WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó en una audiencia pública de "desoladora" la situación humanitaria que
vive Puerto Rico como consecuencia de su deuda de más de 72.000 millones
de dólares.
La "ecuación" de deuda pública y sus efectos humanitarios dejan
una "situación desoladora", afirmó el comisionado Enrique Gil Botero,
tras asistir a la exposición de organizaciones civiles de Puerto Rico,
así como de representantes del Gobierno de la isla y del Ejecutivo
federal de Estados Unidos.
La comisionada Margarette May Macaulay, que presidió la sesión,
ofreció a los gobiernos la posibilidad de que un equipo de la CIDH
visite la isla para evaluar la situación de crisis, propuesta que todas
las partes acogieron con entusiasmo.
El viaje todavía está pendiente de confirmación por parte de la
CIDH, que tendrá que considerar presupuesto y calendario, según aclaró la jamaicana May Macaulay, elegida hoy como segunda vicepresidenta
de la Comisión.
Los peticionarios, representantes de la sociedad civil
puertorriqueña, expusieron cómo la deuda pública ha conducido al recorte
de servicios públicos hasta el punto de mermar los derechos civiles y
humanos de los más de 3,5 millones de habitantes de la isla.
El "derecho a la educación, sanidad, justicia y vivienda", así
como la "transparencia" y el "acceso a la información" no están
garantizados en este momento en Puerto Rico, Estado Libre Asociado de
EEUU, resumió Osvaldo Burgos, del Comité Amplio para Búsqueda de
Equidad.
Además, el aumento de las diferencias entre clases ha dejado ya
al 46 % de la población bajo el umbral de la pobreza y mantiene el
salario medio congelado desde hace 12 años, a pesar de la inflación,
según los peticionarios.
Las solicitudes de los demandantes incluyeron "la moratoria del
pago de la deuda" y la dotación de "un instrumento democrático" para que
la sociedad civil participe de la búsqueda de la solución de la crisis
"que garantice los derechos civiles y humanos", sintetizó la abogada Ana
Irma Rivero, de la asociación "Vamos Puerto Rico".
"El estatus colonial de Puerto Rico limita las salidas", ya que
"si fuese estado soberano podría reestructurar su deuda", denunció el
demandante José Caraballo, del Centro de Información Censal-Asociación
de Economía Política.
La Ley federal de Quiebras estadounidense no considera a Puerto
Rico como un estado más de la unión norteamericana, y la Justicia
federal consideró inconstitucional la norma que el Gobierno local aprobó
para establecer su propio mecanismo de bancarrota.
El Gobierno federal de Estados Unidos se reserva el control de la
moneda, la inmigración, aduanas y defensa, entre otros apartados, a
pesar de que Puerto Rico cuenta con Constitución propia y conserva
cierto grado de autonomía.
Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico,
Jesús Manuel Ortiz, afirmó que se "une a la petición de las
organizaciones" en cuanto a "pedir ayuda y apoyo a la CIDH".
Como representante del Gobierno local, Ortiz defendió la
necesidad de las medidas de recortes tomadas por el Ejecutivo de la isla
y señaló la inacción del Gobierno de EEUU.
A su vez, el representante de la misión de Estados Unidos en la
Organización de Estados Americanos (OEA), Michael J. Fitzpatrick, dijo
que "el Gobierno federal ya ha admitido su responsabilidad y ya ha
invertido para aumentar la competitividad" de la isla.
A pesar de que Fitzpatrick reconoció que las medidas de recortes
de presupuesto "no son sostenibles en el largo plazo", señaló que "sólo
el Congreso puede proveer de las herramientas necesarias" mediante la
promulgación de una ley apropiada.
Ante las exposiciones de ambas partes, la comisionada Margarette
May Macaulay consideró que el de Puerto Rico es un "problema muy serio y
preocupante" en el que la Comisión "deberá trabajar mucho".
El comisionario Paulo Vannuhi celebró que peticionarios y estados
coincidieran en la descripción de los hechos como "buen punto de
partida" para buscar la solución.
Tras la audiencia de la Comisión, los representantes de las
organizaciones civiles de Puerto Rico acudieron a una reunión privada
con el asesor del Departamento del Tesoro de EEUU Antonio Weiss.
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