SAN JUAN.- El 54 por ciento de los puertorriqueños se opone, según un sondeo
divulgado hoy, al establecimiento por Estados Unidos de una junta de
supervisión fiscal para manejar los asuntos de Puerto Rico.
Mientras, el 46 por ciento se mostró a favor del mecanismo que forma
parte de una legislación con las irónicas siglas en inglés Promesa
(Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act), el cual
despoja a esta isla de los pocos poderes autonómicos que tenía su
gobierno bajo el Estado Libre Asociado (ELA), creado en 1952.
Esta mayoría de ocho puntos está por encima del margen de error de la muestra completa, estimado por el diario El Nuevo Día, que comisionó el sondeo, en más o menos 4,4 por ciento.
Según la publicación, la legislación de la Cámara de Representantes estadounidense, que ahora deberá ser atendida por el Senado federal, tiene un rechazo mayoritario entre personas de diversas edades y residentes en distintos puntos geográficos del país, aunque el repudio es mayor en los habitantes del área metropolitana de San Juan.
Se indicó que se tomó una muestra representativa de 500 personas, con 18 años o más elegibles para votar, y que cubrieron 76 de las 78 demarcaciones geográficas del país, con excepción de las islas municipios de Vieques y Culebra.
La junta de control federal es un mecanismo que, junto con determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, echa por tierra la concepción de gobierno propio autónomo que se proyecto con el ELA.
La situación surge cuando Puerto Rico se encuentra al borde de la bancarrota con una deuda de 70.000 millones y próximo a incurrir en un nuevo impago el 1 de julio, ya que carece de mecanismos legales para renegociar con los acreedores, según la determinación de la corte suprema norteamericana.
La ley Promesa, que el presidente Barack Obama se ha comprometido a firmar, se torna en el único mecanismo para que Puerto Rico pueda renegociar con los acreedores.
Según analistas, esta legislación garantiza en la práctica el recobro de la monumental deuda pública de la isla sin importar los sacrificios a que se someta al pueblo puertorriqueño.
Esta mayoría de ocho puntos está por encima del margen de error de la muestra completa, estimado por el diario El Nuevo Día, que comisionó el sondeo, en más o menos 4,4 por ciento.
Según la publicación, la legislación de la Cámara de Representantes estadounidense, que ahora deberá ser atendida por el Senado federal, tiene un rechazo mayoritario entre personas de diversas edades y residentes en distintos puntos geográficos del país, aunque el repudio es mayor en los habitantes del área metropolitana de San Juan.
Se indicó que se tomó una muestra representativa de 500 personas, con 18 años o más elegibles para votar, y que cubrieron 76 de las 78 demarcaciones geográficas del país, con excepción de las islas municipios de Vieques y Culebra.
La junta de control federal es un mecanismo que, junto con determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, echa por tierra la concepción de gobierno propio autónomo que se proyecto con el ELA.
La situación surge cuando Puerto Rico se encuentra al borde de la bancarrota con una deuda de 70.000 millones y próximo a incurrir en un nuevo impago el 1 de julio, ya que carece de mecanismos legales para renegociar con los acreedores, según la determinación de la corte suprema norteamericana.
La ley Promesa, que el presidente Barack Obama se ha comprometido a firmar, se torna en el único mecanismo para que Puerto Rico pueda renegociar con los acreedores.
Según analistas, esta legislación garantiza en la práctica el recobro de la monumental deuda pública de la isla sin importar los sacrificios a que se someta al pueblo puertorriqueño.
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