SAN JUAN.- El gobierno puertorriqueño está abocado a
un déficit operacional de 58,7 mil millones de dólares a 2026,
reconoció hoy la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal
(Aafaf) de Puerto Rico.
La entidad proveyó datos sobre ingresos y egresos operacionales del Estado Libre Asociado (ELA) por los pasados ocho años fiscales, lo que arroja un cuadro de trastorno fiscal.
Las proyecciones fiscales preparadas por el Grupo de Trabajo en octubre pasado, parten de ciertas suposiciones, incluida la falta de acceso al mercado para la financiación de terceros y sin incluir el impacto de los cambios federal en las leyes y políticas económicas.
A esto se une la necesidad de que la junta de control fiscal, impuesta por Washington mediante la legislación Promesa, autorice a acceder al título 3 de esa ley antes de que el gobierno quede desprotegido de la moratoria disponible hasta febrero próximo.
'De esta forma, se puede completar una reestructuración que permita un nivel de deuda sostenible', afirmó el ministro de Estado, Víctor Suárez Meléndez, quien a su vez es director de la Aafaf.
Puerto Rico tiene una deuda pública que ronda los 70.000 millones de dólares, la que el gobernador Alejandro García Padilla ha advertido que es impagable a menos que se prive al pueblo puertorriqueño de servicios esenciales.
El informe Aafaf detalla los estimados de ingresos y gastos para el año fiscal 2017, la situación de casi insuficiencia de los Sistemas de Retiro y los temas relacionados con la deuda pública del gobierno central y sus corporaciones, además de la cantidad de deuda emitida, el servicio de deuda anual y los pagos que no se han realizado.
'La transparencia y acceso a la información financiera ha sido parte de la política pública de nuestra administración desde el día uno', alegó el ministro de Estado en declaraciones escritas.
Suárez Meléndez sostuvo que la crisis económica e insolvencia de Puerto Rico no es un secreto, por lo que la publicación de este informe es un ejemplo adicional sobre sus esfuerzos en hacer disponible información financiera, más que cualquier otra administración en la historia.
Destacó que las herramientas legales necesarias para una reestructuración de la deuda que le fueron otorgadas a Puerto Rico por el Congreso y el presidente de Estados Unidos, tomaron en cuenta la publicación de información detallada sobre la situación actual de esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes.
Urgió a tomar pasos afirmativos para atender la crisis fiscal utilizando los remedios que provee la legislación federal Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.
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