de siete miembros impuesto por Estados Unidos al gobierno de Puerto Rico, ante su bancarrota fiscal y su estancamiento económico.

La portavoz del Campamento contra la Junta de Control Fiscal, Shelimar Velázquez, expresó que los integrantes del organismo escogieron en hotel de Fajardo porque 'sienten que ese es un lugar seguro'.

'Sienten que ese es un lugar donde pueden garantizar que la reunión se dé de la manera más pausada posible', manifestó Velázquez.

Contrario a lo que en principio se esperaba, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García, no asistirá a este primer encuentro del organismo en la isla, mientras que el gobernante electo, Ricardo Rosselló, compareció en calidad de oyente.

La Coalición Sindical, el Partido del Pueblo Trabajador y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) se integraron a la protesta contra el organismo impuesto mediante Promesa, acrónimo en inglés de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico aprobada por el gobierno de Estados Unidos.

'La ley Promesa le establece una agenda muy clara a la junta y una meta perversa contra Puerto Rico: pagarle a los bonistas y a los fondos buitre con los recursos y presupuesto del gobierno de Puerto Rico', afirmó el copresidente del MINH, Héctor Pesquera Sevillano, que respondió a la convocatoria.

Para el dirigente del MINH la designación por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de los siete miembros de la junta constituye un acto dictatorial que atenta contra los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.

'Nuestro pueblo tiene el derecho, así como la obligación, de combatir con todos los recursos a su alcance esta junta extranjera que viene a empobrecernos aún más y a llevarse hasta los clavos de la cruz', dijo Pesquera Sevillano.

miércoles, 16 de noviembre de 2016

El Gobierno de Puerto Rico dice que no habrá liquidez en febrero para pagar la deuda

SAN JUAN.- El Gobierno de Puerto Rico advirtió de que en febrero próximo, cuando termina la moratoria que establece la Ley Promesa para que los acreedores puedan demandar al Estado Libre Asociado, no habrá liquidez en las arcas públicas para atender los vencimientos de deuda.

El presidente del Comité de Transición Saliente, el secretario de Estado Víctor Suárez, anunció la publicación hoy de un informe en el que se revelan datos sobre la crítica situación por la que atraviesan las finanzas públicas y que confirma que no se podrá pagar la deuda por falta de liquidez.
El documento señala que para febrero próximo las finanzas públicas presentarán un balance negativo de 2.200 millones de dólares.
La información, disponible en la dirección de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), se difunde tras las elecciones del pasado día 8 que dieron un cambio de Gobierno y a 48 horas de la celebración en la isla de la primera reunión de la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por el Congreso en Washington para atender el problema de la deuda.
"La crisis económica e insolvencia de Puerto Rico no es un secreto. Aunque es un hecho que aún trabajamos con los estados financieros auditados del último año, la información financiera que hemos hecho pública fue suficiente para que el Congreso actuara y brindaran a Puerto Rico las herramientas legales necesarias para una reestructuración de la deuda", dijo Suárez.
Agregó que esa información demuestra la necesidad de que la Junta de Supervisión Fiscal autorice acceder al Título 3 de la Ley Promesa para que Puerto Rico continúe cobijado por la moratoria de pago de deuda disponible a través de esa legislación.
El documento financiero detalla entre muchos otros datos que entre 2006 y 2014 la deuda de Puerto Rico aumentó en 29.000 millones de dólares.
El documento destaca que la crisis económica es responsable de que la población de la isla caribeña se haya reducido en un 9 % entre 2006 y 2015, hasta situarse en cerca de 3,5 millones de personas, a lo que se suma un desempleo cercano al 12 %.
Además, según el documento, el 46 % de la población de Puerto Rico se sitúa por debajo del nivel de la pobreza.
La falta de liquidez provocó que en 2016 el Gobierno de Puerto Rico declarara el impago a sus acreedores por valor de unos 1.400 millones de dólares.

viernes, 14 de octubre de 2016

Puerto Rico rechaza las medidas de austeridad y pide mantener las ayudas federales

NUEVA YORK.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, rechazó hoy medidas de austeridad que perjudiquen a la población y pidió que se mantengan todas las ayudas federales, durante su presentación ante la Junta de Supervisión del plan a 10 años para la economía de la isla.

