SAN JUAN.- El Gobierno de Puerto Rico prepara un nuevo presupuesto para el año
fiscal que comienza el 1 de julio, pese a la multitud de voces que
abogaban por mantener el actual a la espera de que Washington habilite
algún tipo de ayuda o sistema de control para sacarlo de la situación de
quiebra en que se encuentra.
En unas declaraciones escritas, el
gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, confirmó que
está "próximo a presentar el presupuesto (del ejercicio fiscal 2017)
ante la Legislatura", que deberá aprobarlo.
"Nos encontramos ante
una coyuntura histórica compleja donde tenemos que tomar como única
consideración el bienestar de los puertorriqueños", dijo al respecto
desde Nueva York, a donde viajó para tratar de impulsar las
negociaciones con los acreedores.
Según dijo, "el presupuesto se
está trabajando de forma responsable y 'comprensiva' (completa, en
detalle) para permitir que se continúen brindando servicios a la
ciudadanía".
"No es una circunstancia típica. Es una realidad
histórica única", apuntó igualmente en referencia a la excepcional
situación en que se encuentra Puerto Rico, que el pasado 1 de mayo
incurrió en su primer impago masivo de deuda y que el 1 de julio -justo
cuando tendría que entrar en vigor el nuevo presupuesto- previsiblemente
tendrá otro impago mucho mayor aún.
Además, los vencimientos de
julio rondan los 2.000 millones de dólares, de los que 700 millones se
corresponden con Obligaciones Generales, un tipo de bono cuyo pago está
garantizado por la Constitución, donde se dice expresamente que su abono
tendrá prioridad sobre cualquier otro gasto.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara
de Representantes de la isla, Rafael Hernández Montañez, ha amenazado
con vetar el presupuesto del próximo año si éste no incluye
disposiciones para el pago de las Obligaciones Generales.
"Las
medidas se están trabajando y serán remitidas pronto para que la
Legislatura pueda descargar su responsabilidad y contribuir en las
causas del país", dijo hoy el gobernador sin ofrecer más detalles.
Estas
declaraciones confirman, por un lado, que el Gobierno no ha desistido
de presentar un presupuesto y, por otro, que a falta de menos de dos
meses aún no lo tiene listo.
En este periodo Puerto Rico confía en
que Estados Unidos logre consensuar algún tipo de ayuda para la isla.
El Gobierno puertorriqueño quiere que se le permita declararse en
quiebra bajo el paraguas de la legislación federal, para evitar litigios
en los tribunales derivados de sus impagos.
Sin embargo, los
legisladores federales no están dispuestos a esto y abogan más por
imponer el control de una junta externa que supervise las gestiones del
Gobierno y arreglar la maltrecha economía, que acumula una década en
recesión.
Aunque el Gobierno local se opone a la imposición de esa
junta de control fiscal, también son muchas las voces en la isla -sobre
todo desde el ámbito empresarial- que la dan por hecho y que creen
incluso que es la única manera de enderezar las cuentas.
Entre los
que apoyan esa junta está el principal grupo local de medios de
comunicación, GFR Media, que tiene intereses en otros sectores
económicos y que controla los mayores diarios de la isla, incluido El
Nuevo Día, donde hoy se publica un editorial titulado "Es necesaria ya
la Junta de Supervisión Fiscal".
Desde hace semanas el diario más leído de la isla está mostrando su
apoyo a esta iniciativa que "reestructure la deuda de 70.000 millones de
dólares y 'viabilice' (canalice) los incentivos que encaminen la
recuperación de la salud de las arcas gubernamentales y el desarrollo
económico local".
Para este diario, la polémica generada en torno a
la presentación del presupuesto, la amenaza del gobernador de vetar las
enmiendas a la Ley de Moratoria y la ausencia de estados financieros
auditados de ejercicios anteriores "retratan con elocuencia la necesidad
de crear una Junta de Supervisión Fiscal federal que dirija los asuntos
presupuestales (presupuestarios) y fiscales de la Isla".
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