miércoles, 25 de mayo de 2016

El presidente del Senado afirma que EE.UU. golpeará a pobres puertorriqueños

SAN JUAN.- El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, aseguró que la junta federal de control fiscal que aprobará el Congreso de Estados Unidos tiene un carácter antidemocrático y empobrecerá a los puertorriqueños.

 "La imposición de una junta de control fiscal no electa con enormes poderes administrativos y financieros sobre Puerto Rico atenta contra los valores democráticos que hemos aspirado desde tiempos inmemorables: la libertad, el gobierno propio, la dignidad y la igualdad ante la Ley", manifestó desde Washington.

El Congreso federal impulsa la aprobación de la legislación HR 5278, conocido como Promesa por sus siglas en inglés, que establece la junta, por lo que aprovechó para expresar "mi férrea oposición a la última versión del proyecto".

Bhatia, del sector conservador del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), reconoció que la medida representa "otro ejemplo del fracaso del Congreso de Estados Unidos en buscar soluciones a tono con el contexto y las circunstancias de la crisis en nuestra isla".

"En el pasado hemos tomado decisiones imprecisas que nos han llevado al punto en que estamos", reconoció a la vez que no dijo que aun así los problemas "sean exclusivamente resultado de nuestros errores" sin excusar de las suyas al Congreso.

El gobierno propio de Puerto Rico, desde 1952 estado libre asociado (ELA) a Estados Unidos, que lo invadió en 1898, quedará reducido a los designios de la junta federal, que lo devolverá a una relación similar a la existente a principios del siglo pasado, con la excepción de la ciudadanía estadounidense impuesta en 1917.

"Una junta de control fiscal no va a solucionar problemas fundamentales como el nivel de pobreza, al contrario, el mandato es quitarle más dinero a los más pobre y empeorar una economía en ruinas", aseveró Bhatia, quien llamó a luchar para que los senadores de Estados Unidos se opongan al proyecto que se encamina en la Cámara de Representantes.

La junta tendrá poderes como para decidir la distribución de los fondos públicos del gobierno puertorriqueño, dando prioridad al pago de la deuda de 70.000 millones de dólares con los bonistas de Wall Street.

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