lunes, 13 de junio de 2016

El Supremo de EE.UU. da un nuevo golpe contra el estatus político de Puerto Rico

SAN JUAN.- La declaración de inconstitucional por el Tribunal Supremo de EE.UU. de la ley con la que Puerto Rico pretendía facilitar la quiebra las empresas públicas de la isla fue recibida hoy en la isla como un nuevo golpe para quienes aún defienden el actual estatus político puertorriqueño.

"Esto no deja de ser un golpe para lo que establecieron EE.UU. y Puerto Rico ante la comunidad internacional en 1953", dijo hoy el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en referencia al momento en que la ONU reconoció el Gobierno de la isla y eximió a EE.UU. de rendir informes sobre el progreso de Puerto Rico hacia un gobierno autónomo.
"Quien fue allí a decir que Puerto Rico tenía pleno Gobierno propio, al nivel de un estado, fue EE.UU. Nosotros no le mentimos a la Comunidad de Naciones. Lo que está diciendo la posición actual del Gobierno de EE.UU. es que ellos se están retractando de lo que dijeron entonces", añadió el mandatario en una rueda de prensa.
García Padilla reaccionó así ante la decisión de hoy del Supremo federal de invalidar la ley que él mismo impulsó en 2014 para establecer un proceso local de bancarrota similar al que la Ley federal de Quiebras establece para el resto de los Estados de EE.UU. y de la que Puerto Rico fue excluido en 1984.
Los jueces establecieron que la gestión de las quiebras de las entidades públicas de EE.UU. recae sobre el Congreso federal y que Puerto Rico no tiene autoridad para reestructurar su deuda bajo un régimen paralelo.
Al igual que otras reputadas voces de la isla, el gobernador sostiene que Estados Unidos ha cambiado de postura sobre Puerto Rico y ha desenmascarado su aproximación colonialista hacia la isla, algo que dijo estar dispuesto a defender en el Comité de Descolonización de la ONU que se reunirá el 20 de junio.
El aspirante a sucederle en el cargo a partir de las elecciones de noviembre, David Bernier, también considera que la decisión del Supremo, contra la que ya no cabe recurso alguno, sobre la conocida como Ley de Quiebra Criolla "reafirma la necesidad de aclarar los contornos de la relación entre Puerto Rico y EE.UU.".
Conviene aclarar los términos de esa relación, dijo, "para que el presente y el futuro de nuestra economía y nuestra gobernanza no esté sujeto a ambigüedades interpretativas".
"Más allá de los debates jurídicos o ideológicos, el país necesita estabilidad y bases firmes para que podamos enfrentar unidos la crisis económica y así poder reemprender la ruta del desarrollo y la prosperidad", defendió el también presidente del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), un partido que basa su existencia en la defensa del estatus político de la isla como un Estado Libre Asociado.
Efectivamente, la decisión del Supremo supone un nuevo varapalo para quienes defienden la autonomía de Puerto Rico, ya que viene a insistir en que su soberanía reside en Washington y que la última fuente de poder sobre la isla es el Congreso estadounidense.
Este golpe llega tan sólo unos días después de que la semana pasada el Supremo emitiera otra sentencia en el mismo sentido, en este caso relativa a la soberanía jurídica de la isla, al negarle el derecho a juzgar a una persona que ya hubiera sido juzgada por la Justicia federal por los mismos delitos.
El secretario del Departamento local de Justicia, César Miranda, junto a Margarita Mercado Echegaray, procuradora general,se reconoció hoy "sorprendido" ante una decisión que, en su opinión, deja absolutamente desvalida a la isla para lidiar con la deuda que acumulan sus entidades públicas.
"Presentamos este caso ante el Tribunal Supremo de EE.UU. porque estábamos y estamos absolutamente convencidos de que es jurídicamente imposible que se dejara a Puerto Rico en una total indefensión con relación al tema de la reestructuración de su deuda", argumentó Miranda.
Según dijo en un comunicado, "no hay precedente en el sistema de justicia americano en el que se haya dejado desprovisto de un recurso de reestructuración a ningún estado de EE.UU.".
"Es inexplicable el que se acepte como correcta la exclusión en el 1984 de la protección del Código Federal de Quiebras sin que medie en el récord legislativo la más mínima expresión de por qué se hizo", afirmó.

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