SAN JUAN.- El gobernante Alejandro García Padilla consideró que la
legislación estadounidense Promesa brinda a Puerto Rico las herramientas
necesarias para la reestructuración de su deuda como antesala a la
recuperación económica.
"La situación fiscal de Puerto Rico ha estado en el escenario mundial
desde hace varios meses; es de conocimiento público que el país no puede
pagar la deuda de 70.000 millones de dólares que fue generada por
pasadas administraciones y sus acreedores, y por consiguiente, debe ser
reestructurada", expresó el mandatario.
García Padilla resaltó, como orador principal de la Quinta Conferencia Anual sobre Finanzas Municipales del Centro Hutchins de la Institución Brookings en Washington, que la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico trae consecuencias negativas en la vida de los puertorriqueños.
Especificó las circunstancias particulares que desató la crisis fiscal en la isla caribeña, a partir de la contracción en el sector industrial tras la eliminación paulatina por el Congreso federal de la Sección 936, que se prolongó por una década, hasta 2006.
El gobernante diferenció la crisis fiscal de Puerto Rico, que lo colocó al borde de la bancarrota, con las situaciones ocurridas en ciudades o estados de la nación norteña, que cuentan con herramientas provistas por el gobierno federal para facilitar su recuperación.
Esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde hace casi 118 años, atraviesa una de sus peores etapas en las últimas seis décadas, tras establecerse en 1953 el Estado Libre Asociado (ELA), hoy degradado por el Congreso con la legislación Promesa y la corte suprema federal con dos decisiones que le restaron su soberanía.
Pese a este panorama, García Padilla adujo que guiado por su política pública y su visión de un desarrollo económico sustentable para el país, Puerto Rico emprende un nuevo comienzo hacia la construcción de una sólida economía.
"Mi administración actuó con rapidez y adoptó de inmediato medidas de austeridad, recortando el presupuesto y reduciendo gastos", dijo.
Agregó que se retuvieron pagos de reintegros y cuentas por pagar a proveedores por más de dos mil millones de dólares.
"Esto ocasionó que perdiéramos crédito comercial y la capacidad de pagar las deudas, mas inhabilitados de poder declararnos en bancarrota, estábamos desprotegidos y sin capacidad para actuar responsablemente en una fecha crucial", manifestó García Padilla.
Ante ese escenario, el mandatario consideró que la legislación Promesa se convirtió en la única solución para la crisis fiscal de la isla y "las delicadas condiciones de vida que comenzó a experimentar la sociedad puertorriqueña".
Promesa impone al gobierno de Puerto Rico una junta de control fiscal de siete miembros, en la que el gobernador como octavo integrante tendrá una participación pasiva.
Para García Padilla la particular ley federal, que en la práctica representa una sindicatura, brinda las herramientas legales para completar una reestructuración de la deuda pública en beneficio del país y de los acreedores.
"Aunque no es una medida perfecta, ya que crea una junta de control fiscal que atenta contra la democracia de las instituciones del ELA, constituyó la única alternativa a la hora de elegir entre exponer al pueblo a la miseria o la intervención del gobierno federal en nuestra democracia", dijo García Padilla.
García Padilla resaltó, como orador principal de la Quinta Conferencia Anual sobre Finanzas Municipales del Centro Hutchins de la Institución Brookings en Washington, que la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico trae consecuencias negativas en la vida de los puertorriqueños.
Especificó las circunstancias particulares que desató la crisis fiscal en la isla caribeña, a partir de la contracción en el sector industrial tras la eliminación paulatina por el Congreso federal de la Sección 936, que se prolongó por una década, hasta 2006.
El gobernante diferenció la crisis fiscal de Puerto Rico, que lo colocó al borde de la bancarrota, con las situaciones ocurridas en ciudades o estados de la nación norteña, que cuentan con herramientas provistas por el gobierno federal para facilitar su recuperación.
Esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde hace casi 118 años, atraviesa una de sus peores etapas en las últimas seis décadas, tras establecerse en 1953 el Estado Libre Asociado (ELA), hoy degradado por el Congreso con la legislación Promesa y la corte suprema federal con dos decisiones que le restaron su soberanía.
Pese a este panorama, García Padilla adujo que guiado por su política pública y su visión de un desarrollo económico sustentable para el país, Puerto Rico emprende un nuevo comienzo hacia la construcción de una sólida economía.
"Mi administración actuó con rapidez y adoptó de inmediato medidas de austeridad, recortando el presupuesto y reduciendo gastos", dijo.
Agregó que se retuvieron pagos de reintegros y cuentas por pagar a proveedores por más de dos mil millones de dólares.
"Esto ocasionó que perdiéramos crédito comercial y la capacidad de pagar las deudas, mas inhabilitados de poder declararnos en bancarrota, estábamos desprotegidos y sin capacidad para actuar responsablemente en una fecha crucial", manifestó García Padilla.
Ante ese escenario, el mandatario consideró que la legislación Promesa se convirtió en la única solución para la crisis fiscal de la isla y "las delicadas condiciones de vida que comenzó a experimentar la sociedad puertorriqueña".
Promesa impone al gobierno de Puerto Rico una junta de control fiscal de siete miembros, en la que el gobernador como octavo integrante tendrá una participación pasiva.
Para García Padilla la particular ley federal, que en la práctica representa una sindicatura, brinda las herramientas legales para completar una reestructuración de la deuda pública en beneficio del país y de los acreedores.
"Aunque no es una medida perfecta, ya que crea una junta de control fiscal que atenta contra la democracia de las instituciones del ELA, constituyó la única alternativa a la hora de elegir entre exponer al pueblo a la miseria o la intervención del gobierno federal en nuestra democracia", dijo García Padilla.
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