García Padilla compareció en Nueva York ante los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad que creó la Ley Promesa aprobada por el Congreso en Washington para decidir la política fiscal y la deuda de Puerto Rico.
El jefe del Ejecutivo puertorriqueño entregó un plan fiscal -documento de más de 50 páginas- a la JSF que incluye siete puntos que deben ser la base para garantizar que se apliquen medidas de austeridad que no perjudiquen el crecimiento económico de la isla.
"El coste de la crisis no deben pagarlo los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico", dijo García Padilla a los miembros de la JSF, entidad que los próximos años se superpondrá al Ejecutivo local, que deberá dar cuenta de las medidas fiscales y financieras que adopte.
García Padilla resaltó que a pesar de que el Ejecutivo y los acreedores se pongan de acuerdo para la reestructuración de la deuda, seguirá siendo necesario el apoyo del Gobierno federal para evitar lo que, según catalogó, puede ser una crisis humanitaria ante la falta de fondos para pagar a los acreedores y prestar a la vez servicios básicos a la población.
Dijo que es necesaria la igualdad con el resto de los territorios de Estados Unidos en los fondos federales de Medicaid para personas con bajos ingresos.
El plan se basa en siete puntos que tratan de asegurar que las políticas de austeridad no perjudican la inversión, necesaria para mantener el crecimiento económico, por lo que pretende mantener la disciplina presupuestaria, la transparencia de las cuentas públicas y a la vez incentivar el crecimiento económico, para lo que se pide que sigan fluyendo fondos federales desde Washington.
El plan urge a que la JSF negocie con los acreedores, que gracias a la Ley Promesa temporalmente no recibirán por parte del Gobierno de la isla los pagos correspondientes a los vencimientos de deuda.
El plan advierte de que a finales de 2017 termina el flujo de los 1.200 millones de dólares que cada año se destinan a la isla a través de fondos por Medicaid, lo que crea ya incertidumbre.
García Padilla dijo que, según algunas proyecciones, si se perdieran las actuales ayudas federales para salud la deuda de Puerto Rico en 10 años puede ascender a 59.000 millones de dólares.
La ley Promesa fue aprobada ante la imposibilidad de que Puerto Rico de afrontar los vencimientos inmediatos de una deuda superior a 60.000 millones y establece el aplazamiento durante meses del pago a los acreedores, aunque a cambio instaura una Junta de Supervisión Fiscal que se sobrepone al Gobierno local.

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Confirman irregularidades en la Cámara de Diputados de Puerto Rico

SAN JUAN.- Una auditoría externa de la Cámara de Diputados de Puerto Rico confirmó hoy irregularidades en el contrato con la empresa 3Comm Global, que le costó el cargo a su presidente Jaime Perelló Borrás. 
 
De acuerdo con la información, la compañía del empresario Anaudi Hernández Pérez, recaudador del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), carecía de peritaje y los teléfonos instalados en la Cámara baja ni siquiera cumplían las especificaciones de rigor.

La auditoría realizada por la empresa Benchmark Technologies determinó que hubo irregularidades en la gestión de instalar un servicio de voz y un nuevo conmutador telefónico en ese cuerpo legislativo, para lo que 3Comm Global carecía de experiencia.

Perelló Borrás intervino de forma irregular en la concesión del contrato a la empresa de su amigo Hernández Pérez, quien formó parte de su comité de finanzas para la campaña electoral de 2012.

En el informe, que abarca desde febrero de 2013 a junio de 2015, se estableció que los principales ejecutores del contrato no estuvieron disponibles para facilitar la realización de la auditoría.

Aparte, no se efectuó un estudio de necesidad y, por tanto, no se ejecutó, ni hubo un informe con un plan de trabajo dirigido a los cambios del sistema de teléfono de la Cámara de Diputados, que hasta entonces funcionaba bien según han reconocido miembros del cuerpo.

El contrato a 3Comm Global, que superaba el cuarto de millón de dólares, se ejecutó de forma irregular, lo que desató un escándalo que llevó al presidente del oficialista PPD, candidato a la gobernación David Bernier, a solicitar a Perelló Borras que dejara la presidencia de la Cámara.

Actualmente, Hernández Pérez es el testigo principal de un juicio conducido por el tribunal federal de Puerto Rico, que ha colocado en una situación difícil al PPD.